La Fiscalía Anticorrupción ya ha comenzado a practicar diligencias tras la denuncia presentada el 12 de junio por el sindicato Manos Limpias contra José Antonio Marco Sanjuán, ex presidente del Tribunal Económico Administrativo Central y número 3 del ministerio de Hacienda de María Jesús Montero.
La denuncia presentada contra José Antonio Marco Sanjuán, ex Presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), es por «presuntos delitos de prevaricación de los funcionarios, delito de cohecho, delito de tráfico de influencias, delito de malversación de caudales públicos, delito de las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y de los abusos en el ejercicio de su función».
El relato de los hechos recoge que «un empresario admite haber pagado más de 100 mil euros al denunciado José Antonio Marco San Juan (Presidente del Tribunal Económico Administrativo Central)». La ínvestigación periodística fue publicada por el diario El Debate y Marco San Juan acabó dimitiendo el 17 de junio ante la cantidad de informaciones acumuladas durante días, con pruebas de las presuntas mordidas que habría cobrado de empresas en problemas con Hacienda, a cambio de poder librarlos de la multa que pesaba sobre ellos.
Para Manos Limpias la denuncia «no se trata de un simple recorte de prensa, se trata de unas Notitias Criminis que tienen toda la apariencia de un delito penal, por lo que ha de investigarse sobre un hecho de probable relevancia penal para proceder a su comprobación por parte de esa
Fiscalía, en los términos establecidos en los artículos 269 y 313 de la ley de enjuiciamiento
criminal».
La gravedad para los denunciantes está en que «se trata ni más ni menos del Presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, máximo órgano jurisdiccional en materia económica y de tributos, similar al Presidente del Tribunal Supremo. El denunciado fue nombrado en ese cargo por la Ministra de Hacienda, de máxima confianza».
La Institución de la Agencia Tributaria y del máximo órgano jurisdiccional en materia tributaria, con esta notitia criminis «de unos razonables delitos gravísimos, ha puesto en una situación de deterioro y de desprestigio, a uno de los pilares de nuestro sistema democrático, el principio de legalidad, y el estado de derecho que ha sido conculcado presuntamente de manera flagrante por alguien que debe ser el máximo garante en la relación ciudadanos-Administración Tributaria, y además en un momento de la campaña sobre la renta que afecta a millones de contribuyentes.
El denunciado ya inició esos presuntos delitos cuando desempeñó el puesto de Presidente del Tribunal Económico Administrativo de Castilla y León», añaden en su denuncia.
Manos Limpias explica esa supuesta mordida de manera que «los más de 100 mil euros que percibió de mordida del empresario a cambio de perdonarle la deuda con Hacienda, estimando un “recurso a la carta”. La mordida se abonó en tres momentos, en una cafetería próxima al despacho oficial del denunciado. El dinero se lo da al empresario en sobres y se pone a contarlos. Existen whatsapps cruzados entre el empresario y el denunciado con los siguientes textos: “Tengo miedo porque tal y como está la situación nos pueden estar haciendo algún seguimiento”. “Antes me escribía dinero, ahora me dice que cuando quedan a tomar café”. “Estoy asustado por si todo esto sale a la luz”. No contento, el denunciado en otros whatsapps, le hostiga al empresario para que siga aportándole más mordidas. El ansia del denunciado parece no tener fin».
La noticia apareció en el diario El Debate y por eso el escrito de denuncia ante la Fiscalía pedía como primera diligencia «que se practicase la testifical del periodista que firmó las informaciones con objeto de contrastar la veracidad de la información, y al mismo tiempo, que aporte las pruebas que pueda tener en su poder y en base a las mismas, proceder de manera
urgentísima a la apertura de diligencias informativas penales».
SUPERVISABA LOS RECURSOS ANTE HACIENDA
Además los abogados de Manos Limpias aportan «a la presente denuncia otros hechos, que
incriminan presuntamente al denunciado en los delitos por los que se le denuncia. El denunciado supervisaba los recursos de empresas a los que luego perdonaba sanciones a cambio de mordidas. El denunciado tiene la responsabilidad de resolver las reclamaciones presentadas por empresas y ciudadanos contra liquidaciones de la Agencia Tributaria. Sus resoluciones pueden anular o modificar sanciones impuestas por Hacienda. El denunciado utiliza su empresa Investment Betancuria S.L. como instrumento para percibir las mordidas».
Según la demanda, el modus operandi del ex número 3 de María Jesús Montero se dividía en dos fases: «El denunciado supervisaba personalmente la redacción de los recursos que una vez presentados por las empresas sancionadas o ciudadanos sancionados por la Agencia Tributaria, se resolvían a favor desde el tribunal que él presidía».
Luego, la segunda fase consistía en que «la preparación de esos recursos para su aprobación, tenía la compensación de una mordida en dinero en efectivo o a través de un sistema de sociedades interpuestas y de amigos personales como testaferros para ocultar el origen real de los pagos y dificultar el rastreo de las operaciones».
DOS EMPRESAS COMO EJEMPLO
El colectivo de funcionarios denunciante ante la Fiscalía aporta dos ejemplos de empresas expedientadas y multadas por Hacienda que resolvieron sus problemas gracias, presuntamente, a la mediación de Marco Sanjuán.
Una era la empresa Hidrocarburos Discomtes Valladolid S.L., sancionada con 64.000 euros, y «justamente después de anular esa sanción, el denunciado procede a través de su empresa Inventment Betancuria S.L., a facturar a Discomtes Valladolid S.L. dos facturas, una por importe de 2.360 euros (emitida el 10 de Enero de 2012) bajo el concepto “operaciones”, y una segunda factura por importe de 2.420 euros (el 11 de Enero de 2013) en concepto de “seminario declaración».
La segunda empresa es la Refinería Olmedo (perteneciente a la Cooperativa Azucarera Alcor de Valladolid-Olmedo): «Esta empresa había sido sancionada con una sanción de 1 millón 200 mil euros que debía a Hacienda. La empresa manifestó su intención de recurrir las sanciones de 533.133,12€, 370.345, 85€ y 294.503,92€ ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León. El modus operandi del denunciado consistió en elaborar el recurso que la empresa sancionada iba a interponer ante el inspector jefe de la dependencia regional de inspección de la Agencia Tributaria de Castilla y León».
Desde Manos Limpias añaden a la denuncia que «el denunciado de acuerdo con el máximo responsable de la empresa sancionada (Refinería Olmedo S.A) elabora el recurso que la empresa sancionada iba a presentar y una vez elaborado, se lo remite al responsable José Ignacio Lamas».
«EL DENUNCIADO REVISÓ LOS DOCUMENTOS DESDE SU ORDENADOR PARA EL RECURSO»
Además, «el denunciado revisó los documentos desde su ordenador para el recurso, introduciendo varios cambios. Se envió los documentos a su correos electrónico y de ahí, a una cuenta personal desde donde lo envió directamente a un directivo de Alcor (José Ignacio Lamas)
para que de esa manera, lo presentara con las correcciones al inspector jefe de la dependencia regional de Inspección de la Agencia Tributaria de Castilla y León. Consta en el correo oficial del denunciado como una vez elaborado el recurso, lo remite a su correo personal y a su vez desde su correo personal a José Ignacio Lamas», continúa la denuncia.
Por este asunto el denunciado habría cobrado supuestamente 24.200 euros «utilizando un circuito societario cuidadosamente diseñado para entorpecer el seguimiento del dinero. Para ello
recurre a sus dos testaferros, Enrique Lahuerta Tornos y Gonzalo Perdrix Ezequiel que pusieron a disposición del denunciado sus respectivas sociedades para facturar a la azucarera las cantidades acordadas. El denunciado les giraba a ellos facturas por la misma cantidad, cerrando así el círculo y logrando que el dinero acabara en sus manos sin figurar como receptor».
Para los denunciantes todos estos hechos se corresponden con varios ilícitos penales, como el delito de prevaricación de los funcionarios, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, y el delito de las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios.
De momento, la Fiscalía ha abierto diligencias y ha comenzado a practicar algunas testificales, mientras espera un informe que la UCO está ultimando. Tras conocerse las acusaciones y dimitir, el puesto de Marco Sanjuán frente al Tribunal lo ha ocupado José Ignacio Ruiz Toledano, inspector de Hacienda y hasta ahora vocal del propio Tribunal.
