La representación legal de Villafuel se ha dirigido al Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, que investiga la causa Hidrocarburos por el impago de 182 millones de IVA a Hacienda, para reclamar varias diligencias de prueba que podrían contribuir a la defensa de esta empresa acusada en la investigación de ser la empresa central sobre la que versa toda la trama y que se habrían perdido por la pérdida de correos por parte de la gestoría informática de Villafuel.
La Audiencia ya denegó el 6 de junio de 2025, varias diligencias como pedir a las empresas con las que trabajaba Villafuel que acreditaran mediante facturas y comunicaciones todo el trabajo realizado por la mercantil y que ellos podían acreditar por el extravío de los correos de Villafuel durante la causa. Por eso ahora reclama en recurso de reforma y subsidiario de apelación que se soliciten por vía judicial esos correos a otras empresas que tuvieron relación con Villafuel.
Dice el abogado de Villafuel que el juez basa su negativa a pedir esa información en el informe de la Fiscalía que recoge que «ha de estarse al examen y análisis de la documentación intervenida en las entradas y registros (en el que pude hallarse la documentación solicitada), y ello sin perjuicio de que la solicitante pueda aportarla si lo tuviere».
El problema para el abogado es que la resolución del juzgado «vulnera derechos fundamentales
consagrados en el artículo 24 de la Constitución Española, en tanto que impide injustificadamente a esta parte ejercitar su derecho de defensa y a valerse de los medios de prueba pertinentes».
El letrado de Villafuel argumenta que «las diligencias de pruebas solicitadas por esta representación se refieren a la necesidad de recabar los informes que han sido emitidos por distintas personas físicas y jurídicas, contratadas por Villafuel SL, bajo su asesoramiento, en sus vertiente tanto económica, financiera, legal y tributaria, para acreditar el cumplimiento de sus
obligaciones en el desarrollo de su actividad empresarial y comercial. Sin embargo, nuestra solicitud se extiende, no sólo a los informes emitidos, sino a otras diligencias complementarias, pertinentes e imprescindibles para esta defensa, omitidos en la resolución recurrida».
PIDEN PRUEBAS DE LA DEFENSA
Luego enumera las «hojas de encargo, presupuestos y contratos firmados con Villafuel, SL, así como cualquier documentación contractual generada durante su relación contractual. Los informes, consultas y documentos emitidos, incluyendo todo el soporte documental que ha servido de base para su elaboración. Todas las facturas emitidas a la entidad VILLAFUEL, S.L. por los servicios prestados, incluyendo el objeto de servicio y todos sus conceptos. Identificación de los responsables de departamento, así como de toda persona que haya colaborado o tenido conocimiento en la redacción y emisión de los informes, consultas y documentos emitidos».
Lo que viene a decir el abogado de Villafuel es que María Luisa Rivas, administradora única de Villafuel, no posee documentación para poder defender su actuación al frente de la compañía ya que le fue negado el acceso a los mails de la propia sociedad cuando fue detenida en el marco de la instrucción y por eso pide la copia de los mails que deben ser guardados por las empresas contratadas por Villafuel para su gestión.
Sin embargo, sostiene la representación letrada de Villafuel que «dichos documentos resultan imprescindibles para acreditar que las operaciones cuestionadas fueron objeto de análisis jurídico y contaron con asesoramiento profesional, lo cual es relevante en esta instrucción».
«En estas circunstancias, las diligencias de prueba solicitadas, ahora denegadas, vienen a configurarse como una prueba imprescindible para esta defensa y para el esclarecimiento de los hechos investigados, en la necesidad, como decimos, de recabar los informes y los hechos que rodearon, una fase inicial de preparación previa así como las personas que participaron en este asesoramiento, y una fase posterior que se centra en la emisión de los informes y los firmantes los mismos. Para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones en el período objeto de investigación», continúa el recurso presentado.
Esto es así porque «se da la especial circunstancia que mi representada sólo ha podido acceder a los correos electrónicos de “@villafuel.es” desde el mes de noviembre de 2024, ha solicitado una copia de sus servidores a los proveedores de servicios informáticos, y estos no solo no han entregado la copia solicitada sino que han cortado el servicio a mi representada. A efectos acreditativos acompañamos los correos electrónicos intercambiados como documento núm. 1. Esta situación impide incluso que pueda aportar directamente parte de la documentación solicitada, lo que refuerza la necesidad de que se recabe por la vía judicial».
VILLAFUEL YA PIDIÓ ACCESO A LOS SERVIDORES
Hay que recordar que el pasado mes de abril de 2025 el juez Santiago Pedraz, del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional e instructor de la Causa Hidrocarburos en la que se investiga entre otros al empresario Víctor de Aldama, Claudio Rivas y su hermana María Luisa Rivas, dictaba dos providencias recogiendo las quejas de los proveedores de sistemas informáticos de Villafuel, la empresa en medio de la trama del fraude de 180 millones de euros en el IVA, porque «no deja de escribirnos y llamarnos solicitándonos que les demos acceso a los servidores», algo que tienen prohibido por la Guardia Civil.
La primera providencia de la causa Hidrocarburos recoge que empresa en dirigirse a Pedraz fue Emibin Consulting con un mensaje vía mail: «Buenos días… El 07/10/2024 recibimos por parte de la Guardia Civil la orden de cortar los servicios asociados a Villafuel SL, María Luisa Ruiz-Capillas» y añaden que «se procedieron a realizar dichas actuaciones, así como a colaborar con la Guardia Civil en todas sus necesidades para que pudieran realizar el trabajo de la forma más satisfactoria».
Pero, ahora viene la queja que arrojaba un dato sorprendente para la investigación, «desde enero, el cliente (Villafuel/María Luisa) no para de contactar con nosotros realizando preguntas de si están sus datos, de que necesitas acceso, etc… En ningún caso, se le ha contestado, pero esto sólo ha provocado que sea todavía más insistente».
Los responsables de la empresa informática hace una consulta al juzgado: «Me gustaría saber si, por favor, el bloqueo sigue activo, si nos podrían notificar cuando deje de estarlo, o como debemos abordar dicha situación, ya que nos genera mucho malestar e incomodidad al respecto». En realidad, Rivas solo intentaba acceder a información para poder defenderse, como ahora acredita su abogado.
EL JUEZ PIDIÓ INFORMES A LAS PARTES
El juez trasladó ese mail a las partes y a la Fiscalía para que se pronunciasen sobre el tema e informasen si lo estiman oportuno. También podían solicitar diligencias al respecto.
Pero no es el único mail sorprendente que recibía el juzgado. El 2 de abril el juez Pedraz dictaba una nueva providencia «dando cuenta del correo electrónico recibido del gerente de la consultora de servicios informáticos Inisoft» con el siguiente contenido: «Buenos días. El 18 de septiembre de 2023 recibimos un requerimiento de Hacienda con número de expediente (…) en el que se nos instaba a proporcionar copias de la información y/o copias de seguridad de la empresa Villafuel SL, a la que proporcionábamos servicios informáticos. Nosotros les respondimos que lo teníamos subcontratado con la empresa Emibin Consulting SL».
Pero, «a raíz de dicha información en octubre de 2024 les solicitaron la información a Emibin indicándoles, además, que debían cortar los servicios a Villafuel y que debían mantener secreto. Desde hace un par de meses María Luisa Rivas Ruiz-Capillas que era nuestra interlocutora en Villafuel, no deja de escribirnos y llamarnos solicitándonos que les demos acceso a los servidores. La situación se está haciendo agobiante por la insistencia».
Y pregunta que «necesitaríamos saber en qué situación nos encontramos y si disponemos de autorización por su parte para atender las demandas de María Luisa». Al igual que con el anterior mail el juez pide a las partes que se pronuncien sobre estos hechos.
RIVAS SEÑALADA POR LA UCO
La UCO pone en sus informes a María Luisa Rivas en un segundo escalón o subdirección de la trama, por debajo de su hermano Claudio Rivas y el empresario Víctor Gonzalo de Aldama a quienes pone en la cúspide de la misma.
Los agentes de la Guardia Civil redactaron en su informe que Marisa Rivas figura en la sociedad «Still Growing en calidad de administradora única desde el día 25 de agosto de 2021. Se trata de la empresa matriz de la estructura societaria, propietaria de VILLAFUEL SL en el periodo que abarca del 18 de enero de 2021 a la actualidad. Cabe destacar que, en el periodo que abarca el día 15 de abril de 2021 al día 25 de agosto de 2021 figura como Administrador único su hermano Claudio RIVAS. El día 30 de diciembre de 2020, la mercantil adquiere a Claudio Rivas participaciones 16 por importe de 5.000,00 euros de la mercantil portuguesa EF Iber Combustiveis Distribucao de Produtos Petroliferos Unipessoal».
Durante su declaración, de apenas 10 minutos, la empresaria negó cualquier irregularidad en el negocio que administraba y echó la culpa de los problemas con Hacienda a que «tuvimos una errata pero la corregimos y nuestros clientes no lo hicieron bien con Hacienda y tenían deudas que exigían pagar a Villafuel, que fuéramos subsidiarios de esas deudas».
