El juez Juan Carlos Peinado, del juzgado de Instrucción 41 de Madrid, ha decidido la práctica de nuevas diligencias solicitadas por las acusaciones populares unificadas. Entre ellas los correos cruzados entre Google, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y su ayudante Cristina Álvarez. Otra de las pruebas que se pedían era el interrogatorio de la mesa de contratación de Red.es, que licitó los dos contratos cuyas cartas de recomendación firmó la esposa del presidente y es la base de la investigación. A la primera accede el juez y a la segunda dice que hay que esperar a la Fiscalía Europea. En cualquier caso, la batería de nuevas diligencias amenazan de nuevo a Begoña Gómez desde abril de 2024 cuando se inició la causa.
Hay que recordar que la esposa del presidente del Gobierno está acusada de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. «De las testificales, debidamente propuestas por la anterior dirección de esta Acusación Popular Unificada, de los miembros de la mesa de contratación de RED.ES en relación con el expediente 044-20/ED entendemos oportuno señalar su relevancia respecto al expediente mencionado, sobre todo a la vista del Informe de la Intervención General de la Administración del Estado, notificado en fecha 2 de junio de 2025 en el que se indican una serie de irregularidades respecto al expediente mencionado», solicitaban las acusaciones.
El juez dice en su auto de este lunes que «se debe esperar al informe que en su momento remita la Fiscalía Europea que ha sido solicitado por este Juzgado», ya que la parte de los contratos subvencionados con fondos europeos dependen de esa Fiscalía.
CORREOS CRUZADOS CON GOOGLE
Las acusaciones también pidieron «que se requiera a Google y en concreto al señor Rodríguez Bueno, que prestó testifical en estas diligencias en fecha 14 de mayo de 2025, los correos electrónicos que mencionó en su declaración con relación a los intercambiados entre él y las investigadas Gómez (Begoña) y Álvarez (Cristina) con relación al software. Asimismo, que se requiera la documentación que el propio Rodríguez Bueno señaló en su misma testifical que Google albergaba y que podría poner a disposición de la investigación». Esta diligencia la ha aceptado el juez en su totalidad porque «ambas son pertinentes y relevantes».
El pasado 15 de mayo Miguel Rodríguez Bueno, de Google, explicó que las reuniones con Begoña Gómez para patrocinar su cátedra se iniciaron en marzo o abril de 2022 y duraron hasta septiembre de ese año. Rodríguez recordó 3 reuniones presenciales, 2 en Google y 1 en Indra. El resto fueron online. En total hubo entre 30 o 35 reuniones no presenciales con Begoña Gómez y Blanca de Juan. En la primera fase de las mismas recuerda una docena también con Cristina Álvarez, trabajadora de Presidencia del Gobierno e imputada en la causa. Con Álvarez además el testigo refirió alguna llamada con «Cristina, vinculada al estado de los pagos de nuestros partners».
Rodríguez Bueno añadió que la colaboración llegó a través de Miguel Estassi, otro directivo de Google, que entró en contacto con la cátedra y después lo pasó al comité de Google encargado de la supervisión.
Sobre los 70 mil euros adicionales que Google aportó fueron destinados a la contratación de las empresas Devoteam y Making Science. Ese dinero en principio iba a dedicarse a la parte analítica digital pero se dieron cuenta de que faltaba un elemento nuclear: el módulo de administración no estaba desarrollado. «Informé a Estassi e internamente en Google se decidió ampliar el ámbito del trabajo», dijo Rodríguez.
LOS MAILS DE BEGOÑA GÓMEZ EN EL MASTER
Las acusaciones pidieron también «que se requiera a la Universidad Complutense de Madrid el volcado y contenido de correos electrónicos que se alberguen en la cuenta hola@transformacionsocialcompetitiva.com pues resulta clave para la investigación que se está llevando a cabo poder analizarlos». Hay que recordar que este correo pertenece al master de Transformación Social Competitiva (TSC) que la esposa del presidente del Gobierno codirigió en la Universidad Complutense.
En este punto el juez Peinado dice que «resulta procedente requerir a la Universidad Complutense para que proceda al volcado de los correos que se alberguen en la cuenta hola@transformacionsocialcompetitiva.com y remita al Juzgado el contenido de los mismos para facilitar un eventual análisis, en su caso».
«REQUERIMIENTO TÉCNICO PARA DELOITTE, MINDSAIT, TELEFÓNICA, GOOGLE, FLAT101 Y DEVOTEAM»
Los abogados de las acusaciones pedían un «requerimiento técnico para que las empresas colaboradoras con la cátedra en la creación y desarrollo del software, Deloitte, Mindsait (Indra), Telefónica, Google, Flat101 y Devoteam, que aporten de los códigos fuente, ejecutables, repositorios, desarrollos o entregables digitales, a fin de permitir su análisis por expertos independientes en el marco de un eventual informe pericial informático». Peinado lo considera «útil al buen fin de las presentes prácticas».
La última diligencia aceptada por el juez Peinado y pedida por los abogados de las acusaciones era un «requerimiento a Arys Internet SL para que aporte documentos relativos al registro de la plataforma. (…) Dicha diligencia ya fue solicitada en nuestro escrito de 4 de Noviembre de 2024». Entonces el juez no la aceptó pero ahora sí lo ve pertinente.
El juez rechaza en el mismo auto el resto de peticiones realizadas el pasado 7 de julio, entre ellas una petición para que la UCO interviniese varias cuentas de correo de Begoña Gómez y otros de presidencia del Gobierno y que se tomase declaración a dos decenas de personas, entre ellos a Manuel de la Rocha, Secretario de Estado y Director de la oficina de Asuntos Económicos y G20 en Presidencia de Gobierno y a José Bogas, Consejero Delegado de Endesa, entre otros.
