La ‘multa en diferido’ se ha convertido en la nueva pesadilla para miles de conductores que circulan por las autovías españolas equipadas con peajes de tipo ‘free flow’ o sin barreras. Estos sistemas, diseñados para agilizar el tráfico y eliminar las detenciones, operan con una tecnología que puede pasar desapercibida para el usuario no habitual, generando una falsa sensación de gratuidad. El problema surge cuando, pasados los meses, llega una notificación a nuestro buzón que nos pilla completamente por sorpresa, una nueva modalidad de sanción que llega meses después, cuando el recuerdo del viaje se ha desvanecido por completo, transformando la comodidad inicial en una auténtica jaqueca financiera y administrativa.
Lo que muchos desconocen es que tras pasar bajo uno de estos arcos tecnológicos se activa una cuenta atrás. El conductor dispone de un plazo muy limitado, a menudo de apenas unos días, para realizar el pago de forma voluntaria a través de internet. Si este trámite se omite, ya sea por despiste, desconocimiento o por simple confianza en que no se debía nada, la concesionaria de la autopista pone en marcha un engranaje burocrático implacable. Así, el problema reside en el procedimiento, un sistema opaco para el conductor de a pie que convierte un pequeño olvido en una sanción con recargos desorbitados, iniciando un proceso que culmina con una multa que puede llegar a ser diez veces superior al importe original del peaje.
3¿QUIÉN TE MULTA REALMENTE? EL LABERINTO ENTRE CONCESIONARIA Y ADMINISTRACIÓN
Una de las mayores confusiones que genera este sistema es discernir quién impone la sanción final. Muchos conductores dirigen sus quejas y frustración hacia la empresa que gestiona la autopista, creyendo que es ella quien emite la multa. Sin embargo, es crucial entender que la empresa concesionaria no tiene potestad para sancionar, su papel se limita a gestionar el cobro y, en caso de impago, a comunicar la infracción a la administración competente, que es la única con capacidad para tramitar y ejecutar la sanción. Esta distinción es fundamental, ya que el interlocutor cambia a mitad del proceso, pasando de una entidad privada a un organismo público como la Dirección General de Tráfico o las diputaciones forales en el caso del País Vasco y Navarra.
Este traspaso de responsabilidades es lo que crea el laberinto burocrático y justifica las demoras. El expediente viaja desde los servidores de la autopista hasta las oficinas de la autoridad de tráfico correspondiente, un periplo burocrático que explica la tardanza en la notificación y que a menudo dificulta que el afectado pueda presentar alegaciones con la información fresca. Para cuando la carta certificada llega a casa, el conductor apenas recuerda los detalles de un viaje realizado hace casi un año, lo que complica enormemente su defensa. El sistema, por tanto, penaliza doblemente: primero por el olvido inicial y después por la dificultad de reconstruir los hechos para poder recurrir con garantías.
