Sobre las 12:00 hora del pasado miércoles una psicóloga de la cárcel de Sevilla II fue agredida por un interno cuando se encontraban a solas en una entrevista rutinaria de las que se llevan a cabo de manera habitual con los internos.
El episodio, calificado de «estremecedor episodio de violencia» en el módulo 8 del Centro Penitenciario de Sevilla II por parte del sindicato de prisiones ACAIP-UGT, sucedió cuando una trabajadora del centro, concretamente la psicóloga, fue brutalmente agredida por un interno identificado como J.M.P.S., quien actualmente cumple una medida de seguridad.
Durante una entrevista profesional, «el interno la atacó con extrema violencia: la golpeó con puñetazos y mordiscos en labios, nariz y orejas, le arrancó mechones de cabello, y la inmovilizó sobre una camilla, donde le realizó tocamientos íntimos mientras la amenazaba con violarla y secuestrarla. La rápida intervención, alertados por sus gritos, evitó consecuencias aún más trágicas», según relatan desde ACAIP.
Este individuo acumula un extenso historial de conductas violentas y de carácter sexual, incluyendo agresiones a funcionarios, masturbaciones públicas y exhibicionismo frente a trabajadoras. «A pesar de ello, se encontraba clasificado en un módulo de respeto, reservado teóricamente para internos con buena conducta. Esta decisión pone en evidencia fallos estructurales en el sistema de clasificación y gestión penitenciaria», dicen desde el mismo sindicato.
Por estos hechos, ACAIP «denuncia la irresponsable gestión penitenciaria que ha desembocado en una situación de creciente inseguridad. La presencia de internos peligrosos en módulos autogestionados y supuestamente seguros compromete gravemente la integridad física y psicológica del personal».
AGRESIONES SEXUALES EN SEVILLA II
Este no es un caso aislado. En el último año, en el CP Sevilla II se han registrado al menos 3 agresiones sexuales y múltiples casos de acoso a trabajadoras, sin que desde la Administración Penitenciaria se haya articulado una respuesta eficaz. La inacción institucional ha normalizado un escenario laboral de riesgo, especialmente para las mujeres profesionales.
En este sentido, cabe recordar que ACAIP-UGT elevó una consulta al Portal de Transparencia para conocer el número de denuncias por acoso, agresión o amenaza por razón de sexo sufridas por funcionarias de Instituciones Penitenciarias, así como las sanciones derivadas. La respuesta oficial fue que: «No existe posibilidad de hacer la explotación estadística solicitada, tal es, conocer cuántas de las denuncias de acoso, agresión o amenaza por razón de sexo sufridas por funcionarias de IIPP por parte de internos han terminado en sanción disciplinaria y cuántas han sido archivadas o inadmitidas, a través de las herramientas informáticas de esta Secretaría General», explica el sindicato.
Esta respuesta «evidencia la falta de voluntad y medios de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para abordar, prevenir y sancionar este tipo de conductas, lo que sitúa a las trabajadoras en una situación de vulnerabilidad institucionalizada», añaden.
Ante la gravedad de los hechos, ACAIP-UGT ha exigido una batería de mejoras para todas las prisiones de España: «Revisión urgente del sistema de clasificación interior, impidiendo la asignación de internos con antecedentes de violencia o acoso a módulos de respeto. Elaboración y aplicación de un nuevo protocolo de agresiones, que incorpore medidas preventivas, criterios claros de actuación y apoyo psicológico y jurídico para las víctimas. Dotación de botones de alarma o dispositivos de emergencia individuales para el personal que realiza entrevistas o intervenciones en solitario. Adecuación de los espacios destinados a entrevistas profesionales, garantizando la privacidad sin comprometer la seguridad ni la supervisión y reconocimiento del personal penitenciario como autoridad pública, con el principio de indemnidad y la implementación de mecanismos efectivos de protección, prevención y recuperación ante situaciones traumáticas.
Y añaden desde ACAIP-UGT que «trasladamos toda nuestra solidaridad, afecto y apoyo a la compañera agredida, deseándole una pronta y plena recuperación. Esta situación no puede repetirse. Proteger a quienes trabajan en los centros penitenciarios no es una opción: es una obligación del Estado».
