El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha condenado con rotundidad la decisión del Gobierno de declarar la histórica comisaría de Vía Laietana, en Barcelona, como «lugar de memoria democrática, en un gesto que no solo responde a intereses políticos ajenos a la realidad policial, sino que supone una nueva cesión a las exigencias del independentismo catalán», explican en un comunicado.
Desde el sindicato consideran que este anuncio es «un ataque directo a la dignidad y al trabajo de los policías nacionales que prestan servicio en Cataluña. Lejos de reconocer el valor y la labor que desarrollan los agentes, el Ejecutivo ha optado por convertir una sede operativa de la Policía Nacional en un espacio simbólico entregado al relato secesionista».
Para los policías, «esta decisión no responde a ningún criterio de justicia histórica ni a un deseo real de reconciliación democrática, sino únicamente a intereses políticos a corto plazo, a la necesidad de contentar a los socios independentistas que sostienen al Gobierno y a desviar la atención sobre los graves escándalos de corrupción que lo acorralan. El Ejecutivo ha demostrado una vez más que está dispuesto a sacrificar instituciones fundamentales como la Policía Nacional con tal de mantenerse en el sillón de La Moncloa».
Según Jupol «esta medida se enmarca dentro de una estrategia de desmantelamiento progresivo de la Policía Nacional en Cataluña, tal y como ya venimos denunciando desde este sindicato. La cesión de competencias en puertos y aeropuertos a los Mossos, la reducción de grupos de información y policía judicial, la congelación de nuevas plazas, y ahora esta humillante decisión sobre Vía Laietana, evidencian un plan deliberado para arrinconar a la Policía Nacional en esta comunidad autónoma».
El Gobierno, en lugar de defender a quienes garantizan el Estado de Derecho en Cataluña, «premia a quienes durante años han acosado, señalado y criminalizado a los agentes de Policía Nacional y a sus familias, especialmente desde el 1 de octubre de 2017», añaden.
Además, esta medida va en contra de las reiteradas peticiones de Jupol para declarar Cataluña como Zona de Especial Singularidad (ZES), una demanda respaldada «por el clima de hostilidad, odio y presión social que sufren los agentes. Mientras se niega una jubilación digna, la equiparación salarial o incentivos que permitan el arraigo profesional, el Gobierno sí actúa con celeridad para contentar a quienes quieren expulsar a la Policía Nacional de Cataluña», explican.
Por eso desde el sindicato exigen «la revocación inmediata de esta decisión y reclamamos al Ministerio del Interior que defienda, proteja y refuerce la presencia de la Policía Nacional en Cataluña. La comisaría de Vía Laietana no puede ser utilizada como herramienta política ni como moneda de cambio: es y debe seguir siendo un símbolo de legalidad, justicia y servicio público».
Por tanto, desde Jupol explican que «no se va a permitir que se borre la historia reciente de la Policía Nacional en Cataluña ni que se utilicen los símbolos policiales para satisfacer al separatismo. Defenderemos por todos los medios legales a nuestro alcance la dignidad, la presencia y los derechos de los agentes destinados en esta comunidad».
POLICÍAS NACIONALES CONTRA IONE BERRALA
Por otra parte, el sindicato Jupol presentaba este 23 de julio, ante el Juzgado de Primera Instancia de Madrid, un acto de conciliación previo a una querella penal por injurias graves con publicidad contra la diputada de Podemos, Ione Belarra, en respuesta a unas declaraciones y publicaciones que desde el sindicato se consideran «de extrema gravedad y con un claro ánimo de dañar la imagen y el honor de la Policía Nacional. Unas declaraciones intolerables, más aún, cuando estas provienen de una persona forma parte de una Institución del Estado, como es el Congreso de los Diputados», explican.
Los hechos que motivan esta acción judicial se centran en las manifestaciones públicas realizadas por Belarra el pasado 15 de julio en la localidad de Torre Pacheco, donde acusó a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de tener una infiltración de «ideología neofascista», y habló de «terrorismo nazi de extrema derecha».
A estas declaraciones se suma un mensaje publicado el 21 de julio en la red social X (antiguo Twitter), donde la diputada afirmaba que «la Policía Nacional hace redadas racistas en cada parada de metro, en cada calle de este país», acusando al cuerpo de practicar un «racismo institucional» y a diversas declaraciones realizadas en medios de comunicación.
Desde Jupol, consideran que estas afirmaciones suponen «un grave atentado contra el honor, la profesionalidad y la neutralidad política de los agentes, y buscan desacreditar públicamente a toda una institución que trabaja cada día con plena sujeción a la legalidad, sin ningún tipo de discriminación o motivación ideológica. Desde Jupol hemos presentado un acto de conciliación previo a acciones penales contra la diputada Ione Belarra por sus gravísimas acusaciones contra la Policía Nacional», explican.
«Decir que nuestros agentes cometen redadas racistas o que hay infiltración neofascista en los cuerpos de seguridad del Estado es intolerable, falso y profundamente irresponsable» ha afirmado la portavoz de este sindicato, Laura García.
García ha añadido que «los policías nacionales trabajan cada día con profesionalidad, imparcialidad y al margen de cualquier ideología. Insultarlos desde una posición institucional es una falta de respeto inadmisible, por lo que exigimos una rectificación pública, disculpas y la retirada inmediata de esas declaraciones. Si no las hay, acudiremos a los tribunales para defender el honor de todos nuestros compañeros. No vamos a permitir más ataques injustos contra quienes garantizan la seguridad de todos los ciudadanos».
El acto de conciliación presentado este miércoles reclama a la diputada Belarra una rectificación pública y masiva en medios de comunicación de ámbito estatal, disculpas públicas por las declaraciones y publicaciones que atentan contra el honor del cuerpo, la eliminación del tweet publicado el 21 de julio y su sustitución por un mensaje de disculpa, así como una indemnización de 30.000 euros por los daños y perjuicios causados.
De no producirse un acuerdo en el acto de conciliación, Jupol interpondrá una querella penal contra Belarra «por injurias graves dirigidas a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y realizadas con publicidad, agravantes que pueden tener consecuencias penales», afirman.
Desde Jupol recuerdan que «el respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es esencial en una democracia, y que ninguna institución ni cargo público puede ampararse en su posición para lanzar acusaciones falsas e injuriosas contra quienes velan cada día por la seguridad y la convivencia de todos los ciudadanos».
