La DGT vuelve a ser protagonista en las conversaciones de los conductores españoles, y no es para menos, ya que una nueva regulación referente a ciertos dispositivos en nuestros vehículos ha comenzado a generar un notable revuelo. Esta normativa, que muchos desconocen en su totalidad, afecta directamente a la tecnología que algunos coches incorporan y que, hasta ahora, pasaba más o menos desapercibida para el gran público. La medida, con implicaciones directas en la seguridad vial y en el bolsillo, pone el foco en elementos que, aunque puedan parecer una ayuda, la Dirección General de Tráfico considera un obstáculo para sus objetivos de control y prevención en las carreteras.
El quid de la cuestión radica en la entrada en vigor de una prohibición que, si bien se aplica a los vehículos de nueva homologación a partir de una fecha concreta de este año, siembra dudas sobre el parque móvil existente y, sobre todo, sobre la picaresca que siempre rodea este tipo de legislaciones. Lo que se busca, en esencia, es erradicar de raíz la posibilidad de eludir los controles de velocidad mediante aparatos específicos, una práctica que la autoridad competente lleva años intentando combatir con diferente suerte. La confusión es palpable, y muchos se preguntan si ese «extra» que venía con su coche nuevo podría acarrearles un problema inesperado.
1¿QUÉ DIABLOS ES «ESTO» QUE LA DGT HA PUESTO EN EL PUNTO DE MIRA?

Cuando hablamos de «esto» que la DGT ha decidido vetar, nos referimos concretamente a los sistemas de detección de radares, unos dispositivos diseñados con el único propósito de alertar al conductor de la proximidad de un control de velocidad, ya sea fijo o móvil. Estos aparatos funcionan captando las ondas emitidas por los cinemómetros, lo que permite al usuario reducir la velocidad justo a tiempo para evitar una posible sanción. Su popularidad, aunque a menudo subterránea, ha sido una constante entre aquellos conductores que buscan un margen extra frente a la vigilancia en carretera, una especie de juego del gato y el ratón con las autoridades.
La razón fundamental detrás de esta cruzada de la DGT contra los detectores de radar es su impacto directo en la efectividad de los controles de velocidad, herramientas que se consideran cruciales para disuadir comportamientos de riesgo al volante. Al anular el factor sorpresa de un radar, estos dispositivos, según la perspectiva de Tráfico, fomentan que se respeten los límites solo en puntos concretos, perdiéndose el efecto disuasorio general que se persigue. Por ello, la nueva normativa busca cerrar el cerco sobre estos aparatos, considerándolos un elemento que atenta contra la estrategia de seguridad vial establecida.