En eventos recientes, funcionarios de la Policía Nacional en conjunto con la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, han dado un duro golpe a la trata de personas. Resulta que en una operación sin precedentes, han logrado liberar 162 mujeres que eran explotadas sexualmente por una organización criminal, y de la cual, ya hay 37 personas detenidas en las provincias de Valencia, Málaga, Murcia, Castellón y Alicante, nueve de la cuales han ingresado en prisión provisional.
Esta organización criminal se dedicaba a captar a mujeres de origen sudamericano en situación de vulnerabilidad y las obligaban a ejercer la prostitución en inmuebles y locales que adquirían y convertían en prostíbulos. Este heroico rescate se dio tras las denuncias recibidas por la Policía Nacional y que fueron hechas por tres víctimas que señalaron a varios individuos en diferentes localidades del país.
LA POLICÍA NACIONAL DA UN GOLPE A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL
A partir de la información recibida por la Policía Nacional, este cuerpo de seguridad inició las múltiples pesquisas realizadas por los agentes permitieron determinar la existencia de una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres asentadas principalmente en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, logró expandirse a otras provincias como Barcelona, Málaga, Murcia y Tarragona.
Las 162 mujeres rescatadas se encontraban en una situación tan desesperante que este descubrimiento les ha devuelto la libertad. Resulta que esta organización criminal se dedicaba a captar mujeres migrantes tanto en España como en sus propios países mediante ofertas engañosas de trabajo. La mayoría de las víctimas se encontraban carentes de permiso de residencia y trabajo, a las que obligaban a ejercer la prostitución en diferentes puntos del país.
UNA RED CRIMINAL ESTRUCTURADA EN TRES NIVELES
El modus operandi de esta organización criminal constaba en comprar o alquilar inmuebles bajo sociedades mercantiles para dar una apariencia de legalidad camuflándolos como centros de masajes. Los sitios elegidos eran principalmente viviendas unifamiliares o locales comerciales, y contaba con miembros encargados de reacondicionarlos. Incluso, las mujeres ejercían en las mismas camas donde atendían a los clientes; además la ventilación era un tema que hacía que las condiciones para vivir era verdaderamente inhumanas.
Cada uno de los prostíbulos improvisados por este red criminal contaba con personal responsable de vigilar a las víctimas en el interior, cobrar a los clientes, ofrecer drogas y captar clientes mediante los anuncios de prostitución publicados en diferentes sitios webs. La investigación de la Policía Nacional permitió constatar que la red criminal estaba estructurada en varios niveles de poder. En la cúspide estaban los líderes de la organización -con vínculos familiares y sentimentales entre ellos-.
El segundo nivel estaba compuesto por personas de confianza encargadas de la supervisión de los locales y recaudación de fondos. El tercer nivel incluía a las encargadas que vigilaban a las víctimas, conductores y traficantes de drogas. El resultado de la operación de la Policía Nacional en conjunto con las demás autoridades, ha concluido con el registro de 39 inmuebles en las provincias de Valencia, Alicante, Castellón, Barcelona, Málaga, Murcia y Tarragona, incluyendo los domicilios de los once máximos responsables de la organización y donde han incautado la cantidad de 141.000 euros en efectivo y tres vehículos.
