El pasado 15 de julio un procurador presentaba ante el Tribunal Supremo un «escrito interesando la personación en la presente causa en representación de D. Segundo Sigifredo Valle Cortez, paso a dar cuenta al Excmo. Sr. Magistrado Instructor». Segundo Valle es un empresario peruano que administró la Fundación Fiadelso del ex ministro José Luis Ábalos en Chimbote (Perú) y el edificio allí construido.
Cuando estalló el Caso Koldo Segundo Valle denunció en la embajada española a José Luis Ábalos por corrupción, en concreto por poner a su nombre el edificio construido en Chimbote (Perú) con ayudas públicas. El nombre del empresario y su caso se hicieron públicos después de que el diario El Debate lo encontrase y entrevistase en aquel país.
El empresario declaró que Ábalos le pedía inflar los contratos públicos españoles y después le pedía comisiones que el empresario llegó a cifrar «hasta del 50%». Evidentemente Ábalos negó estos hechos en sede judicial y explicó que puso el edificio a su nombre por una cuestión técnica que dificulta poner inmuebles a nombre de fundaciones en Perú. También calificó a Valle como «delincuente que encabeza un grupo de okupas», en relación a que la sede de Fiadelso en Chimbote fue okupada.
DENUNCIADO POR ÁBALOS
Efectivamente Segundo Valle fue denunciado en 2019 por okupar el edificio de Fiadelso en Chimbote e iniciar un proceso de desocupación. El inmueble se construyó como centro social polivalente en la Avenida Pelícano de la ciudad de Nuevo Chimbote y fue cedido al ayuntamiento para su uso después. Actualmente hay una especie de limbo legal emanado de una disputa entre el propio Ábalos y Valle.
El edificio dejó de funcionar para Fiadelso en 2016. El propio Ábalos lo explicaba en su cuenta de Twitter: «Una persona que en origen estuvo vinculada a la Fundación en Perú promovió una ocupación del edificio aprovechando la situación de extinción que atravesaba la Fundación. El único que podía invocar derechos para acometer la desocupación era yo y procedí a apoderar a una colaboradora en Perú que pudo conseguir la desocupación». Así fue y el edificio fue desocupado.
Pero tras la penúltima declaración en el Supremo de Ábalos, Segundo Valle manifestó públicamente su intención de declarar en España ante el Tribunal Supremo o la UCO, que ejerce de Policía judicial en el caso, porque «no tengo miedo a Ábalos. Si tengo que dejar mi vida por la causa de decir la verdad ahí estoy. Yo estoy dispuesto a aclarar y demostrar con pruebas ante las autoridades españolas que el comportamiento de ellos ha sido delincuencial. No me he entregado a su causa y no me van a intimidar», afirmó. Ahora, de momento, ha pedido personarse en la causa como acusación, aunque el instructor podría negarle esta condición y facilitarle la de testigo contra el ex ministro.
El conflicto surgió cuando, según Valle, Ábalos supuestamente intentó vender la sede de Fiadelso por 1,2 millones de dólares, en 2019, recurriendo para ello al empresario Claudio Rivas, imputado en la trama Hidrocarburos y a Koldo García, su asesor de confianza en el ministerio.
En la denuncia presentada ante la Embajada española en Perú, que nunca dio traslado de la misma a las autoridades españolas el empresario explicaba que se «están destruyendo pruebas» del paso de Fiadelso por Perú. En marzo de 2025 Valle presentó una denuncia por amenazas telefónicas tanto a él como a su familia en Perú, surgidas al parecer tras sus declaraciones en televisión.
Pero la relación entre Ábalos y Valle fue muy cercana, tanto que José Luis Ábalos y su esposa de entonces, África Martínez, fueron padrinos de boda del empresario en 1997. El trabajo de Valle en Perú consistía en presentar proyectos destinados a poblaciones vulnerables. Luego Ábalos, supuestamente, procedía a buscar la financiación para los proyectos en cuestión.
Lo que Valle relató en su momento es que Ábalos le exigía una comisión del dinero logrado y en una entrevista a El Debate comentó que «tuve inconvenientes con Ábalos porque primero me exigía comisiones del 20 %, después de 30% y del 35% y luego del 50%. Yo tenía cierta dificultad porque Ábalos me empezó a parecer una persona que no era solidaria, sino que usaba la institución y me usaba también para quedarse con fondos. Me inducía a que yo también me quedara con fondos y que me volviera un delincuente con él». Ahora, si el Supremo lo permite podrá aportar todas las pruebas que considere necesaria para probar esas presuntas mordidas.
