La DGT vuelve a ser protagonista en las conversaciones de los conductores españoles, y no es para menos, ya que una nueva regulación referente a ciertos dispositivos en nuestros vehículos ha comenzado a generar un notable revuelo. Esta normativa, que muchos desconocen en su totalidad, afecta directamente a la tecnología que algunos coches incorporan y que, hasta ahora, pasaba más o menos desapercibida para el gran público. La medida, con implicaciones directas en la seguridad vial y en el bolsillo, pone el foco en elementos que, aunque puedan parecer una ayuda, la Dirección General de Tráfico considera un obstáculo para sus objetivos de control y prevención en las carreteras.
El quid de la cuestión radica en la entrada en vigor de una prohibición que, si bien se aplica a los vehículos de nueva homologación a partir de una fecha concreta de este año, siembra dudas sobre el parque móvil existente y, sobre todo, sobre la picaresca que siempre rodea este tipo de legislaciones. Lo que se busca, en esencia, es erradicar de raíz la posibilidad de eludir los controles de velocidad mediante aparatos específicos, una práctica que la autoridad competente lleva años intentando combatir con diferente suerte. La confusión es palpable, y muchos se preguntan si ese «extra» que venía con su coche nuevo podría acarrearles un problema inesperado.
5¿SEGURIDAD VIAL O AFÁN RECAUDATORIO? EL ETERNO DEBATE CON LA DGT AL FONDO
El argumento principal esgrimido por la DGT para justificar esta y otras medidas restrictivas es siempre la mejora de la seguridad vial. Desde este prisma, la prohibición de los detectores de radar busca eliminar una herramienta que permite a los conductores exceder los límites de velocidad con mayor impunidad, poniendo en riesgo no solo su propia vida sino la de los demás usuarios de la vía. Se entiende que una velocidad adecuada y constante es fundamental para reducir la siniestralidad, y cualquier elemento que interfiera con ese objetivo debe ser neutralizado para el bien común.
No obstante, como suele ocurrir con muchas de las iniciativas de la Dirección General de Tráfico, no faltan las voces críticas que ven en esta nueva prohibición un matiz recaudatorio más que puramente preventivo. Argumentan que, si la ubicación de los radares fijos es pública y los avisadores son legales, la persecución de los detectores podría interpretarse como una forma de asegurar la «eficacia» de los radares móviles o de tramo, generando así una mayor recaudación por multas en lugar de fomentar una concienciación real sobre los peligros de la velocidad. El debate, como siempre, está servido en la calle y en las redes, con la DGT en el centro de la polémica.
