El Gobierno ha decidido ganar tiempo y seguir negociando con los grupos y sectores implicados para recabar apoyos para hacer efectiva la reducción de la jornada laboral a 37,5 semanales después de que Junts per Catalunya se haya mantenido firme con su enmienda a la totalidad por el grave impacto que considera que tendría para el tejido de pymes y autónomos catalanes.
Este mismo martes, los equipos negociadores de Junts y del Ministerio de Trabajo y Economía Social se han reunido para seguir evaluando posibles acercamientos y, visto el estado de las negociaciones, el Gobierno ha decidido ganar tiempo, sin fijar fechas, para buscar puntos de encuentro para hacer realidad la reducción de jornada laboral, el derecho a la desconexión y un mayor control del registro de jornada.
Desde que el Gobierno dio luz verde a la medida, la posición de Junts ha sido firme con la negativa a apoyar una norma que cree que ha dejado “absolutamente de lado a la pequeña y mediana empresa, a la clase mediana catalana y a los trabajadores de Cataluña”. Cuando el partido independentista presentó la enmienda a la totalidad ya reclamó abrir un diálogo real y riguroso para evaluar todas las implicaciones de una reforma de envergadura, con un enfoque equilibrado y gradual y que dé respuesta a las distintas realidades, según constataron.
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha recordado, en varias de sus intervenciones, que la norma solo ha contado con el apoyo de los sindicatos españoles y no ha tenido en consideración las peticiones que ha formulado varias organizaciones empresariales, como Pimec o Femcat, muy críticas con la falta de diálogo social.
La vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, ya anticipó también este martes que el debate sobre la reducción de la jornada con los grupos debe darse “en las condiciones más favorables posibles”.
