Más de una década después del fin de ETA, el nuevo contexto político en el País Vasco y Navarra no ha supuesto ninguna modificación en los privilegios, pluses económicos y otras ventajas, que siguen percibiendo los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional destinados en estas comunidades.
Se trata de una serie de complementos salariales y beneficios adicionales instaurados hace décadas durante los años más duros del conflicto, que permanecen inalterados a pesar del cambio de escenario.
Ahora, los socios parlamentarios del PSOE aumentan la presión para que se ponga fin a estos incentivos. La cuestión fue planteada el pasado año en el Congreso por el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, quien se dirigió al Gobierno para preguntar si el Ministerio del Interior ha considerado revisar o eliminar estos pluses.
En una escueta respuesta oficial enviada en marzo de 2024, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska dejó claro que «la normativa sigue vigente», lo que confirma que los policías nacionales y guardias civiles siguen percibiendo los complementos por peligrosidad y territorialidad que fueron establecidos hace más de 40 años.
A pesar de la insistencia de Iñarritu, el Ministerio evitó proporcionar detalles actualizados sobre el coste económico de estos beneficios. En una contestación anterior, Interior sí había facilitado algunos datos: en 2020, los más de 5.000 agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional destinados en Euskadi y Navarra recibieron estos pluses, lo que supuso un desembolso público de 43,7 millones de euros ese año.
Estos complementos están regulados por una orden ministerial de octubre de 1984, firmada en plena ofensiva contra ETA por el entonces Gobierno socialista de Felipe González. Según este texto, el suplemento debía otorgarse a «todo el personal que preste servicios en zonas conflictivas, cualquiera que sea la misión que desempeñe».
Más de una década después del fin del conflicto armado, el Ministerio no ha modificado ni derogado esa normativa, y los incentivos siguen en vigor como si nada hubiera cambiado.
PRIVILEGIOS
Esta no se trata únicamente de una cuestión económica. Los agentes destinados en el País Vasco y Navarra también cuentan con privilegios adicionales que no están disponibles en otras comunidades.
En el caso de la Guardia Civil, por ejemplo, quienes permanezcan destinados en estas regiones durante al menos tres años tienen derecho a recibir, por una sola vez, la cruz de la Orden del Mérito del Cuerpo con distintivo blanco, un reconocimiento normalmente reservado para trayectorias destacadas.
Además, como explicó Interior en su respuesta parlamentaria, el Real Decreto 470/2019 contempla como criterio preferente para la adjudicación de nuevos destinos el haber estado al menos tres años ininterrumpidos en unidades situadas en Euskadi, Navarra o en el Grupo de Acción Rápida (GAR), el cuerpo de élite del instituto armado.
Este privilegio permite a estos agentes mejorar su posición en los concursos de traslados frente a compañeros destinados en otras zonas del Estado. En cuanto a la Policía Nacional, todavía sigue vigente una circular interna de 1981 que otorga a los jefes superiores de Bilbao y de Navarra la posibilidad de conceder permisos especiales de descanso adicionales a los 30 días de vacaciones ordinarias.
Estos permisos extra pueden llegar hasta los 30 días anuales, duplicando de facto el tiempo de descanso de los agentes en comparación con sus colegas de otras regiones. Por su parte, la normativa interna de la Guardia Civil establece que el personal destinado en Euskadi o Navarra, ya sea con carácter permanente o en comisión de servicio, disfruta de 11 días hábiles más de vacaciones, así como tres días adicionales por asuntos propios por cada año completo de servicio efectivo.
Estos beneficios, instaurados en un contexto radicalmente distinto al actual, están siendo objeto de cada vez más críticas por parte de los aliados del Gobierno, que exigen coherencia con el discurso de normalización institucional y territorial en el País Vasco. EH Bildu ha sido el grupo más insistente, pero otras formaciones como Podemos o el BNG han mostrado también su respaldo a una revisión a fondo de estos privilegios.
Desde el Gobierno, sin embargo, no hay señales de que se vaya a tocar este asunto a corto plazo. Interior evita abrir un debate que podría generar tensiones con los cuerpos policiales y en sectores conservadores. No obstante, el malestar entre los aliados parlamentarios del PSOE crece, y el mantenimiento de estos pluses amenaza con convertirse en un nuevo foco de conflicto interno.
