La matanza indiscriminada en Gaza y las acusaciones internacionales contra Israel por crímenes de guerra han puesto bajo el foco una incómoda realidad para el Partido Nacionalista Vasco (PNV): el Grupo CAF, una de las empresas industriales más emblemáticas de Euskadi, y en la que el Gobierno vasco es accionista a través del fondo Finkatuz, mantiene desde hace años contratos con el Estado israelí para la construcción y operación del tranvía de Jerusalén.
Un proyecto que, según la ONU y diversas organizaciones de derechos humanos, viola el derecho internacional al conectar Jerusalén Oeste con asentamientos ilegales israelíes en territorio palestino ocupado.
Este vínculo comercial se ha convertido ahora en munición política. EH Bildu ha intensificado sus críticas contra el PNV, acusándolo de mantener un doble discurso: condena públicamente la ofensiva militar de Israel, mientras continúa respaldando económica y políticamente a una empresa vasca que colabora con la ocupación.
EL TRANVÍA DE LA POLÉMICA
El epicentro de la controversia es la participación de CAF en el proyecto del tranvía ligero de Jerusalén, gestionado a través del consorcio JNET, compuesto por CAF y la israelí Shapir Engineering. Esta infraestructura cruza la Línea Verde establecida tras la guerra de 1967 y conecta barrios de Jerusalén Oeste con colonias israelíes ubicadas en Jerusalén Este, considerado por Naciones Unidas como territorio palestino ocupado.
En 2020, más de 70 organizaciones de derechos humanos y sindicatos internacionales exigieron a CAF que se retirara del proyecto, alegando que su implicación violaba el derecho internacional y contribuía a la normalización de la ocupación.
En lugar de hacerlo, CAF defendió su participación afirmando que se trata de un contrato legalmente válido dentro del marco jurídico israelí. Desde entonces, las protestas no han cesado, especialmente desde el inicio de la actual ofensiva militar sobre Gaza, que ha dejado decenas de miles de muertos y ha provocado condenas desde organismos como la Corte Internacional de Justicia.
EL GOBIERNO VASCO, IMPLICADO
El Gobierno vasco, presidido por el PNV, es accionista minoritario de CAF a través del fondo público Finkatuz, creado con el objetivo de proteger empresas estratégicas vascas ante movimientos hostiles del mercado. Aunque su participación no otorga poder de control, sí representa una implicación institucional directa en la empresa, lo que convierte al Ejecutivo de Imanol Pradales en parte responsable, según EH Bildu, de los vínculos con Israel.
Desde Lakua, sin embargo, se intenta rebajar el conflicto. Fuentes del Gobierno vasco han defendido que Finkatuz no interviene en las decisiones operativas de CAF y que la política exterior es competencia exclusiva del Estado.
Pero esta respuesta no convence ni a EH Bildu ni a las plataformas propalestinas, que exigen que el Ejecutivo retire su participación en la empresa o, al menos, fuerce su salida del proyecto israelí.
EH BILDU SALE AL ATAQUE
El contexto político también favorece a EH Bildu. En un momento en que el PNV ve erosionada su hegemonía en Euskadi, el frente ético y simbólico de Palestina ofrece a la izquierda soberanista un terreno donde marcar diferencias. EH Bildu se ha volcado con la causa palestina tanto en el ámbito parlamentario como en la calle.
La coalición apoya las campañas de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra empresas vinculadas con la ocupación.
INCOMODIDAD
En medio de esta presión, el PNV trata de evitar que el asunto se convierta en una crisis política mayor. Oficialmente, el partido ha condenado los ataques del Gobierno israelí y ha defendido una solución política al conflicto basada en el respeto a las resoluciones internacionales. Pero el hecho de que uno de sus buques insignia industriales esté implicado en proyectos en territorio ocupado complica su narrativa.
EH Bildu se ha propuesto convertir esta grieta en un eje político de desgaste frente al PNV, que puede socarrarse con los negocios de CAF con un Estado que ha asesinado a más de 55.000 palestinos.
