La temida multa por no notificar un cambio de domicilio a la DGT que puede llegar a 80€ y que muchos desconocen se ha convertido en una de las sanciones más comunes y, paradójicamente, más fáciles de evitar. En el ajetreo que supone una mudanza, entre cajas, nuevos contratos de suministros y la adaptación a un nuevo entorno, actualizar los datos en el carnet de conducir o en el permiso de circulación del vehículo suele quedar relegado al final de una larga lista de tareas pendientes. Sin embargo, para la administración, este olvido no es un asunto menor, ya que, la Dirección General de Tráfico no perdona los despistes que pueden comprometer la comunicación oficial con el conductor, y aplica el reglamento con rigor.
Este simple descuido administrativo abre la puerta a un escenario mucho más complejo que el mero pago de una sanción económica. La importancia de tener la dirección actualizada va más allá de cumplir con una obligación burocrática; es la garantía de que cualquier notificación relevante, desde la renovación de la ITV hasta la comunicación de una infracción grave, llegará a su destinatario. No recibir estas notificaciones no exime de responsabilidad, y lo que comienza como un trámite olvidado puede derivar en, una cadena de problemas que pueden acabar costando mucho más que el importe inicial de la multa, generando un embrollo legal y financiero que nadie desea.
3¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE REAL? EL CONDUCTOR, EL PROPIETARIO Y EL LABERINTO LEGAL
Una de las dudas más frecuentes es sobre quién recae la obligación de notificar el cambio. La respuesta es clara y no admite interpretaciones: la responsabilidad es siempre del titular del vehículo que figura en el permiso de circulación. Esto es crucial en casos de vehículos compartidos o familiares. Si el coche está a nombre de un padre pero lo conduce habitualmente su hijo que vive en otro domicilio, independientemente de quién sea el conductor habitual del vehículo, las notificaciones se seguirán enviando a la dirección del titular registral. Cualquier sanción, por tanto, llegará a la casa paterna, con el riesgo de que no sea comunicada a tiempo al infractor real.
En el caso de los vehículos de empresa o ‘leasing’, la situación se complica, pues aunque la notificación de una multa llegará a la sede de la compañía, esta tiene la obligación de identificar al conductor responsable en el momento de la infracción. Si la empresa no localiza al empleado por un cambio de domicilio no comunicado internamente, el problema puede escalar. La compañía podría enfrentarse a sanciones por no identificar al conductor, costes que posteriormente repercutirá en el trabajador. Se crea así un complejo entramado donde, la comunicación fluida entre empresa y empleado es vital para evitar problemas mayores, que van más allá de una simple sanción de tráfico.
