En varias de las grandes últimas obras de Navarra es protagonista el polémico empresario vasco Antxon Alonso, que tiene interés en el túnel de Belate porque su empresa Servinavar fue la concesionaria de la obra junto a Acciona, asesoró al polémico proyecto de Mina Muga y a Forestalia en su intentona de promover una línea de alta tensión que pasaba por el sur de la Comunidad Foral. Alonso acaba de ser imputado por el Tribunal Supremo en el Caso Koldo.
Estos dos últimos proyectos han sido frenados con la ayuda de la Fundación Sustrai Erakuntza, una organización navarra que, con escasos recursos y una firme convicción ecologista, ha conseguido comprometer a algunas de las iniciativas más agresivas en términos de impacto social y ambiental.
Entre ellas, la mina de potasa Mina Muga, promovida por Geoalcali, y la línea de evacuación eléctrica de Forestalia. Ambos proyectos estaban estrechamente ligados a Alonso, empresario y socio de Acciona, con conexiones empresariales y políticas de alto nivel.
Alonso no solo aparece como uno de los principales promotores en la sombra de estas iniciativas, sino que también es presunto socio de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, y protagonista del llamado caso Koldo.
MINA MUGA
La reciente implicación de estos nombres en el proyecto Mina Muga ha venido a confirmar lo que desde hace años denunciaban los movimientos ciudadanos y ecologistas: que detrás de muchos de los discursos de desarrollo y sostenibilidad se esconden intereses espurios.
El golpe judicial más sonado tuvo lugar el 30 de septiembre de 2024, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Navarra anuló la concesión de explotación de Mina Muga. La sentencia, que estimó la demanda conjunta de Ecologistas en Acción y Sustrai Erakuntza, y contó con el respaldo de la Plataforma Unitaria contra las Minas de Potasa en la Bal d’Onsella y la Sierra del Perdón, fue un duro golpe para Alonso.
Mientras desde las instituciones se encadenaban los apoyos políticos a Geoalcali y se insistía en su potencial como ‘motor económico’, Sustrai Erakuntza se mantuvo firme en una estrategia de denuncia legal, información rigurosa y movilización social. Frente a las promesas de desarrollo, esta fundación expuso los múltiples ángulos ciegos de un proyecto que ocultaba más de lo que mostraba: la inexperiencia de Geoalcali como empresa minera, su falta de solvencia técnica, las conexiones bursátiles opacas a través de la matriz Highfield Resources y la precariedad jurídica de los permisos concedidos.
Sustrai ha puesto el foco durante más de una década en una cuestión clave: la utilización política del interés general para favorecer intereses privados. Como reveló la sentencia judicial, durante más de tres años la tramitación del proyecto se fue prorrogando para dar tiempo a Geoalcali a subsanar sus deficiencias, pese a las advertencias de organismos como el Instituto Geológico y Minero de España o la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre los riesgos para el embalse de Yesa.
FORESTALIA
Este modelo ‘de desarrollo’ también se ha reproducido en los megaproyectos energéticos, como la línea de evacuación eléctrica de Forestalia, diseñada para transportar electricidad desde macroparques eólicos en Aragón hasta subestaciones navarras.
Forestalia, otro proyecto estrella asesorado por Alonso y sus aliados empresariales y políticos, quiso ser impulsada bajo la narrativa de la transición energética. El proyecto también fue denunciado por Sustrai Erakuntza, que se felicitó tras la decisión de Forestalia de desistir de un negocio que hubiese puesto en pie de guerra al sur de Navarra.
FUERZA DE RESISTENCIA
Lejos del perfil clásico de un lobby ecologista, Sustrai Erakuntza actúa como una fuerza de resistencia estructurada que representa intereses populares frente a un modelo extractivo y privatizador del territorio.
En esta trayectoria, este proyecto ha enfrentado también campañas de desprestigio, presiones políticas y económicas, e intentos de marginalización social a través de campañas de todo tipo.
