Cristóbal Montoro fue durante años uno de los políticos más poderosos de España. Como ministro de Hacienda con José María Aznar y posteriormente con Mariano Rajoy, se convirtió en el rostro más reconocible del poder fiscal del Estado.
Su estilo duro, su capacidad para utilizar los resortes de la Agencia Tributaria y su aparente impunidad al moverse entre lo público y lo privado le granjearon un amplio número de detractores, no solo entre sus rivales políticos, sino también en el mundo mediático y del espectáculo.
Ahora, la investigación judicial abierta contra Montoro por presunto tráfico de influencias, prevaricación y favorecimiento desde el Ministerio de Hacienda a empresas gasísticas y a su antiguo despacho, Equipo Económico, ha reactivado viejas cuentas pendientes.
Desde periodistas conservadores como Federico Jiménez Losantos hasta empresarios mediáticos como Julio Ariza, pasando por personajes del corazón y del entretenimiento, muchos han recibido la noticia con una mezcla de regocijo y reivindicación.
La caída del hombre que durante años fue sinónimo de miedo fiscal parece, para ellos, una suerte de justicia poética.
BAJO LA LUPA
Montoro construyó su carrera sobre el control férreo de los impuestos y los contribuyentes. Fue el artífice de algunas de las medidas más polémicas en materia fiscal, como la amnistía fiscal de 2012, duramente criticada incluso por el Tribunal Constitucional, o la instrumentalización de Hacienda contra rivales políticos y mediáticos.
Bajo su mando, Hacienda se convirtió en un arma de precisión quirúrgica con la que castigar a disidentes, incómodos o simplemente desafectos al poder. Entre 2012 y 2018, Montoro controló todos los resortes de la fiscalidad española desde el Ministerio. Durante ese tiempo, muchos periodistas, empresarios, artistas y personajes públicos denunciaron sentirse perseguidos por la Agencia Tributaria, en ocasiones por discrepancias mínimas o criterios interpretativos cuestionables.
Para muchos de ellos, no fue una simple revisión fiscal, sino una campaña sistemática de acoso. Hoy, buena parte de esos nombres celebra el inicio del declive de Montoro. La imputación de su entorno más cercano, la investigación a su antiguo despacho y la sospecha de que se sirvió de su posición pública para beneficiar intereses privados reabre un debate sobre el uso partidista del Estado.
Uno de los más visibles en su animadversión hacia Montoro ha sido Federico Jiménez Losantos. El locutor turolense nunca ocultó su desprecio por el exministro, al que renombró como ‘El Vampiro Montoro’.
Losantos, que en el pasado tuvo varios encontronazos con Hacienda, ve ahora la investigación como una reivindicación.
JULIO ARIZA
Julio Ariza, antiguo propietario del Grupo Intereconomía y hoy empresario de cabecera de Vox, también se sintió en su día víctima del aparato fiscal durante el mandato de Montoro. Las inspecciones a su grupo mediático coincidieron con un cambio editorial menos complaciente hacia el PP, lo que alimentó la sospecha de represalias políticas. Ariza, que sigue sin reconocer sus errores, culpa a Montoro de muchos de sus males.
Curiosamente, también en el mundo del corazón ha habido quienes celebran la caída de Montoro. Famosos como Belén Esteban, Paz Padilla o Jorge Javier Vázquez, tuvieron en algún momento conflictos con Hacienda durante los años más duros del ministerio.
Aunque muchos optaron por mantener el perfil bajo para evitar represalias, en redes sociales se han dejado ver reacciones cargadas de sarcasmo y satisfacción ante la noticia de la imputación del entorno del exministro.
EQUIPO ECONÓMICO
El foco judicial está centrado ahora en la etapa de Montoro como ministro de Hacienda entre 2011 y 2018, pero también en los años previos y posteriores, cuando fundó el despacho Montoro y Asociados, posteriormente renombrado Equipo Económico. El juzgado investiga si Montoro y su círculo más cercano favorecieron, desde cargos públicos, a empresas relacionadas con ese despacho, en particular a gasistas beneficiadas por reformas legislativas como la del IVA de 2014.
Entre los investigados figura Miguel Ferre, inspector de Hacienda y alto cargo en la administración tributaria que, según el juez, mantuvo una relación directa con las empresas vinculadas al despacho.
Ferre, como muchos de los nombres implicados, desarrolló su carrera dando saltos entre el sector público y privado, una práctica frecuente que ahora es vista bajo un prisma mucho más crítico.
