La llegada de una multa inesperada siempre es un trago amargo, pero la perplejidad se convierte en una pesadilla burocrática cuando la sanción corresponde a un vehículo que vendiste hace años. Este fenómeno, conocido como la ‘multa zombie’, es más común de lo que parece y atrapa a miles de vendedores de buena fe en una espiral de notificaciones y recargos por infracciones que no han cometido. La clave del problema reside en un trámite aparentemente secundario que, de no realizarse, deja al antiguo propietario como responsable legal a ojos de la Dirección General de Tráfico, con todas las consecuencias que ello implica, convirtiendo un simple acuerdo de venta en un problema que puede durar años.
Este laberinto administrativo no es fruto de un error informático ni de una confusión de la Administración, sino de una laguna de responsabilidad que se abre justo después de entregar las llaves. El vendedor, confiado en que el comprador cumplirá con su parte del trato, se desentiende del vehículo, pero su nombre sigue figurando en el Registro de Vehículos. Es en ese limbo, donde la confianza choca frontalmente con la burocracia, donde nace el problema. La sanción viaja directamente al domicilio del titular registral, quien se ve obligado a demostrar una venta realizada en el pasado, un proceso que puede ser tan tedioso como frustrante y que pone de manifiesto una cruda realidad: en materia de Tráfico, la responsabilidad no se transfiere con un simple apretón de manos.
3LA BOLA DE NIEVE: MÁS ALLÁ DE UNA SIMPLE MULTA DE APARCAMIENTO
Lo que empieza como una simple y molesta multa de aparcamiento puede convertirse rápidamente en una bola de nieve de consecuencias económicas y administrativas mucho más graves. Si la primera sanción no se paga ni se recurre a tiempo, entrará en vía ejecutiva. Esto implica la aplicación de recargos que pueden llegar al 20% del importe original, además de los intereses de demora. La acumulación de varias de estas sanciones puede suponer un agujero considerable para cualquier economía doméstica, transformando un problema burocrático en una seria amenaza financiera. La cosa se puede poner aún más seria si las infracciones conllevan pérdida de puntos.
El problema escala a un nivel superior cuando la deuda acumulada llega a manos de la Agencia Tributaria. Si el titular sancionado persiste en no pagar, la Administración puede proceder al embargo de sus bienes para saldar la deuda, incluyendo la retención de parte de su nómina, pensión o saldo en cuentas bancarias. De repente, el antiguo vendedor se encuentra con sus finanzas bloqueadas por una multa de un coche que ni siquiera recuerda dónde está. Es el peor escenario posible, donde la dejadez del comprador y el desconocimiento del vendedor se combinan para crear una situación de auténtica pesadilla legal y económica de la que es complicado salir.
