Varios colegios profesionales y asociaciones iniciaron hace unos días la recogida de firmas para modificar la Ley de Aguas y preservar la vida de las personas ante inundaciones en la Comunidad Valenciana como las sufridas por la última DANA que asoló aquella región.
El objetivo es recoger el suficiente número de firmas, medio millón, para activar en el Congreso de los Diputados la tramitación de esta Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y reclamar que la norma recoja que es necesario realizar una inversión en infraestructuras hidráulicas.
La Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de la Ley de Aguas, formada por representantes de la sociedad civil, inició el día 23 la campaña de recogida de 500.000 firmas para modificar la vigente Ley de Aguas. La propuesta de modificación se refiere al texto del artículo 14 de la Ley de Aguas y es de especial relevancia para la Comunidad Valenciana tras la tragedia humana provocada por la DANA. Por eso, la ILP aborda la introducción de 3 principios.
La protección de la vida humana como prioridad legal: La ley debe contemplar de forma explícita «la protección de la vida e integridad humana» frente a riesgos naturales como inundaciones y sequías.
Inversión suficiente: La ILP propone una actualización de la ley para que introduzca que es necesario realizar la “inversión suficiente para la mitigación de los riesgos naturales, por inundaciones o sequía”.
Profesionalidad técnica: Introduce la referencia a la «profesionalidad, capacidad e idoneidad técnica de los cargos de la administración pública del agua y de los puestos técnicos de ésta» y que se prioricen las decisiones de criterio técnico sobre las políticas.
En la apertura del acto, que se celebró en la Universidad Politécnica de Valencia, el vicerrector, Eugenio Pellicer, anunciaba «el compromiso de la universidad con esta iniciativa».

Por su parte, Javier Machí, decano de la Demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana, advertía que, a pesar de que «el Colegio se puso a disposición desde el primer día, la actuación de nuestros profesionales en la reconstrucción ha sido mínima y las consecuencias sufridas muestran que la presencia de técnicos se hace más que necesaria para planificar con rapidez y saber qué hacer ante episodios extremos como los sufridos».
También intervinieron los miembros de la Comisión Promotora de esta ILP, José Luis
Belmonte, uno de los impulsores de la iniciativa ha recalcado que «los planes hidrológicos no se ejecutan» y que la ILP necesita «embajadores» para «conseguir un país mejor, más humano y más justo».
Esther Mocholí, diputada del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, ha señalado que «la población civil fue la que salvó la dramática situación en Valencia y es el momento de que, con esta iniciativa, la ciudadanía sitúe a las personas en el centro de la Ley de Aguas».
Por su parte, Miguel Ángel Carrillo, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha asegurado que «es necesario invertir 2.013 millones en actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar» y que «las infraestructuras hidráulicas son la solución técnica más eficaz para salvar vidas humanas ante inundaciones».
Rafael Ariño, abogado experto en derecho público y administrativo y otro de los promotores de la iniciativa ha explicado que «una ILP es el clamor del pueblo y esta introduce 3 puntos que une las conciencias de todos».
DANA DE VALENCIA
Los representantes de distintas asociaciones de víctimas y damnificados de la DANA en Valencia han participado en el acto y han mostrado su apoyo a esta Iniciativa Legislativa Popular. Rosa María Álvarez, presidenta de la Associació de Víctimes de la Dana 29-O, ha declarado que «no queremos que esto se vuelva a repetir por lo que siempre estaremos al lado de quien intente proteger nuestras vidas».
Verónica Vicent, portavoz de la Asociación Damnificados DANA Horta Sud Valencia, ha destacado que «si nos organizamos como sociedad podemos sacar iniciativas como ésta adelante». Y Fernando Catalán, portavoz de la Agrupación Ciudadana Afectados por la DANA ‘Tots a una veu’, ha manifestado que «no necesitamos sólo invertir por invertir, hay que hacerlo teniendo en el centro a las personas».
Esta iniciativa cuenta con el respaldo de Colegio de la Abogacía de Madrid, la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros (UPCI), que integra a 9 colegios oficiales y consejos generales de colegios. También con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), la Unión Municipalista, FECOVAL, así como otras organizaciones que se están sumando a este proceso.
El camino por recorrer es aún largo. David García, vicepresidente de la FVMP y presidente de la Unión Municipalista aseguraba durante la presentación que «9 meses después seguimos igual, si mañana vuelve a haber una DANA volverá a pasar lo mismo».
CÓMO FIRMAR
Esta ILP se puede firmar a través de la web. Las modalidades de firma son a través de certificado digital y el correo postal, solicitando gratuitamente hojas de firmas y un sobre prefranqueado para enviar una vez se complete. Además, en determinados espacios y establecimientos públicos de Valencia se podrán encontrar hojas de firmas. La ILP requiere 500.000 firmas.
La Iniciativa Legislativa Popular es un mecanismo contemplado en la Constitución Española que permite a la sociedad civil proponer la modificación de normas, como la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio), presentando 500.000 firmas validadas de ciudadanos (DNI, nombre y apellidos). El plazo para entregar firmas a la Junta Electoral Central concluir el 25 de febrero de 2026.
En el momento en el que se aporten estas firmas se iniciará el trámite parlamentario que comenzará con una votación de admisión en el Pleno del Congreso, continuará con el debate de enmiendas de la Ley en una Comisión Ministerial y terminará con una votación final. La Comisión Promotora de la ILP Ley de Aguas ha creado una web con información actualizada de esta iniciativa.