La ‘multa en diferido’ se ha convertido en la nueva pesadilla para miles de conductores que circulan por las autovías españolas equipadas con peajes de tipo ‘free flow’ o sin barreras. Estos sistemas, diseñados para agilizar el tráfico y eliminar las detenciones, operan con una tecnología que puede pasar desapercibida para el usuario no habitual, generando una falsa sensación de gratuidad. El problema surge cuando, pasados los meses, llega una notificación a nuestro buzón que nos pilla completamente por sorpresa, una nueva modalidad de sanción que llega meses después, cuando el recuerdo del viaje se ha desvanecido por completo, transformando la comodidad inicial en una auténtica jaqueca financiera y administrativa.
Lo que muchos desconocen es que tras pasar bajo uno de estos arcos tecnológicos se activa una cuenta atrás. El conductor dispone de un plazo muy limitado, a menudo de apenas unos días, para realizar el pago de forma voluntaria a través de internet. Si este trámite se omite, ya sea por despiste, desconocimiento o por simple confianza en que no se debía nada, la concesionaria de la autopista pone en marcha un engranaje burocrático implacable. Así, el problema reside en el procedimiento, un sistema opaco para el conductor de a pie que convierte un pequeño olvido en una sanción con recargos desorbitados, iniciando un proceso que culmina con una multa que puede llegar a ser diez veces superior al importe original del peaje.
2EL SILENCIO ADMINISTRATIVO: CÓMO UNA DEUDA PEQUEÑA SE CONVIERTE EN UNA SANCIÓN GIGANTE
El corazón del problema de la ‘multa en diferido’ radica en el corto periodo de gracia que se concede para el pago voluntario y la enorme demora en la comunicación de la sanción. Por lo general, las concesionarias otorgan un plazo que puede variar entre las 72 horas y los siete días para que el conductor regularice su situación. Pasado ese tiempo, si el pago no se realiza, la deuda no prescribe, sino que muta. La empresa inicia los trámites para denunciar el impago ante la administración pública competente, pero este proceso no es inmediato. Por eso, si el pago no se realiza en este breve periodo de tiempo, la concesionaria inicia el proceso para convertir esa deuda en una propuesta de sanción, un procedimiento que puede demorarse durante meses, sumiendo al conductor en un falso estado de tranquilidad.
Es en este punto cuando un pequeño peaje de, por ejemplo, cinco euros, comienza su monstruosa transformación. Una vez que la concesionaria ha notificado el impago a la administración, esta inicia un expediente sancionador por una infracción de tráfico. La deuda inicial de unos pocos euros se transforma en una notificación oficial de sanción, a la que se suman recargos por demora, costes de gestión y la propia cuantía de la multa por no identificar al conductor, pudiendo multiplicar por diez o más el importe original. Esta desproporción es lo que genera mayor indignación entre los afectados, que se sienten víctimas de un sistema diseñado más para recaudar a través de la sanción que para facilitar el pago del servicio utilizado. La falta de una notificación temprana y clara es la clave de este efecto bola de nieve.
