El ministerio del Interior celebra la bajada del 2,70% en el total de infracciones penales desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, pero esta celebración ha sido empañada por el grito de alerta que lanzan los policías que luchan diariamente contra el delito. Quizás los datos generales digan que la delincuencia baja, pero los homicidios subieron un 68%, los delitos contra la libertad sexual un 80% y las violaciones un 276% en el mismo periodo.
La comparativa se ha hecho con los datos anuales de 2024 respecto a los del año 2017. Pero «según datos oficiales recogidos entre 2017, última serie anual con el anterior Gobierno y 2024, último informe anual completo, el incremento de ciertos delitos de especial gravedad es indiscutible», explican desde el sindicato Jupol, mayoritario entre los agentes de policía.
La comparativa incluso con datos oficiales no resiste el discurso, ya que, por ejemplo «los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa han aumentado un 68%. Los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria han crecido un 62,73%. Los secuestros se han incrementado en más del 52%. Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual han aumentado en un preocupante 80,96%, con un pico dramático del 276,70% en el caso de las agresiones sexuales con penetración y el tráfico de drogas ha subido un 66,17%».
Entonces, ¿cómo es posible que el índice total haya descendido un 2,70%? Porque han bajado los robos en domicilios, la sustracción de vehículos y el robo en empresas. Todo ello gracias al incremento de medidas de seguridad disuasoria como alarmas, puertas blindadas o vigilantes de seguridad privada.
POLICÍAS EXPLICAN LOS DATOS
Pero los datos en realidad desmontan por completo el relato de que la seguridad en España ha mejorado. Al contrario, estamos asistiendo a una progresiva degradación de la seguridad ciudadana, especialmente en lo que respecta a los delitos más violentos y lesivos para las personas. «Queremos denunciar que la falta de medios, la escasa reposición de efectivos, la ausencia de políticas de prevención eficaces y el debilitamiento institucional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están detrás de esta peligrosa tendencia», dice Jupol.
Además, Jupol exige «la actualización inmediata del Catálogo de Puestos de Trabajo de la Policía Nacional, que permanece congelado desde el año 2008. Esta dejadez institucional no solo afecta a la operatividad del cuerpo, sino que impide una adecuada planificación de recursos humanos, perjudica la carrera profesional de los agentes y lastra el funcionamiento eficaz de nuestras unidades».
Los policías llevan ya tiempo alertando de la pérdida del principio de autoridad, «un fenómeno que se ha agravado en los últimos años por la falta de respaldo legal y político a la labor policial», añaden y por eso desde exigen al Gobierno «la puesta en marcha de medidas legislativas y jurídicas contundentes que restauren el respeto institucional y social hacia los agentes de la Policía Nacional, incluyendo reformas que refuercen la protección legal frente a las agresiones, las amenazas y las campañas de descrédito. El ministerio del Interior vive completamente alejado de la realidad que afrontan a diario los agentes en las calles».
Mientras en localidades como Torre Pacheco, Aranda de Duero y tantas otras se viven situaciones gravísimas de inseguridad y violencia, «el ministro del Interior prefiere mirar hacia otro lado y dar la espalda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, eligiendo en su lugar posar en el palco de autoridades de la Final de Wimbledon. Una imagen que resume con claridad la falta de compromiso institucional con la seguridad y con quienes la garantizan cada día sobre el terreno. Mientras Interior celebra una supuesta bajada del 2,70% en el total de infracciones penales -una cifra maquillada por la disminución de hurtos y robos-, se ignora deliberadamente que los delitos que más afectan a la integridad física, psicológica y sexual de las víctimas están creciendo de forma descontrolada», añaden desde Jupol.
Por ello los policías exigen al Gobierno y al Ministerio del Interior «una rectificación inmediata de su discurso, el reconocimiento del grave deterioro de la seguridad pública y la puesta en marcha urgente de un plan integral de refuerzo policial, judicial y legislativo. Porque la seguridad no se construye con propaganda, sino con hechos, recursos y respeto a quienes la garantizan día a día», concluyen.
