José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno español, intermedió para lograr la libertad de 252 venezolanos «presos políticos» ingresados en cárceles de El Salvador, deportados allí por Estados Unidos. El problema es que a cambio Venezuela liberó a 10 presos estadounidenses. Uno de esos 10 presos es Danud Hanid Ortiz, estadounidense de origen venezolano, asesino juzgado y condenado a 30 años de prisión por matar a 3 personas en España. Ahora está libre en Estados Unidos donde llegó el viernes tras ser extraditado por avión.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, publicaba hace unas horas un vídeo en el que agradecía por teléfono al presidente Rodríguez Zapatero su «valerosa» actuación como mediador en el reciente canje de prisioneros con EEUU. La llamada telefónica fue grabada y en el vídeo se escucha a Zapatero decir que «ha sido una gran decisión», además de mostrarse «muy feliz, muy satisfecho y muy agradecido». Luego Maduro le invita a que «pronto visite el país» para que pueda «como siempre apoyar a los procesos de diálogo». «Eso está hecho», le responde Zapatero entre risas y agrega que «ya me preparo».
En el otro lado el que recibía a los liberados era el secretario de Estado de Estados Unidos, Marcos Rubio, que decía que «gracias al liderazgo y compromiso del presidente, Donald Trump, con el pueblo estadounidense», el país «da la bienvenida a diez estadounidenses detenidos en Venezuela». «Todos los estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela ahora están libres y de regreso a nuestro país», celebró. ¿Injustamente?
El escándalo puede ser mayúsculo y generar un conflicto internacional entre Alemania, España, Venezuela, Estados Unidos y El Salvador. Todos se congratulaban del éxito de las negociaciones, alguno como Zapatero incluso se ríe.
Quienes no ríen desde luego son las familias de las cuatro víctimas destrozadas por los asesinatos en España de Danud Hanid Ortiz. Fueron cuatro porque la familia del abogado que pretendía asesinar sin conseguirlo también es otra víctima.
Las víctimas que asesinó a puñaladas en el madrileño barrio de Usera eran una abogada cubana, una secretaria también de origen cubano y un cliente ecuatoriano. Su objetivo, un abogado de origen peruano, sobrevivió y fue su principal acusador. Ahora esas familias están indignadas.
El portavoz de las familias, escandalizado ante la puesta en libertad de este asesino, ha dicho a MONCLOA.com que «hoy es un día triste para la democracia española y para la Justicia universal. El mensaje que da Europa es que aquí puede venir cualquiera a matar que luego a los dos años y medio queda libre. Esta acción va contra la ley y la constitución española». También están escandalizados los policías que averiguaron que era el autor de los asesinatos y contribuyeron a su detención.
LAS GRACIAS DE BUKELE
Nayib Bukele, presidente de El Salvador daba las gracias a Marcos Rubio y envió sus saludos «al presidente T» (en referencia a Trump), antes de explicar que ha «entregado a todos los ciudadanos venezolanos detenidos» en su país, reiterando que estaban acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua y de enfrentar «múltiples cargos de asesinato, robo, violación y otros delitos graves».
«Esta operación es el resultado de meses de negociaciones con un régimen tiránico que se había negado durante mucho tiempo a liberar a una de sus monedas de cambio más valiosas: sus rehenes. Sin embargo, gracias al incansable esfuerzo de numerosos funcionarios tanto de Estados Unidos como de El Salvador, y sobre todo, gracias a Dios Todopoderoso, se logró», ha asegurado.
Danud Hanid Ortiz resultó condenado a 30 años de cárcel en enero de 2024 tras un largo proceso de siete años y medio. Hanud era conocido como el asesino del Triple crimen de Usera porque mató a dos mujeres y un hombre por celos en un despacho de abogados del popular barrio de Madrid. Hanid Ortiz, de nacionalidad estadounidense tras prestar servicio en el ejército de aquel país, atravesó media Europa desde Alemania, donde residía con su pareja, para matar al abogado español que mantenía una relación sentimental con su ex pareja.
Tras una larga huida fue detenido en octubre de 2018 en Venezuela, pero el juicio contra Hanid Ortiz no celebró en suelo español a pesar de las peticiones de extradición del Gobierno de nuestro país al Tribunal Supremo de Venezuela, que decidió que no fuera extraditado y fuese juzgado en aquel país, algo del todo extraño para el ordenamiento jurídico internacional, ya que el asesinato se cometió en suelo español.
Tras sufrir varios retrasos por causas desconocidas finalmente fue juzgado y condenado en Venezuela por un tribunal en enero de 2024.
ASESINATO EN USERA
Hanid Ortiz, ex militar estadounidense, de 54 años, nacionalidad venezolana y residente en Alemania se trasladó hasta Madrid el 22 de junio de 2016 para asesinar al abogado peruano Víctor Joel Salas, tras descubrir que tenía una relación a distancia con su ex esposa, la médico alemana Irina Trippel. En su delirio salvaje acabó asesinado a Elisa Consuegra, abogada ycompañera de Salas, a Maritza Osorio, secretaria del despacho y a José Castillo, un cliente del bufete.
La acusación en Venezuela, ejercida por el fiscal Vladímir Ángel, hizo un espeluznante relato de los hechos: «El día 22 de junio de 2016 sobre las 14.30 de la tarde apareció el imputado Dahud en las instalaciones del despacho de abogados situado en la calle Marcelo Usera (…)» y sigue relatando que «al llegar al citado despacho se encontraban trabajando las colaboradoras llamadas Elisa Consuegra Gálvez, abogada de origen cubano y Maritza Osorio Riverón, empleada del despacho, también de origen cubano, preguntó por el titular del despacho y al no encontrarse pidió que se lo localizaran (…)».
Pero Dahud «se había quedado en el baño del despacho de abogados por varios minutos, al salir se dirigió hacia el puesto de trabajo de Elisa Consuegra y con un cuchillo de dimensiones grandes, con la hoja de dientes de sierra seccionó el cuello de Elisa, ocasionándole la muerte (…) le clavó un objeto punzante justo en el esternón atravesándole la médula. Inmediatamente después, con otro objeto contundente, presumiblemente una barra de hierro, propinó diversos y fuertes golpes en la cabeza a la ciudadana Maritza causándole la muerte».
Pero como el abogado no estaba en el despacho, «se quedó en el sitio junto a los cadáveres de Elisa y Maritza a esperar que llegara Víctor», según el escrito de acusación de la Fiscalía venezolana que sigue con el relato y explica que «pasadas las 17.00 horas de la tarde la persona que apareció en las instalaciones era un ciudadano de origen ecuatoriano de nombre Pepe Castillo Vega, el cual iba con el fin de retirar el permiso de residencia de su esposa, creyendo éste que era el tan esperado Víctor, el imputado sin mediar palabra alguna se abalanzó sobre él y con el mismo objeto con que le había quitado la vida a Maritza le propinó fuertes golpes en la cabeza produciéndole la muerte».
Víctor Salas se libró porque aquel día después de comer se quedó un poco traspuesto en el sofá de su casa y llegó tarde a trabajar. Eso le salvó la vida.
Luego, el presunto asesino prendió fuego a hojas de los diferentes expedientes que tenía el abogado en el despacho, lo que provocó que los cadáveres de Elisa y Maritza se quemaran parcialmente. Los vecinos dieron aviso a los bomberos, que acudieron rápidamente y sofocaron el incendio con espuma ignífuga, que acabaría borrando cualquier posibilidad de encontrar huellas dactilares. Cuando Salas llegó se encontró a los bomberos en la puerta intentando sofocar el fuego.
Pero la Policía española, el Grupo V de Homicidios, fue especialmente hábil y encontró el tapón de una botella de agua mineral que solo se vende en Alemania y que se convertiría en la prueba clave. La noche posterior al crimen, el venezolano huía de nuevo en su vehículo hacia Alemania, durmiendo tan solo 15 minutos en el camino. Los investigadores lo situaron al día siguiente en la localidad de Wüzburg, donde residía junto a su familia. Allí se refugió durante varios días hasta que las primeras pesquisas policiales lo empezaron a señalar y entonces huyó a Colombia. Desde allí volvió a escapar hasta Venezuela, su país de origen.
El juez que comenzó la instrucción en España, el titular del número 41 de Plaza de Castilla, pidió la extradición del sospechoso para interrogarlo y, si había lugar, decretar la apertura de juicio oral contra él. Pero el Tribunal Supremo venezolano denegó la extradición y decidió juzgarlo allí.
Dahud, según desveló la investigación, había amenazado a Víctor Joel por teléfono, y había hackeado el teléfono y el ordenador de su esposa Irina para perseguirla a ella y a su supuesto amante, luego huyó de Alemania a Venezuela, su tierra natal. El tribunal venezolano que lo juzgó no pidió ninguna información al Juzgado español que conocía sobre este asunto, aunque luego sí admitió al menos que testificaran los policías españoles que lo persiguieron por medio mundo.
Mientras Dahud huía, era interrogado por los policías el abogado Víctor Salas, que inmediatamente hizo recaer su sospecha por las amenazas de muerte recibidas de la «ex pareja de su actual novia Irina, la cual reside en Franckfurt (Alemania) (…) sabiendo que se llama Danud Hanid Ortiz» y describe las amenazas recibidas un mes antes: «yo he sido soldado en Estados Unidos, me han entrenado para matar y voy a ir a por ti para matarte, ya sé quien eres, deja en paz a Irina, que es mi mujer».
Tras su detención en Venezuela en 2018, la justicia de aquel país decidió que no entregaría a España a Dahud, seguramente presionados por la nacionalidad estadounidense del asesino, sino que sería juzgado allí por tres delitos de homicidio y uno de incendio, ya que tiene nacionalidad venezolana y estadounidense y los delitos son asimilables al Código Penal venezolano. Dahud nació en Caracas y aunque tiene nacionalidad estadounidense, nunca renunció a la venezolana. El ex militar, que luchó en la Guerra de Irak, fue expulsado del Ejército estadounidense tras demostrarse que había falsificado un documento para poder ascender a oficial.
El juicio oral arrancó el 28 de febrero de 2022 y la sentencia no se dictó hasta enero de 2024. lLa jueza incluso escuchó al acusado, que negó todos los hechos, y también al que supuestamente era su objetivo, el letrado y ex fiscal peruano Víctor Joel Salas, quien fue a declarar por sorpresa y confirmó lo denunciado a la Policía española y al juzgado madrileño.
Si el asesino hubiese sido juzgado en España podría haberse aplicado la Prisión Permanente Revisable (PPR). Ahora, gracias a la intermediación de Zapatero ya está libre en Estados Unidos.
PRENSA ALEMANA
Por otra parte la Prensa alemana ya se ha hecho eco de la noticia y explican que se ha establecido contacto con la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA). Las autoridades competentes están evaluando actualmente la inclusión de esta persona en el sistema de información policial, con el fin de garantizar que no pueda ingresar al espacio Schengen, y en particular, a Alemania.
También informan de que las autoridades alemanas han enviado comunicaciones a la Embajada de los Estados Unidos en Berlín y a la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales (HRSP) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, solicitando protección e información.
También se ha informado ya al Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, con la petición de que el caso sea transmitido por vía diplomática al FBI u otras autoridades estadounidenses competentes, a fin de que se investiguen oficialmente las circunstancias de su liberación.
Existe una sospecha fundamentada entre las autoridades alemanas de que alguien, todavía por determinar, en Venezuela proporcionó información falsa de forma intencionada, al no presentarlo como un asesino condenado, sino falsamente como un prisionero político o incluso espía estadounidense, con el objetivo de incluirlo en el intercambio de prisioneros.
¿Puede España, como país posiblemente corresponsable del caso original, solicitar que esta persona sea nuevamente incluida en el sistema de Interpol (Notificación Roja)?
Dado que no está cumpliendo la condena impuesta por un tribunal, cabe plantearse si puede ser considerado como prófugo de la justicia, lo cual permitiría su reinscripción internacional y restricciones de entrada.
Todo apunta a que las autoridades americanas y salvadoreñas desconocían que se estaba liberando al asesino de Usera, por lo que deberia haberse informado que no se liberaba a un preso político sino a un asesino juzgado y condenado. No queda sino revocar la libertad de un asesino que no de un preso politico.
