El encarcelamiento de las sindicalistas conocidas como las Seis de la Suiza ha provocado un terremoto político en la izquierda española. Lo que comenzó como una condena judicial por una protesta laboral en una pastelería de Gijón en 2017 se ha convertido en una causa de fondo sobre la libertad sindical, el derecho a la protesta y los límites del poder judicial.
La situación ha ido mucho más allá de los tribunales y ha terminado en un conflicto abierto entre los sectores más progresistas del Congreso y un PSOE que, hasta el momento, se mantiene firme en su negativa a promover su indulto.
El caso ha llevado a ERC, EH Bildu, Podemos y el BNG a registrar en el Congreso una proposición no de ley (PNL) con un solo punto: que el Gobierno indulte a las seis sindicalistas. Esta iniciativa es reflejo de la presión creciente sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez desde sus propios socios parlamentarios, en un momento en que el bloque de la investidura parece cada vez más tenso.
El PSOE, por su parte, ha optado por no moverse, una decisión que ha generado indignación incluso en sectores de su propia base social.
UN CASO QUE REMUEVE CONCIENCIAS
Las Seis de la Suiza fueron condenadas a tres años y medio de prisión y al pago de una cuantiosa indemnización al dueño de la pastelería La Suiza de Gijón, por su participación en un piquete durante una campaña de denuncia por acoso laboral y sexual a una trabajadora en 2017.
La sentencia fue emitida por el juez Lino Rubio, quien también impuso una multa al sindicato CNT, organización a la que pertenecían las acusadas en el momento de los hechos. La campaña sindical fue vista por las activistas como una defensa legítima de una trabajadora acosada, mientras que la justicia consideró que incurrieron en coacciones graves al empleador.
La polémica se reavivó cuando, después de agotar todos los recursos posibles, las seis sindicalistas decidieron entregarse voluntariamente a prisión el pasado 10 de julio, tras recibir una orden de ingreso que no especificaba fecha pero sí autorizaba su detención inmediata. Para muchas voces del ámbito sindical, legal y político, esta situación supuso una clara indefensión jurídica.
APOYOS PÚBLICOS
El sindicato CNT solicitó formalmente el indulto por motivos humanitarios, una medida que contó con el respaldo del Gobierno del Principado de Asturias y de una parte importante de la ciudadanía. Prueba de ello fue la multitudinaria manifestación celebrada en Gijón, donde miles de personas salieron a la calle para pedir la liberación de las condenadas y denunciar lo que consideran un atentado contra el derecho a la protesta sindical.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también expresó su apoyo claro a las sindicalistas. Se reunió con ellas poco antes de su ingreso en prisión y, en declaraciones públicas, afirmó sentirse escandalizada por la condena. Su postura contrasta con la del resto del Ejecutivo, especialmente del ala socialista, que ha evitado pronunciarse en profundidad sobre el caso.
TENSIÓN EN EL BLOQUE DE LA LEGISLATURA
La negativa del PSOE a respaldar el indulto ha generado malestar entre sus socios habituales, en particular entre ERC, Bildu y Podemos, que consideran que el Gobierno está fallando en su compromiso con los derechos sociales y sindicales.
La proposición no de ley presentada en el Congreso pretende precisamente forzar al Ejecutivo a retratarse políticamente y, eventualmente, reabrir el debate sobre el uso de los indultos en casos relacionados con la protesta social. Para estas formaciones, el castigo a las sindicalistas representa un ejemplo de represión judicial desproporcionada, y alertan del peligro de que se sienten precedentes que pongan en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales.
Argumentan que, si se permite que seis mujeres acaben en la cárcel por hacer piquetes en una protesta laboral, se abre la puerta a una regresión democrática. El PSOE, por su parte, parece atrapado en una difícil disyuntiva: por un lado, teme dar la imagen de injerencia en la justicia en un contexto político cada vez más polarizado; por otro, su negativa a actuar en un caso con una fuerte carga simbólica puede alejarlo aún más de las fuerzas que lo sostienen en el poder.
Con las seis sindicalistas ya en prisión, ahora ligeramente más aliviada tras obtener el tercer grado que les permitirá cumplir su condena en régimen abierto, sus opciones pasan ahora por dos vías: el indulto por parte del Gobierno o una eventual resolución favorable del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, ante el cual se ha planteado una demanda por vulneración de derechos fundamentales.
Pero estas vías son inciertas. Mientras tanto, las Seis de la Suiza cumplen condena, convertidas en símbolo de una lucha mucho más amplia que la de un conflicto laboral en una pastelería de Gijón.
