El Ministerio Fiscal ha pedido para Ana María Vicente Oset, más conocida como la estafadora de MotoGP, 6 años de cárcel y 12 meses de multa a razón de 15 euros diarios, 5.400 euros, por el delito de estafa. La acusación particular pide además que se la condene por un delito de estafa en documento mercantil, en total 9 años de cárcel y 24 meses de multa a razón de la misma cuantía diaria por un total de 10.800 euros. Asimismo, la Fiscalía solicita para la víctima de estafa, F.S., una indemnización de 53.750 euros en concepto de responsabilidad civil.
De esta manera el juzgado de instrucción número 29 de Madrid manda el caso a la Audiencia Provincial de Madrid para que sea juzgado en fecha que deberá ser determinada por la propia Audiencia.
No es la primea vez que Ana María Vicente Oset, de 54 años, se enfrenta a sus víctimas en un juzgado. De hecho, la mujer acumula hasta 6 sentencias firmes por estafa en casos similares dictadas por juzgados de Granollers, Vizcaya, dos de Barcelona, Sabadell y Cádiz. El último juicio pendiente al que tenía que enfrentarse debía hacerse celebrado también en Madrid el pasado 11 de marzo, pero la acusada logró eludirlo presentando un parte médico y la celebración fue retrasada.
La presunta estafadora vendía cientos de entradas para premios de MotoGP, supuestamente anulados, a cambio de que el comprador gestionase la devolución de los mismos ante la aseguradora AXA y se quedase con la diferencia del importe obtenido. Pero ni las entradas existían, ni los Grandes Premios se habían cancelado y tampoco la aseguradora tenía cubierta cancelación alguna de los premios.
En realidad es una variante del clásico timo del toco mocho y el falso billete de lotería premiado, sólo que en este caso la promesa consistía en duplicar la inversión. La última estafada fue una mujer en Madrid que llegó a desembolsar 74.000 euros. Esta mujer, F.S., realizó hasta cuatro transferencias a nombre de AV Events Esports MotosGP Bio entre el 31 de julio y el 7 de agosto de 2023, aunque en realidad la titular de la cuenta era Ana María Vicente, por un total de 74.250€.
DOBLAR LA INVERSIÓN CON MOTOGP
La promesa era golosa y consistía en que se compraba por 100 euros lo que la aseguradora devolvería luego por 200 euros, es decir, se duplicaba la inversión. Ana María supuestamente engañó a esta víctima y a otras haciéndole creer que necesitaba cash con urgencia y como la aseguradora iba a tardar meses en hacer frente a las reclamaciones ella no disponía de ese tiempo y a cambio se conformaba con recuperar su inversión inicial y que otro cobrará la indemnización por la suspensión del Premio de MotoGP, en este caso la mujer estafada. Al menos F.S. consiguió que Ana María le devolviese 20.000 euros de toda la inversión realizada.
Pero las denuncias contra la presunta estafadora se han producido en toda España y la Policía Nacional detuvo a Ana María el 18 de enero de 2024 en Bilbao. Cuando los funcionarios buscaron los antecedentes judiciales y policiales descubrieron que la señora tenía entonces dos reclamaciones pendientes por juzgados de Alcalá de Henares (Madrid), otras 8 ya atendidas en Madrid, Castellón, Jerez de la Frontera y Granollers. Todas con el epígrafe «estafa» en el encabezado. La Policía Nacional tiene 12 reseñas en su base de datos, la Guardia Civil dos y los Mossos d´Esquadra otras ocho. Todos los casos recogen reclamaciones judiciales y denuncias por estafa.
La Policía incluso investigó en redes sociales y descubrió que las prácticas de la detenida habían generado alarma social, tal y como constaba en las publicaciones de un grupo de afectados por Aupa Travel, al parecer una de las marcas comerciales que Ana María maneja. Los comentarios se extienden desde junio de 2021 hasta la actualidad.
El modus operandi siempre era el mismo. Tras supuestamente resultar cancelados viajes a los campeonatos de MotoGP, Ana María Vicent indicaba a los perjudicados que iba a iniciar los trámites con las aseguradoras para que cobrasen la indemnización por cancelación y así recuperasen su dinero. Antes, sin embargo, «les requirió para que ingresaran unas cantidades motivadas por los gastos de cancelación, indicándoles que el concepto que tenían que poner era timbres o Banco de España. Los querellantes, convencidos de que era necesario pagar los gastos de cancelación, ingresaron 21.550 euros en total», continúa el escrito fiscal de otro de los juicios a los que se ha enfrentado.
ESTAFAS USANDO EL NOMBRE DE MOTO GP
El escándalo comenzó a destaparse en enero de 2024 cuando la Policía Nacional de Bilbao detenía a Ana María Vicent y redactaba en abril del mismo año un atestado donde se recogían los casos de hasta una treintena de afectados por las agencias de viajes Aúpa Travel y el Grupo Furious, propiedad también de la misma mujer. Los agentes que elaboraron el atestado para la jueza que instruye el caso en Bilbao recogieron en su informe las opiniones en redes sociales de varias decenas de estafados presuntamente por la misma persona cuando contrataron un viaje con su empresa.
Las opiniones sobre estos viajes que incluían entradas para MotoGP fueron recogidas en una «diligencia de consulta sobre publicaciones en internet y la alarma social generada por la detenida» de doce folios. Los testimonios, como hacen constar los agentes se pueden consultar fácilmente en fuentes abiertas y afectan a «numerosas estafas y perjudicados en todo el territorio nacional». Algunos de estos textos fueron incluso transcritos literalmente para que la jueza pudiese adoptar las medidas oportunas contra Ana María Vicent, apodada la estafadora de MotoGP.
Para Ignacio Palomar, director del bufete Servilegal que representa la acusación particular en nombre de F.B., «este no es un simple caso de estafa, es una operación planificada al milímetro, con una ejecución fría y sistemática, que ha dejado a mi clienta no solo con un enorme perjuicio económico, sino también con una profunda herida emocional. Se ha aprovechado de la confianza, de la amistad, e incluso del afecto, para vaciar sus cuentas con falsas promesas de rentabilidad inmediata y negocios inexistentes».
«Estamos hablando de una persona que ha hecho del engaño un modo de vida. La acusada no solo tiene múltiples antecedentes por hechos similares, sino que su historial muestra una reincidencia alarmante. La prensa la ha bautizado como ‘la mayor estafadora de España’, y no es una exageración. La dimensión del daño que ha causado en todo el país es sencillamente escandalosa», añade Palomar.
Y explica la petición de nueve años de prisión porque «en este caso concreto, no hay ninguna duda: hay pruebas documentales, transferencias bancarias, conversaciones de WhatsApp, y hasta un justificante de ingreso completamente falso. Todo forma parte de un patrón delictivo perfectamente acreditado en la causa».
