La Fiscalía Europea (EPPO) ha concluido tras 14 meses la investigación sobre la financiación con fondos europeos de al menos tres contratos otorgados por Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés cuyas cartas de recomendación firmó Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, lo que dio pie a la apertura del conocido como Caso Begoña Gómez. La fiscalía Europea cree que hay base para acusar a Barrabés y a un directivo de Red.es por apropiación indebida, tráfico de influencias y prevaricación.
Durante estos meses, la Fiscalía Europea ha revisado la adjudicación de varios contratos para el desarrollo de actividades de formación, financiados por el Fondo Social Europeo. Este tiempo ha servido para que los tres fiscales españoles adscritos a la Fiscalía Europea trabajasen en tomar declaraciones a testigos y analizar documentos recabados en diferentes instituciones y organismos españoles y comunitarios.
El 30 de mayo se levantó el secreto de sumario y la Fiscalía llamó a declarar a Barrabés y al directivo de Red.es como imputados. Estos tres contratos quedaron fuera de la investigación llevada a cabo por el juez Juan Carlos Peinado, del juzgado de Instrucción 41 de Madrid, por decisión de la Audiencia Provincial al decretar que los contratos adjudicados para la capacitación en economía digital, en formato de cursillos a jóvenes desempleados, habían sido financiados en su totalidad con fondos de la UE y que por tanto eran competencia de Bruselas decidir sobre las denuncias respecto a ellos.
Desde Hazte Oír (HO), que ejerce una de las acusaciones populares en el Caso Begoña Gómez, ya han interpuesto denuncia ante la Fiscalía Europea. HO denunció el 6 de abril de 2024 las presuntas irregularidades de dichos contratos ante la EPPO y entonces «ya solicitó personarse en el caso pero, por la estructura y sistema de la EPPO no fue posible», explican desde HO.
En abril de 2024 se conoció que la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había firmado dos cartas de recomendación a una UTE de la que formaba parte el Grupo Barrabés, que se había adjudicado tres lotes de un contrato por 10,2 millones de euros de Red.es, tras superar al resto de licitadores en los criterios subjetivos.
Hace una semana Hacienda dijo al juez de Instrucción número 41 que la licitadora Red.es infló los criterios subjetivos en estos contratos. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) destacaba que la valoración que hizo de cada empresa aspirante en principio otorgaba un 60% al precio ofrecido y un 40% a «criterios dependientes de un juicio de valor». Sin embargo, al analizar la fórmula que utilizaron para fijar esos porcentajes, concluía que los criterios subjetivos en realidad tenían mayor peso que el precio.
En vez de hacer que esa valoración cayese en un comité de expertos debido al peso total en la adjudicación, Red.es omitió este paso, ya que la mayoría de estas funciones se delegaron en el director general de la empresa pública.
