José Luis Ábalos e Isabel Pardo de Vera han logrado esquivar un tema complejo y delicado, la reclamación de los reversionistas de la Operación Chamartín. Los titulares de los derechos de reversión intentan que los tribunales reconozcan sus derechos heredados sobre los terrenos expropiados por Renfe y acudieron a los tribunales para tratar de hacer valer sus derechos en el nuevo planteamiento del Desarrollo Urbanístico del Distrito Norte de la capital.
El caso se remonta a 1932 cuando la Segunda República expropió pequeñas fincas rústicas para construir la vías del tren de llegada a Madrid. Esa expropiación por 99 años, terminaría en 2031, estaría vigente siempre y cuando esos terrenos se dedicasen a su uso original, las vías del tren. Pero en 1992 la presidenta de Renfe, Merçé Sala, decidió iniciar un proyecto para el cubrimiento de esos terrenos y en 1994 se presentó el proyecto en sociedad. En 1999 se creó la Asociación No Abuso de reversionistas, herederos de los legítimos propietarios de esos terrenos y comenzaron su lucha legal contra el consorcio formado por Renfe, BBVA y la constructora San José, que se bautizó como Desarrollo Urbanístico Chamartín (DUCH) luego llamado DCN y ahora CREA Madrid Nuevo Norte.
La querella, que ha sido archivada, se presentaba por la Asociación de Reversionistas No Abuso y el Grupo Baraka, que compró parte de los derechos de reversión a algunos herederos contra Isabel Pardo de Vera como presidenta de ADIF, Ábalos como ministro de Transportes, Carlos Torres como presidente del BBVA e Isaías Táboas como presidente de Renfe. Los terrenos de la Operación Chamartín son unos 2,6 millones de metros cuadrados, que una vez edificados dejarán cuantiosas plusvalías a sus promotores. Una pequeña cantidad de esas plusvalías son las que reclaman los herederos de los terrenos forzosamente expropiados por la Segunda República Española.
Los hechos se remontan a 2018 y los querellantes presentaron sus reclamaciones en torno a «la indebida autorización por el Consejo de Administración de la entidad pública Administrador de Estructuras Ferroviarias (ADIF) de la celebración del Contrato de 28 de diciembre de 2018 suscrito con CREA Madrid Nuevo Norte SA – originariamente, Desarrollos Urbanísticos Chamartín SA- burlando frontalmente la normativa de aplicación, con incumplimiento de las previas y expresas indicaciones de la Abogacía General del Estado en relación con los límites de las eventuales modificaciones del contrato de concesión administrativa que luego se dirá para el desarrollo urbanístico de los terrenos que fueron en su día expropiados para la construcción de los recintos ferroviarios de Chamartín y Fuencarral”.
El juez que inadmitió la querella en el Supremo dice en su resolución que «por lo que respecta a la participación en los hechos objeto de la presente querella del aforado don José Luis Ábalos Meco, quien no se refiere tuviera intervención directa alguna en la negociación y formalización del contrato referido, no ha sido capaz este instructor de identificar, a lo largo de la extensa exposición de la querella, ninguno en concreto (…)».
Además del delito de prevaricación, los querellantes denunciaban delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación pública y cohecho.
Respecto a la participación en los hechos de Ábalos, argumentaban los querellantes que «la participación en los hechos del Sr. Ábalos, en este momento embrionario y previo al inicio de la investigación judicial, es resultado del juicio indiciario de inferencia basado en distintos hechos objetivos y suficientes que, conectados entre sí, permiten concluir que debió tener conocimiento y participación en los mismos. (…). Como máximo responsable del departamento administrativo en el que los hechos tienen lugar es el máximo responsable los mismos. La relevancia económica de las actuaciones indiciariamente fraudulentas que se relatarán hace improbable que pudiera llevarse a cabo de su conocimiento y aceptación».
De Isabel Pardo de Vera decían que «en su calidad de presidenta de la Entidad Pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y de la Entidad Pública empresarial ADIF-Alta Velocidad al tiempo de los hechos objeto de esta querella. Tras el nombramiento del Sr. Ábalos como titular del Ministerio de Fomento (…) éste conformó su equipo de personas de confianza, entre las que se encontraba la querellada Isabel Pardo de Vera, que fue designada Presidenta de la Entidad Pública Administrador de Infraestructuras (ADIF)».
La querella contra Carlos Torres es porque «en la fecha de los hechos era el máximo responsable de la entidad BBVA, que participa de forma mayoritaria en el capital social de CREA Madrid Nuevo Norte SA (en adelante, “CREA”), concretamente con más de un 75%. Constituyen indicios sólidos de su directa participación la necesaria existencia de hechos previos y antecedentes, conversaciones previas, acuerdos y pactos que finalmente condujeron a la firma del Contrato de 28 de diciembre de 2018. Atendiendo a la relevancia y entidad de la operación y a los mil millonarios beneficios obtenidos por el BBVA derivados directamente de la ilícita actuación de funcionarios y autoridades, debió la misma ser por él conocida y previamente autorizada».
Isaías Táboas Suárez resulta querellado en «su calidad de presidente de la Entidad Pública empresarial Renfe Operadora y presidente de la sociedad mercantil estatal Renfe Fabricación y Mantenimiento SME. Es también firmante y directo responsable del Contrato indiciariamente fraudulento».
Por el momento, con este auto de inadmisión el Supremo cierra la puerta no a la reclamación de los derechos de reversión sino a la responsabilidad de Ábalos y Pardo de Vera en la operación.
