El pasado martes 15 de julio, el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Una medida que, si bien es vista como una adaptación «necesaria» de la actual Ley de Dependencia, ha generado tanto optimismo por el reconocimiento de nuevos derechos y servicios, como una palpable preocupación en el sector por su viabilidad y posibles consecuencias negativas.
Una Ley que necesitaba adaptarse a los nuevos tiempos, de especial forma en el sentido demográfico del asunto y sobre todo en cuanto a la cuestión de género y la profesionalización del sector se refiere. Algo que para muchos actores no se ha resuelto, o simplemente se ha quedado a medias.
La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) ha sido una de las voces más destacadas en esta valoración ambivalente. Aunque aplauden la ambición del texto y la inclusión de importantes novedades, no ocultan su inquietud por la financiación de los servicios, el riesgo de desprofesionalización del sector y el impacto de género que podría acarrear la nueva normativa.
DERECHOS Y SERVICIOS EN EXPANSIÓN
Entre los puntos más elogiados por AESTE, se destaca el reconocimiento de los servicios sociales como servicios esenciales, un paso crucial para el sector. Asimismo, celebran la consideración de la teleasistencia como derecho subjetivo para las personas dependientes, complementaria a otros servicios, lo que podría mejorar significativamente la calidad de vida de muchos.
La inclusión de nuevos servicios, como la provisión de productos de apoyo para la autonomía personal, y el fomento de la investigación, la innovación y la experimentación social, también son vistos como avances positivos que modernizan el marco de atención a la dependencia.
SIN EQUIDAD DE GÉNERO Y POCA PROFESIONALIZACIÓN
Sin embargo, las dudas de AESTE se centran en la falta de concreción en la implementación de la norma y de algunos servicios clave, como la asistencia personal o los cuidados en viviendas. La asociación advierte que el anteproyecto «puede generar expectativas a los ciudadanos, a las que luego las distintas CCAA no puedan dar respuesta, al menos a corto y medio plazo». Subrayan la necesidad de que las autonomías estén «totalmente preparadas» para asumir los nuevos servicios con garantías de calidad y certificaciones.
Una de las mayores preocupaciones radica en el posible impacto en la profesionalización de los cuidados y la equidad de género. AESTE teme que las nuevas vías de atención puedan fomentar la desprofesionalización. Con más del 80% de los permisos y excedencias por cuidado recayendo en mujeres, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, una norma que priorice los cuidados no profesionales podría «agravar desigualdades ya estructurales».
Existe un «alto riesgo», según AESTE, de que las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar pierdan su carácter excepcional, tal como ya ocurre en algunas comunidades autónomas. La ampliación de esta prestación al «entorno relacional» de la persona, tal como contempla el anteproyecto, podría llevar a que las personas mayores no reciban la atención especializada que su dependencia requiere, y a su vez, ir en detrimento de los cuidados profesionalizados.
DIÁLOGO INCOMPLETO
AESTE lamenta que el proceso legislativo no haya incluido un «verdadero espacio de diálogo sectorial», a pesar de haberse cumplido los trámites formales. Apuntan a la falta de una «búsqueda real de consenso con los actores del sistema», lo que consideran esencial para garantizar la sostenibilidad y una cobertura efectiva para todas las personas en situación de dependencia.
Casi dos décadas después de la aprobación de la Ley 39/2006, la actualización era «necesaria» para responder a los nuevos retos sociales y demográficos. AESTE valora positivamente avances como la promoción de la autonomía personal y el impulso a prestaciones que permitan a las personas permanecer en su domicilio el mayor tiempo posible.
No obstante, la asociación insiste en que para que este enfoque sea «realmente efectivo y justo», debe garantizar una cobertura suficiente basada en cuidados profesionales de calidad y con la intensidad necesaria. Un modelo que, según AESTE, no puede traducirse en una sobrecarga de los cuidadores no profesionales ni en la estigmatización de otros recursos fundamentales, como los servicios residenciales, que seguirán siendo «imprescindibles».
En definitiva, el desarrollo de esta nueva ley deberá hacerse «desde la responsabilidad, la profesionalización y la sostenibilidad del sistema de cuidados para poder consolidar unos servicios y coberturas a la altura de los retos presentes y futuros». ¿Conseguirá la nueva Ley de Dependencia equilibrar la ambición de derechos con la sostenibilidad y la calidad de los cuidados? El sector espera respuestas.
