Recibir multas de radar se ha convertido en una de las mayores pesadillas para los conductores españoles, un temor latente que se materializa con el destello de un flash en la carretera y culmina con la temida notificación en el buzón. La sensación es universal: una mezcla de frustración, enfado y resignación ante una sanción que a menudo implica no solo un desembolso económico, sino también la preciada pérdida de puntos del carnet. Sin embargo, en el complejo entramado administrativo de la Dirección General de Tráfico, existen ciertas grietas, resquicios legales que, aunque controvertidos, son utilizados por algunos para sortear la parte más lesiva de la sanción.
No se trata de recurrir la infracción alegando errores de medición o señalización, una vía a menudo ardua y con escasas probabilidades de éxito. La estrategia es mucho más sutil y se apoya en un pilar fundamental del procedimiento sancionador: la obligación de identificar al conductor. Es en este preciso punto, en el cruce entre la titularidad del vehículo y la responsabilidad de la infracción, donde se abre un campo de juego inesperado. Un terreno abonado para la picaresca, donde una fotografía poco nítida puede convertirse en la llave para salvar los puntos del carnet, aunque la sanción económica siga su curso inexorable.
5UN JUEGO PELIGROSO: LOS RIESGOS LEGALES DE LA FALSA IDENTIFICACIÓN
Es fundamental advertir que, aunque esta práctica se mueva en una zona gris y sea difícil de perseguir, no está exenta de riesgos. Identificar falsamente a un conductor es, en rigor, una ilegalidad. Si las autoridades pudieran demostrar que la persona identificada no se encontraba en el lugar de la infracción en ese momento, el titular del vehículo podría enfrentarse a un presunto delito de falsedad documental. Aunque probarlo en un caso aislado es extremadamente complicado, no se puede obviar que se está proporcionando información falsa a un organismo público, con las implicaciones legales que ello podría acarrear en el peor de los escenarios.
El verdadero peligro surge cuando esta práctica se convierte en un hábito. La DGT y las fuerzas de seguridad son cada vez más conscientes de este tipo de fraudes. Si detectan patrones anómalos, como una misma persona que acumula multas de diferentes vehículos en lugares dispares de la geografía española, pueden iniciar una investigación. Lo que comienza como una estrategia para esquivar unas pocas multas podría terminar en un proceso judicial mucho más serio. Por tanto, esta grieta en el sistema es un arma de doble filo que debe manejarse con extrema cautela, pues el supuesto atajo para salvar unos puntos podría conducir a un problema legal de consecuencias imprevisibles.
