La última semana ha sido intensa en el Tribunal Supremo, pero también en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que incluso ha pedido agentes y cabos para que se incorporen a esta unidad a partir del mes de septiembre. El trabajo que les queda por hacer es todavía muy extenso. Además de los últimos 11 registros del caso relacionados con Santos Cerdán, Ábalos y cinco empresas la UCO todavía tiene que analizar dispositivos electrónicos encontrados en anteriores registros. Sólo los de Cerdán suman 59.
Al menos varios informes tienen el sello de «urgente». El primero de ellos es una petición realizada en febrero sobre los mensajes intercambiados entre los ya investigados de entonces, Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García y Ángel Víctor Torres, anterior presidente canario y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática «o subordinados de éste», así como «con cualquier otra persona aforada ante este Tribunal Supremo», lo que abre un extenso abanico de posibilidades. Este documento podría poner al descubierto las relaciones reales del ministro Torres con algunos miembros de la trama.
PATRIMONIO DE ÁBALOS AMPLIADO
El segundo informe y al parecer también el más avanzado tiene que ver con el patrimonio de José Luis Ábalos. El juez pidió una ampliación al informe preliminar de la UCO, ya que Leopoldo Puente pidió ampliar los datos fiscales del ex ministro de los últimos 10 años pero también que se obtuvieran datos sobre las subvenciones recibidas por la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso) fundada por Ábalos y propietaria del famoso inmueble en Perú.
El juez también ha pedido a la UCO hace un día que investigue cinco cuentas bancarias de Santos Cerdán así como los posibles productos financieros asociados a esas cuentas.
La UCO pedía hace unos días permiso al magistrado del Tribunal Supremo encargado del caso Koldo, Leopoldo Puente, para investigar las cuentas, bienes y los productos financieros de Santos Cerdán dentro y fuera de España, con exclusión de las del Partido Socialista (PSOE) y la Fundación Pablo Iglesias. Este viernes el juez autorizó a la UCO esta petición.
Mediante un oficio dirigido al Supremo, la UCO pidió permiso para dirigirse a las entidades BBVA, donde Santos Cerdán tiene una cuenta compartida con su esposa, a Caixabank donde figura en otras dos también con su esposa y a la Caja Rural de Navarra, donde Santos Cerdán está en una con su mujer y en otra cuenta donde figuró hace años con sus padres y una hermana.
A todos los bancos han pedido básicamente lo mismo, «información obrante en sus archivos sobre los productos financieros obtenida en el momento de la contratación de cada producto por el cliente, que identifique a los titulares y personas autorizadas, así como el estado en que se encuentren dichos productos».
También pedía la UCO la relación de «cajas de seguridad contratadas» y «todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado al Sepblac sobre las indicadas cuentas bancarias, sus titulares o personas autorizadas, así como los expedientes, informes o análisis internos que sustenten dichas informaciones».
Los agentes quieren conocer «los movimientos realizados en dichas cuentas -saldo, ingresos y pagos- desde el 01/01/2014 o su contratación, en caso de ser ésta posterior a aquella fecha, hasta el día de recepción del mandamiento judicial». Asimismo, la UCO reclama toda la información de movimientos superiores a 300 euros, tanto recibidos como transferidos.
En realidad, los agentes de la UCO tienen que rastrear unas 500 cuentas bancarias de empresas y particulares.
A la AEAT le reclamará los bienes en España y en el extranjero donde figure Santos Cerdán, «rentas implícitas y explícitas, cheques, fondos de inversión, valores, rentas, operaciones de seguros, bienes inmuebles…», finaliza el oficio de la UCO.
El pasado 23 de abril el Supremo encargó a la UCO un informe sobre las declaraciones de Aldama y las empresas que señalaba, quería saber cual de esos datos eran ciertos y cuales no. Entre los documentos había uno que, tras realizar un peritaje, demostró que contenía anotaciones manuscritas de Koldo. Pero ese informe de la UCO tiene que llegar todavía, a pesar de que algunas de esas empresas, ACCIONA, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y construcción (LIC), ya aparecen relacionadas en la investigación que se le realizó a Santos Cerdán.
Pero el mayor volumen de trabajo está ahora en los dispositivos y documentos incautados en casa de Ábalos. Hasta 34 evidencias digitales obtuvieron los agentes en el registro del domicilio de Valencia de Ábalos el pasado 10 de junio entre las 8.50 horas de la mañana y las 14.14 horas de la tarde.
34 EVIDENCIAS DIGITALES PARA LA UCO
En un informe anexo los agentes reseñaron la obtención de «34 evidencias digitales (…) hallándose teléfonos móviles, discos duros externos, memorias USB, memorias SD y tarjetas SIM».
Además, para los agentes resultaron importantes «las evidencias TS-V1.1-EV 1 y TS-V1. 1 EV 3, por tratarse de dos dispositivos móviles. Después del volcado de ambos terminales, esta unidad procedió a su devolución al investigado».
En el registro también se obtuvieron 5 evidencias documentales, «libretas tipo cuaderno y un conjunto documental», reseña la UCO en su informe. Además, los agentes se llevaron varios discos duros externos.
En el momento del registro el ex ministro tenía abierta su cuenta de correo privado, así que los agentes «por ser de interés para la investigación se interviene la misma y se le cambia la contraseña y el nombre de la cuenta de correo electrónico y se añaden dos números de teléfono ambos pertenecientes a la unidad investigadora. Asimismo se añade doble factor de autenticación a través de un teléfono de la fuerza actuante».
En el despacho de Ábalos se incautaron de dos teléfonos móviles, un disco duro de color negro, 19 memorias USB, 4 discos duros externos, una tarjeta SD, una tarjeta SIM, cuatro libretas y un iPad cuyo clonado no pudieron hacer en el lugar y por tanto se accedió al contenido in situ. Entre los documentos había un contrato de préstamo suscrito entre Ábalos, como beneficiario, y su hijo Víctor, como prestamista.
En el recibidor los agentes encontraron otro teléfono móvil. En el salón de la vivienda solo había una memoria USB con el nombre de Fiadelso, la ONG que fundó Ábalos pero ya está extinguida. En el dormitorio principal los agentes encontraron otro disco duro externo. En el garaje los agentes se incautaron de otros tres discos duros y uno más en la zona denominada «Altillo Entresuelo».
Al mismo tiempo que la UCO intervenía en la vivienda de Ábalos otros agentes entraban en los domicilios residenciales y empresariales de cinco personas.
MILES DE FOLIOS
En total, la Guardia Civil intervino 21 dispositivos electrónicos entre teléfonos móviles, ordenadores portátiles, discos duros y pendrives, y miles y miles de folios. En el caso del registro en la vivienda en Elorrio (Bizkaia) de Joseba Antxon Alonso, dueño de Servinabar 2000, la empresa considerada clave en el inicio de la trama, el volumen de papel intervenido fue tan grande que los agentes optaron por introducirla directamente en cajas de cartón al considerar que no era «factible el foliado y sellado» de cada página.
ENTRE LOS DOCUMENTOS HABIA UNA ESCRITURA DE COMPRAVENTA DE PARTICIPACIONES EN UNA SOCIEDAD QUE RECIBIÓ CONTRATOS PÚBLICOS
Entre esos documentos estaba la «escritura privada» de compraventa de participaciones con la que el empresario vasco supuestamente transfirió en 2016 a Cerdán el 45% de la misma. El análisis de todo ello está ya en la lista de tareas pendientes de los agentes.
La última intervención de la UCO ha sido en la sede nacional del PSOE de la madrileña calle Ferraz. Hasta el momento se desconoce el contenido de esa intervención, pero el mandato del Supremo era el correo electrónico profesional de Santos Cerdán. ¿Por qué? Porque en las conversaciones los agentes detectaron que Cerdán ofrecía este correo corporativo a Koldo García para recibir datos.
También registraron la sede de ADIF en busca de algunos contratos y de la Dirección General del Carretera por otros. En concreto, se llevaron toda la documentación relativa a la licitación de cinco obras a ADIF (San Feliú de Llobregat, El Mayor, Murcia, Monforte y Asturias) y de seis a la Dirección General de Carreteras (Logroño, Sevilla, Asturias, Úbeda, Teruel, Camino de Santiago).
En relación al ministerio de Transportes (MITMA) el Supremo autorizó, por fin, el clonado de la cuenta corriente del ex ministro Ábalos, una diligencia que nunca se ha pedido a pesar del tiempo transcurrido de su imputación.
CINCO EMPRESARIOS INVESTIGADOS
Asimismo, el instructor acordó el viernes citar como imputados a cinco empresarios: Los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera, José Ruz Martínez y Joseba Antxon Alonso Egurrola), como personas que, «en su condición, al menos, de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles, habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de éstas de concretas obras públicas a cambio de precio». Las cuentas de todos ellos forman parte del medio millar de ellas que tiene que investigar la UCO y también las de sus sociedades.
De esta manera, previsiblemente, la información de la UCO para el Supremo irá llegando poco a poco, con cuentagotas, con el desgaste que eso supone para los investigados y el gobierno socialista si aparecen nuevos imputados, como parece ser, relacionados con el partido.
