El auto del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona levantando el secreto de sumario impuesto en 2018 ha supuesto una auténtica bomba en el mundo económico y financiero español en un momento que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez se encuentra cercado por varias causas judiciales abiertas. La causa afecta al ex ministro de Hacienda Cristobal Montoro durante el último gobierno de Mariano Rajoy.
El auto explica que el juzgado ha investigado la «existencia de posibles pagos a la mercantil Equipo Económico (EE) a fin de obtener modificaciones legislativas favorables para las empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (Afgim)». El juez acusa a 28 personas en total, nueve del equipo de Montoro, de presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
El 2 de agosto de 2018, ya sin el PP en el Gobierno, las investigaciones se declararon secretas y el auto del juez Rubén Rus destaca que «el resultado de las diligencias llevadas a cabo, pone de manifiesto, la existencia de una organización, en la que muchos de los intervinientes habrían desempañado altos cargos en el Gobierno y la Administración Central, desde donde habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico. Así, a cambio de importantes pagos, y con presunto abuso del ejercicio de la función pública, intervienen de forma decisiva en reformas legislativas, con el fin de que éstas se desarrollen conforme a los intereses de sus clientes, quienes con anterioridad y a pesar de haberlo intentando, no han podido obtener las reformas pretendidas, de manera que para obtenerlas deben acudir a la mencionada organización».
Es decir, que Equipo Económico (EE) habría ejercido actividades de lobby en el ministerio de Hacienda para lograr favorecer a sus clientes, empresas de Afgim. «Esa trama, organización u operativa, gira en torno a la mercantil Equipo Económico (EE) (antes Montoro Asociados y actualmente Global Afteli) así como en torno a los socios de hecho o de derecho de la misma», refleja el auto de 19 de julio de 2025.
«CONTRATARON A EE A FIN DE QUE HICIESE USO DE SU RED DE INFLUENCIAS»
Las investigaciones se centraron en las relaciones entre EE y las empresas gasistas englobadas en la Afgim (Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair y Carburos Metálicos). Según el juez, estas investigaciones revelaron que, «hasta en dos ocasiones las gasísticas englobadas en la Afgim, contrataron a EE a fin de que hiciese uso de su red de influencias con el fin de que se llevasen a cabo reformas legislativas en consonancia con sus pretensiones».
El modus operandi habría sido el intento de estas empresas para que se estableciese una legislación «en base a sus intereses, acudiendo a diferentes consultoras, todo ello sin obtener resultados satisfactorios, encontrándose con la negativa de la Administración para introducir las reformas pretendidas. Ante dicha negativa, se acude a EE, que, en poco tiempo, y sin causa aparente, consigue que las reformas legislativas se desarrollen ateniendo a las peticiones de la Afgim, que incluso llega a redactar los textos legales, todo ello mediante el pago de importantes desembolsos». Este dinero siempre habría ido a Equipo Económico, nunca a los miembros del gabinete de Montoro.
En la primera ocasión la Afgim, según el auto, acudió a Equipo Económico para obtener «una modificación legislativa con la finalidad de obtener una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad». Para probar la intervención de EE, el juez pone por ejemplo que también la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) como la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege) intentaron «que se incorporase a las ASU’s entre aquellos sectores que iban a beneficiarse de la rebaja impositiva» y explica el juez que «etas empresas vehicularon su pretensión vía propuesta de mejora a la enmienda Enmienda número 80 presentada por el Grupo Parlamentario Popular e incluso remitiendo una carta a la Secretaría de Estado de Hacienda, interesando que la asociación fuese incluida en este beneficio fiscal. Sin embargo, no se atiende a sus pretensiones».
«Como se desprende de los correos intervenidos y tal y como consta en las actuaciones, la Afgim tras no obtener las reformas pretendidas, decidió cambiar su estrategia y decide contratar a EE, a sabiendas, como así se dice en uno de los correos intervenidos, que se trata de un gabinete económico que tuviese acceso al Ministerio de Hacienda para conseguir esta reducción impositiva», justifica el auto judicial.
Pero la Afgim no se limitó a contrata a Equipo Económico, según las investigaciones, sino que de forma paralela contrató a la conocida consultora Ernest&Young (EY), «con la finalidad de que hiciese el trabajo efectivo con el que ocultar presuntamente la falta de consistencia del informe elaborado por EE (y ello porque los pagos que Afgim realiza a EE lo son aparentemente para la elaboración de dicho informe); a pesar de la diferencia entre los informes elaborados por EY y EE es abrumadora la diferencia de facturación entre ambas».
CAMBIAR LA LEY A TRAVÉS DE MONTORO
Según el auto, tras intervención de EE se logró la pretensión de las gasísticas a través de la Ley 28/2014 y el RD 1074/2014. «Con estas reformas, se modifica el criterio que, hasta entonces utilizaba el Secretario de Estado de Hacienda para justificar la negativa a las pretensiones de las gasísticas. Es llamativo dicho cambio de criterio en tan breve periodo de tiempo, período en el que no se produce una modificación sustancial del marco económico presupuestario que justificase dicho cambio».
Tiempo después «se produce una segunda vinculación contractual entre la AFGIM y EE, que se traduce en una rebaja fiscal a las gasísticas en el IAE a través de la modificación en 2018 del RDLeg 1175/1990. Se vuelve a reproducir el mismo esquema que en el supuesto anterior», añade el juez.
Para conocer los antecedentes hay que remontarse hasta abril de 2015 cuando la Afgim «crea un grupo de trabajo ad hoc para volver a plantear una nueva consulta vinculante que les sirviese para homogeneizar la tarifa del IAE que se aplicaban las diferentes plantas. Como consecuencia de ello, la Dirección General de Tributos emitió dos consultas vinculantes en contra de los intereses de las gasistas», continúa.
Tras ello, «se producen una serie de comunicaciones entre EY y los miembros de la Afgim. De tales comunicaciones resultan dos escritos presentados ante el Director General de Tributos y el Subdirector General de Tributos Locales, en ellos se recogía la argumentación de por qué algunas de las actividades desarrolladas por los miembros de la AFGIM deben estar incluidas en el epígrafe 251.3 del RDLeg 1175/1990, finalizando el texto con la propuesta de redactado de los epígrafes en discordia, elaborada por la AFGIM. Todo ello resultó en vano. Solo con la intervención de EE, mediando pago, culminaron con éxito las reclamaciones de las gasísticas, mediante la modificación del IAE a través la ley 6/2018, de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado que modificó el Real Decreto Legislativo 1175/1990. Es en febrero de 2017 cuando entra en escena EE». añade el juez.
Según los investigadores, queda de manifiesto que fue la propia Afgim «la que redactó, y a través de EE, hizo llegar a la Subdirección General de Impuestos Locales de la Dirección General de Tributos, la propuesta de redacción de los epígrafes en discordia, y, no solo eso, sino que el texto aportado por la AFGIM se corresponde exactamente con el que acabaría recogiendo la Ley 6/2018 de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018».
En el período 2011-2019, según el modelo 347 presentado por EE, los pagos recibidos por las gasísticas alcanzaron los 779.705 euros, «teniendo en cuenta además que los informes técnicos encargados con la finalidad de argumentar sus pretensiones ante el poder público son elaborados por terceras instancias (EY) y en el mejor de los casos retocados por EE, a pesar de ello las minutas del despacho investigado pueden multiplicar por diez lo cobrado por las consultoras que confeccionan los informes», concluye.
Esta circunstancia permitió a las gasistas colaborar activamente en la redacción del proyecto que dio origen a la Ley 28/2014 y posteriormente en la Ley 6/2018, interviniendo AFGIM a influencias en el desarrollo reglamentario de las mismas, como así se desprende de los correos intervenidos. presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios, y falsedad documental.
CRISTOBAL MONTORO
El auto dice que Montoro es el «socio fundador, Presidente y consejero de Equipo Económico hasta abril de 2008. Ocupó el cargo de Ministro de Hacienda en los años en los que se tramitaron las normas de referencia, ejerciendo las más altas funciones y competencias decisivas en dicha tramitación. Presuntamente, hace uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio, lo que presuntamente aseguraría una ganancia al despacho EE».
Según el juez, «el uso de tales potestades habría permitido a EE poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público. Se ha constatado, que el investigado ha nombrado entre sus altos cargos a personas estrechamente vinculadas al despacho EE, lo que aseguraría que la elaboración y tramitación de los textos de los anteproyectos de Ley y proyecto de Reglamentos se redactasen “a demanda” de las mercantiles investigadas, tras aceptar aquellas pagar por ello».
MIGUEL FERRÉ
Fue secretario de Estado de Hacienda en el período 2011-2016, nombrado a propuesta de Cristóbal Montoro por RD 1948/2011, de 30 de diciembre.
«Consta en las actuaciones su relación con EE y con otras empresas vinculadas a esta. Ostenta uno de los cargos decisivos para que los textos de los Anteproyectos de ley y Proyectos de Reglamento a elevar recogieran las pretensiones concertadas con las gasistas como evidencian los correos intervenidos en la causa, en los que se le menciona reiteradamente», dice el juez.
Uno de los indicios sería «la misiva que remite, con fecha 16 de octubre de 2013, al Director General de la Feique en la que le expone las razones por las que no cabe atender a sus pretensiones. Estas razones desaparecen unos meses más tarde, coincidiendo con la intervención de EE, una es contratada por las gasistas, durante la tramitación y aprobación por la vía de urgencia de la Ley 28/2014, de 27 de noviembre. Poco antes de iniciarse la tramitación de dicha Ley, se reúne con las gasistas».
PILAR PLATERO
Subsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos entre 2011-2016 nombrada a propuesta de Cristóbal Montoro por RD 1853/2011, de 23 de diciembre. Fue consejera y administradora de EE.
«Indiciariamente habría participado en los hechos investigados al ostentar uno de los cargos decisivos para que los textos de los Anteproyectos de ley y Proyectos de Reglamento recogieran las pretensiones concertadas con las gasísticas», dice el juez.
Y el auto añade que «este hecho se manifiesta especialmente relevante si se tiene en cuenta que la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas/Función Pública, es el órgano encargado del impulso y la coordinación normativa. Además, de esta Subsecretaría depende la Secretaría General Técnica, órgano responsable de la emisión del informe preceptivo al anteproyecto/proyecto normativo, en los casos que vienen señalados en el art. 22.2 y 24.2 de la Ley 50/92».
FELIPE MARTÍNEZ
Subsecretario de Hacienda y Función Pública nombrado por Cristóbal Montoro por RD 558/2016, de 25 de noviembre de 2016.
Desde el inicio de la legislatura, Felipe Martínez ocupó puestos de máxima confianza del Ministro de Hacienda, inicialmente como su Director de Gabinete (RD 1854/2011, de 23 de diciembre) y posteriormente como Subsecretario, en sustitución de Pilar Platero.
«Indiciariamente habría participado en los hechos investigados al ostentar uno de los cargos decisivos para que los textos de los Anteproyectos de ley y Proyectos de Reglamento recogieran las pretensiones concertadas con las gasísticas», dice el juez sobre él.
DIEGO MARTÍN-ABRIL
Director General de Tributos entre enero de 2012 y diciembre de 2016, nombrado por Cristóbal Montoro por RD 124/2012, de 13 de enero.
Según el juez, «habría participado activamente en los hechos investigados ostentando uno de los cargos decisivos para que los textos de los Anteproyectos de ley y Proyectos de Reglamento recogieran las pretensiones concertadas con las gasísticas como evidencian los “mails” intervenidos en la causa».
Ostentó la condición de Director General de Tributos (DGT) en la fecha de aprobación de la reforma de la Ley y Reglamento del IIEE, «siendo el interlocutor con EY en el periodo de tiempo en que la AFGIM intentaba la modificación de los epígrafes del IAE, tal y como consta en las comunicaciones analizadas, constando numerosos mensajes dirigidos a su persona», dice el juez.
Para Rubén Rus, estaría «ostentando la dirección de la DGT, y de forma coetánea a la aprobación de la ley que modificó el IEE, se produjeron reuniones con altos cargos de la DGT y la AEAT en aras a lograr que la redacción del citado RD que modificó el Reglamento de IIEE no exigiera la aportación de registros que permitieran controlar si las gasísticas cumplían o no el requisito legal que obligaba a que los costes de la electricidad superaran el 50% del coste de producción».
JOSÉ ALBERTO GARCÍA
Director General de Tributos entre 2016 y 2018, nombrado en sustitución de Diego Martín-Abril por Cristóbal Montoro por RD 615/2016, de 2 de diciembre. «Ocupó uno de los cargos decisivos para que los textos de los Anteproyectos de ley y Proyectos de Reglamento recogieran las pretensiones concertadas con las gasísticas como evidencian los “mails” intervenidos en la causa. Ostentó el cargo de Director General de Tributos en la fecha de aprobación de la reforma de la LGPE que modificó los epígrafes del IAE», dice el juez.
La acusación se apoyaría en que «bajo su mandato y una vez que entró en escena EE, el Subdirector General de Tributos Locales, en contra de lo expresado en anteriores ocasiones, consideró viable introducir la modificación del IAE en la Ley de Presupuestos para el año 2018».
Por último, se da la circunstancia de que en septiembre de 2018 pasó a ser socio de EY, «la consultora que intervino en los hechos investigados y que se prestó a participar en los supuestos trabajos técnicos de aparente soporte para las citadas reformas legales de favor. Esta contratación generó cierta polémica y tuvo una cierta repercusión mediática», dice el auto judicial.
ÓSCAR DEL AMO
Subdirector General de Tributos Locales nombrado por Orden EHA/1250/2011, de 6 de mayo. «Ocupó uno de los cargos decisivos para que los textos de los Anteproyectos de ley y Proyectos de Reglamento recogieran las pretensiones concertadas con las gasísticas como evidencian los correos intervenidos en la causa. Ostentó el cargo de Subdirector General de Tributos Locales durante el mandato tanto de Diego Martín-Abril como de José Alberto García y, por ende, en la fecha de aprobación de la reforma de la LGPE que modificó los epígrafes del IAE», dice el juez.
Y añade en la acusación que «firmó la Consulta Vinculante de la DGT nº V3315-15, cuya modificación poco tiempo después provocó la contratación de EE. Los correos intervenidos, revelan que mantuvo contacto y reuniones con las gasistas, en las que les comunica la imposibilidad de atender a sus pretensiones respecto de la modificación de los epígrafes del IAE. Poco después y tras la intervención de EE, se producen nuevos contactos y reuniones, esta vez, las gasistas sí lograron la reforma legal pretendida».
Óscar del Amo fue destituido este pasado viernes por el ministerio de Hacienda, donde seguía prestando sus servicios como subdirector General de Tributos.
ROGELIO MENÉNDEZ
Asesor del Gabinete del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas entre el 2013 y 2015. «Interviene en una reunión celebrada el 4 de marzo de 2014 entre el Ministro Montoro y representantes de la Afgim. Tal circunstancia revelaría un conocimiento directo no solo de los motivos e intenciones de la convocatoria de tal reunión sino también de su estéril contenido, de sus participantes, de su resultado, así como del grado de intervención del Ministro en el asunto de referencia, de lo cual razonablemente pudiera haberse dejado constancia en su buzón de correo electrónico», explica el auto.
JOSÉ MARÍA BUENAVENTURA
Director de Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda, es nombrado por Cristóbal Montoro. Dice el juez Rus que «en el año 2014, se reúne con las gasistas, en la sede del Ministerio de Hacienda. En esta reunión solicitan la ayuda de las gasistas para la redacción del artículo que habría de incluirse en el proyecto de ley que se iba a tramitar en breve y que iba a beneficiarlas. Ha percibido retribuciones de EE y de empresas vinculadas a ésta».
SANTIAGO MENÉNDEZ
Hermano de Rogelio. Director General de la AEAT designado el 28 de junio de 2013, nombrado por Cristóbal Montoro, fue cesado en junio de 2018. En 2010 y 2011 «recibe dinero de EE. Ocupó la dirección de la AEAT en los dos períodos en los que la Afgim contrató a Equipo Económico», recoge el auto judicial.
