La huelga de jueces y fiscales convocada para los días 1,2 y 3 de julio y una concentración el próximo 28 de junio contra la Ley Bolaños ha suscitado el apoyo de la Policía Nacional o al menos de uno de sus sindicatos mayoritarios, que raramente se posicionan en cuestiones relacionadas con la Justicia, por su condición de agentes de la ley, aunque en este caso sí lo han hecho.
En esta ocasión, desde Jupol, han emitido un comunicado porque «queremos mostrar nuestro apoyo público a las asociaciones judiciales convocantes. Desgraciadamente los Policías tenemos nuestros derechos colectivos e individuales restringidos y no podemos realizar huelga o medidas sustitutivas. Pero no por ello vamos a dejar de alzar la voz. Luchamos por una Justicia independiente, y una separación real de los poderes públicos, pilares básicos de un estado de derecho. Nos preocupa enormemente que sea la Fiscalía, por su falta de independencia (desgraciadamente), quien asuma la instrucción penal».
Todas las asociaciones de jueces y fiscales, con excepción de algunas asociaciones, han decidido convocar una huelga de tres días en julio para manifestar su oposición a las reformas propuestas y adelantadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Estas reformas buscan modificar los procedimientos de ingreso en las carreras judicial y fiscal, así como la estructura de la Fiscalía, con el objetivo de adaptarla a un nuevo modelo de proceso penal en el que las instrucciones serán responsabilidad de los fiscales en lugar de los jueces.
En concreto, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han manifestado su intención de hacer huelga los días 1, 2 y 3 de julio, además de convocar una concentración el 28 de junio frente a la sede del Tribunal Supremo.
Un comunicado conjunto recoge que la elección del Supremo ese día a las 12.30 horas es «profundamente simbólico e institucional. No se trata de una protesta contra ningún poder del Estado, sino de una exteriorización de la relevancia del Poder Judicial, en defensa de sus independencia y de su papel como garante de los derechos de la ciudadanía»
El anuncio de la huela se realizó un día después de que se conocieran las consultas internas realizadas a los asociados en las que más del 80% de los participantes mostraron su apoyo a la huelga, tras una breve protesta de diez minutos realizada el 11 de junio en los tribunales de toda España para exigir la retirada de dichas reformas.
Ante el éxito de la protesta, que registró más de un 70% de adhesión al paro -según sus cálculos-, las cinco convocantes acordaron iniciar un proceso de consulta a sus respectivas bases, «de conformidad con los estatutos y procedimientos internos de cada organización», con el fin de «valorar el grado de respaldo a una eventual convocatoria de huelga en la carrera judicial y fiscal», y que se ha saldado con un amplío apoyo.
MANIFIESTO
Ya el pasado 11 de junio representantes de todas las asociaciones de jueces y fiscales -menos las progresistas- advirtieron de que la «independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas».
Se refirieron, en concreto, al proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal -que ya ha superado el primer trámite en el Congreso de los Diputados- y al anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).
Para las asociaciones convocantes, la reforma que afecta a todos los togados, «va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para la formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración».
También criticaron que incluya medidas «como la de meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces» y que pretenda «crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país».
Asimismo, reprocharon al Ejecutivo que ponga «falsamente a Europa como excusa» para modificar la base de ambas carreras, «convirtiendo en jueces y fiscales a mil trescientos jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño».
POLÉMICA LEY BOLAÑOS
Una de las medidas más polémicas de la llamada Ley Bolaños es el anteproyecto de ley que reforma la Fiscalía, ya que «se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo», señalan.
Y alertan de que que esto, «sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción».
Las firmantes, además, lamentan que todas estas reformas tengan lugar en «un ambiente de continuo ataque al Poder Judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el Gobierno».
El 23 de mayo, cuando las asociaciones comunicaron su llamada a la huelga, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes afirmó a los medios durante su salida del Senado que los «temores» de las asociaciones eran «infundados». Los policías no parecen estar de acuerdo.
