La promesa de una extensa garantía se ha convertido en uno de los reclamos más poderosos en el competitivo mercado de la electrónica y los electrodomésticos, un argumento de venta casi infalible que susurra confianza al oído del consumidor. Cuando un fabricante estampa un sello de cinco, diez o incluso veinte años de cobertura en su producto, parece estar firmando un pacto de durabilidad y fiabilidad. Sin embargo, detrás de esta fachada de seguridad se esconde a menudo un laberinto de cláusulas y exclusiones. Es una tranquilidad que, en muchas ocasiones, resulta ser un espejismo cuidadosamente construido por los departamentos de marketing, más que un compromiso real con el consumidor. La realidad contractual que subyace a estas ofertas puede ser muy distinta a la imagen que proyectan, convirtiendo la solución a un problema en el inicio de otro.
Esta estrategia comercial, perfectamente legal, se aprovecha del desconocimiento general sobre la normativa vigente y de la natural aversión a leer la letra pequeña. La mayoría de los compradores asume, de forma errónea, que una garantía extendida es simplemente una prolongación de las mismas condiciones que amparan al producto durante su periodo legal obligatorio. Nada más lejos de la verdad. Los fabricantes juegan con nuestras expectativas, ofreciendo un señuelo que desvía la atención de las limitaciones reales del servicio, una estrategia que conviene conocer a fondo antes de tomar una decisión de compra. Entender la diferencia fundamental entre la protección que nos otorga la ley y los compromisos voluntarios que adquiere una marca es la única herramienta para no caer en una trampa que puede acabar costándonos tiempo y, sobre todo, dinero.
3LA LETRA PEQUEÑA: EL COSTE OCULTO DE LA REPARACIÓN
Aquí es donde la trampa se hace evidente. La inmensa mayoría de estas garantías comerciales extendidas, que tan atractivas resultan en el momento de la compra, esconden una exclusión crucial: la cobertura se limita exclusivamente a ciertas piezas o componentes, dejando fuera los dos elementos más costosos de cualquier reparación. El ejemplo más común es el motor de una lavadora o el compresor de un frigorífico. El fabricante se compromete a proporcionar la pieza de recambio sin coste si falla después del cuarto año, pero el consumidor debe abonar íntegramente los honorarios del técnico que la instala y los gastos de su desplazamiento, unos importes que, en la práctica, pueden superar con creces el valor de mercado de la propia pieza.
Esta situación transforma lo que parecía una solución gratuita en una factura inesperada y, a menudo, elevada. El consumidor, confiado en su cobertura de cinco o diez años, se encuentra con que debe pagar, por ejemplo, ochenta o cien euros por la intervención del servicio técnico oficial para sustituir una pieza que quizás solo vale veinte. La palabra garantía pierde así gran parte de su significado protector, convirtiéndose en una cobertura parcial que puede generar una profunda sensación de engaño y frustración en el cliente, quien descubre de la peor manera posible que la protección total que imaginaba no era más que un espejismo con condiciones muy específicas.
