El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado la libertad provisional con las medidas cautelares de retirada de pasaporte y prohibición de salida del país para la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y para el exdirector general de Carreteras Javier Herrero.
En dos autos, el titular del Juzgado de Instrucción 2 ha adoptado estas medidas a instancia de la Fiscalía Anticorrupción después de tomarles declaración esta mañana como investigados en relación con la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en el marco de sus correspondientes departamentos.
El magistrado atribuye a los dos investigados los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
Dice el auto de Ismael Moreno que «de la investigación realizada, las evidencias digitales y la
documentación obrante en la causa se ha constatado que Dña. Isabel Pardo de VEra Posada habría participado en la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana favoreciendo, de manera recurrente, a petición de Koldo García Izaguirre a diferentes constructoras para la obtención presuntamente fraudulenta, de contratos de obra pública, en concreto a las mencionadas
El juez sostiene que «tampoco se considera que existan indicios en la causa que permitan entender que existe riesgo de fuga por parte de la investigada – elemento fundamental para justificar la determinación de la situación de prisión provisional- y que no permita la adopción de otras medidas menos gravosas que garanticen la presencia del investigado en el proceso. No concurre, por tanto, en el presente caso, el requisito de la “necesariedad” que exige la norma para decretar la prisión provisional, pudiendo garantizarse y minorizarse cualquier riesgo de fuga, mediante la fijación de otras medidas menos gravosas para alcanzar los mismos fines que se intentan conseguir con la prisión provisional, toda vez que deberán establecerse las medidas adecuadas para asegurar la efectiva comparecencia del investigado cuantas veces fuera llamado».
Pardo de Vera está acusada de «pertenencia a organización criminal, previsto y penado en el artículo 570 bis del Código Penal; delito de cohecho, de los artículos 419 y 424 CP y delito de
tráfico de influencias».
