Una de las acusaciones populares en la causa Hidrocarburos, la representada por la asociación Hazte Oír, se ha adherido a la petición de la empresa Villafuel, situada en el centro de la trama presuntamente por Claudio Rivas y Víctor de Aldama, que habría evadido 182 millones de euros de las arcas públicas en impuestos, que solicitó que se requirieran datos a todas las consultoras y auditoras contratadas por Villafuel para gestionar su fiscalidad.
No deja de ser sintomático que una acusación se adhiera al recurso de un investigado, en este caso Villafuel, ya que por sistema las partes contrarias suelen oponerse a las peticiones de diligencias. Sin embargo, en este caso Hazte Oír, aplicando un estricto sentido común de estrategia procesal, explica que «nos adherimos al recurso de contrario por cuanto las diligencias solicitadas son legales, lícitas, útiles, pertinentes, conducentes y necesarias para profundizar la investigación instructora. Precisamente el objeto de la personación de las acusaciones populares es la colaboración en la búsqueda de la verdad material, y las pruebas solicitadas de contrario, desde luego, y según el resultado de las mismas, pueden resultar o bien de cargo, o de descargo, y en ambos casos de interés para las diligencias investigatorias que se están tramitando».
Es decir, que en un sentido o en otro se trata de descubrir la verdad y si la defensa de Villafuel puede justificar de algún modo que la empresa hizo su trabajo sujeto a la legalidad.
Hay que recordar que el pasado 14 de mayo el abogado de la empresa Villafuel, en el centro de la trama Hidrocarburos acusada de sustraer más de 180 millones de euros en concepto de IVA al erario público, envió un escrito al Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, pidiendo que se requiera información a todas las auditoras, consultoras y despachos de abogados que Villafuel SL contrató, un total de 13 para demostrar que todas las operaciones de la empresa en el trato de los hidrocarburos fueron legales.
Es decir, tanto Villafuel y María Luisa Rivas, administradora de la empresa e imputada en la causa, buscaban desmarcarse de las presuntas actividades delictivas desarrolladas por los presuntos cabecillas de la trama, Claudio Rivas y Víctor de Aldama, que fueron los que presuntamente habrían defraudado más de 180 millones de euros a Hacienda mediante la utilización de 7 empresas «pantalla». Estas empresas se habrían aprovechado de la condición de operadora de hidrocarburos de Villafuel para obtener combustible que podían revender más barato al no percutir el IVA.
El escrito del abogado de Villafuel para el juez de la Causa Hidrocarburos recoge que «esta representación ha tenido conocimiento que nuestro mandante ha sido asesorado por distintas personas físicas y jurídicas, que tienen íntima relación con los hechos objeto de investigación en esta causa, cuya documentación no obra en nuestro poder, por causas ajenas a mi representada». Cuando la UCO hizo los registros de la empresa se incautó de toda la documentación y por tanto María Luisa Rivas no puede aportar documentos que ayudarían en su defensa.
Por tanto, el abogado solicitó como prueba al Juzgado, que «se acuerde librar atento oficio a las personas físicas y jurídicas que se dirán, para que remitan a este Juzgado Central, a través de su representante legal, la documentación que se solicita, objeto de su asesoramiento, a la mayor brevedad posible y en un plazo máximo de un (1) mes, a criterio de este Juzgado Central de Instrucción».
El abogado razona su petición «para el esclarecimiento de los hechos y para defender la licitud y debida diligencia lleva a cabo por mi mandante Villafuel SL, a través de sus representantes legales, amparada y soportada a través del asesoramiento puntual recibido por terceros en relación a los hechos objeto de investigación, a los efectos de conocer las directrices que le fueron indicadas para proceder al desarrollo de su actividad comercial, en sus vertientes tanto económica, financiera, legal y tributaria».
LA LISTA DE CONSULTORAS
La lista de consultoras y despachos que habrían asesorado a Villafuel sobre el negocio de los hidrocarburos es extensa. En primer lugar citan a Agemes, que es la «entidad encargada desde mayo del 2021 del asesoramiento, el seguimiento y la presentación de la información de los gasocentros ante la AEAT».
Asesoría Madel Lucena sería el organismo encargado «desde el 01/11/2020, a través de Don Pedro Marín, para la presentación del título de operador. Durante el 2021, entidad encargada del
asesoramiento en IIEE. Y desde septiembre del 2022 a octubre del 2024, entidad encargada del asesoramiento de IIEE Y Biocarburantes. Es la entidad encargada de presentar ante CORES las ventas mensuales y ajustes de BIO».
La JH14 Agencia Andaluza es la empresa encargada «de la revisión de los estados contables de la entidad, de la emisión de informe de auditoría ante la Corporación de Reservas Estratégicas, así como a la emisión de informe de auditoría de SICBIOS».
El Estudio Jurídico-Ejaso en la «entidad encargada, desde el mes de enero de 2021, del análisis jurídico y consultoría en asuntos y dudas relacionadas con el sector Petrolífero.
Otra sociedad denominada Estudio Jurídico y Consultores fue la encargada del «análisis jurídico y consultoría en asuntos y dudas relacionadas con el sector petrolífero».
La conocida KPMG Abogados fue la consultora encargada «desde el mes de julio del 2023, de realizar los escritos de alegaciones al respecto del modelo 380 (IVA). Operaciones asimiladas a las importaciones y aclaración de las operaciones de venta “In Tank”».
Supply Chain Solution fue la sociedad encargada «desde el mes de junio del año 2023, de llevar a cabo las negociaciones con la entidad REPSOL S.A. y de realizar las labores de intermediación en la adquisición de productos petrolíferos».
Otra empresa, Alvariño Garrido, fue la entidad encargada «desde principios del año 2022, de la presentación del título de operador de la entidad Villafuel SL» para conseguir la licencia de hidrocarburos.
Una sociedad valenciana, Andersen Tax & Legal Iberia fue encargada «desde el mes de septiembre del año 2023, de realizar el Compliance de la entidad Villafuel SL así como de su obtención de la Certificación “Bureau Veritas”».
Complianzen SL se encargó «desde el mes de junio del año 2021 hasta septiembre del año
2023, de realizar el Compliance de la entidad Villafuel, S.L.».
Jorge Espinoso Fernández fue el encargado de «la personación ante la AEAT junto con Don Joaquín Motos en el año 2023» cuando comenzaron las investigaciones de la causa Hidrocarburos.
Otra entidad, Bureau Veritas Iberia, estuvo encargada «del análisis de la entidad Vilafuel SL para la obtención de la ISSO 37001:2016 (UNE-ISO 37001:2017) y UNE 19601:2017».
Finalmente, la empresa European Tax Law Global Audit Assurance fue la «entidad encargada de la realización de la Auditoría anual y de las cuentas anuales de la sociedad Villafuel»
Además, el abogado pidió que el juez requiera «las hojas de encargo, presupuestos y contratos firmados con Villafuel SL, así como cualquier documentación contractual generada durante su relación contractual».
Villafuel pedía para su defensa todos los «informes, consultas y documentos emitidos, incluyendo todo el soporte documental que ha servido de base para su elaboración», así como «todas las facturas emitidas a la entidad Villafuel, S.L. por los servicios prestados, incluyendo el objeto de servicio y todos sus conceptos».
Y que se identifique a los «responsables de departamento, así como de toda persona que haya colaborado o tenido conocimiento en la redacción y emisión de los informes, consultas y documentos emitidos».
MARIA LUISA RIVAS NO DECLARÓ EN HIDROCARBUROS
Hay que recordar que María Luisa Rivas, apoderada de Villafuel, fue detenida en octubre de 2024 junto a su hermano Claudio Rivas y el empresario Víctor de Aldama, también imputado en el Caso Koldo, por fraude de más de 180 millones de euros en el IVA de hidrocarburos. En todas sus comparecencias se ha negado a declarar hasta el momento, pero su defensa ha estado activa.
Hace algo más de un el abogado de Rivas entregaba en el Juzgado las pruebas que demuestran que Villafuel devolvió 2,7 millones de euros a Carmen Pano, la empresaria que alquiló un chalet al ex ministro Ábalos. Pano dijo que había entregado ese dinero para obtener una licencia de hidrocarburos, destinado a cumplir los requisitos exigidos por el Ministerio de Industria para convertirse en operador. Sin embargo, Rivas entregó las pruebas de las tres transferencias que devolvió al día siguiente de haber recibido ese dinero.
Rivas, que no va a declarar hasta que pueda acceder a sus registros informáticos, embargados por orden del juzgado, ha asegurado que piensa colaborar con la Justicia y contar todo lo que sabe sobre la operativa, pero que necesita consultar el contenido de sus archivos informáticos para hacerlo.
