La política fiscal y la eficiencia en la gestión municipal se han convertido en el centro del debate en las últimas semanas en Alcobendas. A pesar de los anuncios de rebajas impositivas, la realidad parece ser otra para los ciudadanos, quienes enfrentan nuevas cargas y un deterioro en los servicios básicos, según denuncia el Grupo Municipal de Vox.
Recientemente, se anunció una aparente bajada de impuestos centrada en el impuesto de plusvalía, una medida calificada de «ridícula» por algunos sectores de la oposición. Aunque este tributo ha sido históricamente controvertido y se buscaba su eliminación por considerarse una «doble intrusión» fiscal, la reducción aplicada por el actual gobierno municipal ha sido mínima: apenas un 0.5%, dejando el tipo impositivo entre el 29% y el 30%. Esto se traduce, según los críticos, en un ahorro de tan solo 2 millones de euros en cuatro años para los contribuyentes, una cifra insignificante si se compara con la promesa inicial.
En contraste con esta «rebaja» simbólica, los ciudadanos han visto la imposición de una nueva tasa de basura, que generará 9 millones de euros adicionales en recaudación. El gobierno municipal atribuye esta medida a la influencia del «maligno Pedro Sánchez», una justificación que no convence a la oposición. Esta última argumenta que la tasa podría haberse retrasado hasta 2026 y que el ayuntamiento tenía margen para bajar otros impuestos municipales, de su exclusiva competencia, para aliviar la presión fiscal sobre autónomos y familias.
La situación se agrava al observar el incremento del 18% en la participación de los impuestos estatales que recibe el municipio. Aunque este aumento de ingresos proviene de lo que algunos denominan «achazos fiscales» del gobierno central, la crítica se centra en que, a pesar de este flujo adicional de dinero, no se ha traducido en una reducción de los impuestos locales. Los impuestos municipales como el IAE o el impuesto de vehículos, entre otros, se mantienen por encima de la media de la Comunidad de Madrid, evidenciando un «margen de bajada» que no se está utilizando, lo que sugiere una «decisión política» de mantener la presión fiscal.
SERVICIOS PÚBLICOS EN ENTRE DICHO
Más allá de la cuestión fiscal, la gestión de los servicios públicos municipales ha sido duramente cuestionada por parte de Vox. Entre las quejas destacan las acusaciones sobre la suciedad en las calles, que es constante. A pesar de la existencia de contratos de limpieza, la oposición denuncia una falta de supervisión y control.
Vox propone la implementación de «índices de calidad» objetivos, como la frecuencia de paso de camiones de limpieza o el cambio de contenedores, para asegurar el cumplimiento del servicio. La percepción general, incluso entre votantes del partido en el gobierno, es que las calles están «asquerosas» y que la suciedad simplemente se «mueve de un sitio a otro».
Por otro lado, esta el plan de asfaltado, prometido en 12 millones de euros a lo largo del mandato (3 millones anuales), ha sufrido un retraso considerable. Tras un año y medio «sin hacer nada», las obras no comenzaron hasta mayo de 2025. Los críticos señalan que el presupuesto se ha reducido de 12 a 8 millones de euros y lamentan el estado de las vías, con «baches en todas partes» que incluso representan un riesgo para la seguridad de los ciudadanos, como la situación en Antonio García de los Pinos, denunciada por un vecino.
Para Vox la gota que colma el vaso en esta situación es como se encuentra la plantilla de la policía local, que es otro punto crítico. De los 243 policías previstos en la relación de puestos de trabajo (RPT), solo hay 186 en activo, lo que supone un déficit de casi 50 agentes. A pesar de las mociones presentadas para la incorporación de nuevos efectivos, las promociones de empleo público no cubren las bajas, y la falta de horas extras y condiciones laborales atractivas lleva a que los agentes busquen oportunidades en otros municipios. Se exige una estrategia a medio y largo plazo para alcanzar el número de agentes necesarios y, a corto plazo, la «optimización» de la plantilla actual mediante el pago de horas extras y acuerdos con los sindicatos.
OPACIDAD EN LA GESTIÓN
La forma en que se elaboran y modifican los presupuestos municipales también ha generado controversia. La oposición critica la «prisa» con la que se aprueban los presupuestos iniciales, solo para luego incluir «millones de euros» adicionales que no estaban previstos.
Un ejemplo de esta supuesta «falta de gestión» se evidenció con la reciente inclusión de 6.354.000 euros para gastos de luz y gas de edificios municipales y colegios públicos, que, según el análisis de la oposición, deberían haber estado contemplados desde un inicio. Se alega que estas inclusiones tardías y la tardanza en el pago de facturas (algunas desde 2022) buscan «maquillar el presupuesto» y utilizar el «remanente de seguridad» para cubrir gastos ordinarios, en lugar de ser transparentes con los ciudadanos.
En resumen, el panorama actual en la gestión municipal, según la voz de la oposición, es de «continuidad de la dejadez» de gobiernos anteriores y un «desastre de gestión», marcado por una creciente presión fiscal y un deterioro en los servicios esenciales que afectan directamente la calidad de vida de los ciudadanos.
