Cientos de funcionarios de prisiones se han concentrado durante la mañana de este martes a las puertas de todos los centros penitenciarios españoles que dependen de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior y frente a la delegación del Gobierno en Sevilla en protesta por la agresión sexual sufrida por una psicóloga en el Centro Penitenciario de Sevilla II (Morón de la Frontera).
Los hechos tuvieron lugar el pasado 8 de julio, durante una entrevista profesional, cuando un interno con antecedentes de violencia y agresiones sexuales, atacó con extrema brutalidad a la trabajadora, propinándole puñetazos, mordiscos, arrancándole mechones de pelo y realizándole tocamientos sexuales mientras la amenazaba con violarla y secuestrarla. Solo la rápida intervención evitó un desenlace peor.
Este interno, pese a su evidente peligrosidad, se encontraba inexplicablemente clasificado en un módulo de respeto, reservado en teoría para reclusos con buena conducta. Una decisión calificada por el sindicato ACAIP-UGT, convocante de las concentraciones junto a CSIF, de «absolutamente irresponsable por parte de la Administración Penitenciaria».
Desde ACAIP-UGT y CSIF «consideramos que se trata de un fallo en cadena provocado por una negligencia institucional. El historial del interno era conocido, y se había solicitado hasta cuatro veces su traslado al Hospital Psiquiátrico Penitenciario, denegado por los Servicios Centrales de Instituciones Penitenciarias. Solo tras la agresión y la repercusión mediática, se autorizó finalmente».
LAS PRISIONES SON PELIGROSAS
Asimismo, la «dirección del Centro Penitenciario de Morón permitió que el interno pasara por distintos módulos a pesar de múltiples incidentes graves, hasta acabar alojado en un módulo de respeto. Recordar estos módulos se caracterizan por un perfil poco conflictivo y un régimen de vida más laxo», añaden desde el mismo sindicato.
Y recuerdan que «no nos encontramos ante un hecho aislado. En Sevilla II, en el último año, ya se han registrado al menos tres agresiones sexuales y múltiples episodios de acoso a trabajadoras, sin que desde la Administración se haya adoptado ninguna medida estructural».
A esta escalada se suma un dato alarmante: en las prisiones españolas se produce una agresión cada 16 horas, y «la respuesta institucional ha sido la pasividad y el maquillaje estadístico», añaden.
En una reciente consulta a Transparencia la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias aseguró que ni siquiera dispone de datos estadísticos sobre denuncias de agresiones o acoso sexual por parte de internos a funcionarias. La invisibilización de estas agresiones es otra forma de violencia institucional. Los sindicatos convocantes de la protesta, ACAIP-UGT y CSIF, han trasladado hoy un escrito a la administración exigiendo «el cese inmediato de los que consideran responsables directos de esta cadena de negligencias», a quienes ponen nombres y apellidos: «Don Miguel Ángel Vicente Cuenca (Director General de Ejecución Penal), Doña Carmen Martínez Aznar (Subdirectora General de Sanidad Penitenciaria), Don Ángel Rodríguez (Director de Sevilla II) y Don Mario Moreno Martín-Bejarano Subdirector de Seguridad del centro penitenciario», señala ACAIP en un comunicado.
Desde el mismo sindicato piden también que se apliquen una serie de medidas, como «la revisión urgente del sistema de clasificación interior, impidiendo que internos con antecedentes violentos o sexuales accedan a módulos de respeto. La implementación de un nuevo protocolo de agresiones que contemple prevención, respuesta rápida, y apoyo psicológico y jurídico a las víctimas. La dotación de botones de emergencia o dispositivos de alarma personales para el personal que realice entrevistas o intervenciones en solitario».
También solicitan desde ACAIP, «la adecuación de espacios de trabajo para que no se comprometa la seguridad del personal y el reconocimiento legal del personal penitenciario como agente de la autoridad, con garantías de indemnidad y respaldo institucional».
ACAIP-UGT y CSIF denuncian que los hechos de Sevilla II no son una excepción, sino el resultado de una política penitenciaria «buenista, opaca e irresponsable, que pone en peligro real a los trabajadores. Se está anteponiendo el maquillaje de datos a la seguridad real en los centros».
