El Gobierno estatal y los ejecutivos autonómicos incumplen desde hace veintidós años la ley que obliga a transferir los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud, a pesar de que mejoraría la atención sanitaria que reciben los internos y disminuiría considerablemente el excesivo número de conducciones y custodias que se realizan actualmente, lo cual a su vez reduciría mucho las fugas, los riesgos de seguridad y las miles de consultas y pruebas médicas canceladas por falta de agentes para trasladarles –más de 17.000 cancelaciones en los últimos ocho años–.
Los datos lo ofrecen en el último número de su revisa la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUG), una de las asociaciones profesionales de la Benemérita, que sufren todo lo relativo a la sanidad penitenciaria pues los guardias civiles son los encargados de trasladar a los presos a hospitales o servicios de salud cuando lo requieren.
EN 2024 SE TRIPLICARON LAS EVASIONES DE PRESOS EN CENTROS HOSPITALARIOS
Hay que recordar que 2024 «se triplicaron las evasiones de presos en centros hospitalarios y clínicas médicas, produciéndose situaciones que ponen en riesgo la seguridad de los guardias civiles, pero también del personal sanitario y de los ciudadanos. De hecho, ese tipo de fugas suponen nada menos que el 60% de todas las registradas durante el año pasado, y la mitad de los intentos de evasión se producen en los hospitales y clínicas, habiendo aumentado un 22%», según AUGC
El propio Defensor del Pueblo pone de manifiesto en sus informes la necesidad de que se materialice lo antes posible esta transferencia competencial, haciéndose eco de lo establecido por el comité del Consejo de Europa. Y en el mismo sentido se pronuncian otros organismos similares, como el Defensor del Pueblo Andaluz, que califica el actual modelo de sanidad penitenciaria como «caduco y llamado a desaparecer», añaden.
SIN VOLUNTAD DE CAMBIO
La Asociación Unificada de Guardias Civiles, a través de su Comisión de los Servicios de Protección y Seguridad, lleva años reclamando que se materialice la transferencia de la sanidad penitenciaria fijada en la Ley 16/2003, para lo cual ha mantenido reuniones con los grupos parlamentarios, así como con distintas instituciones y organizaciones, «pero en los últimos meses ha intensificado su actividad en ese sentido y ha dirigido requerimientos a las comunidades autónomas implicadas, cuyo resultado se detalla a continuación, y la verdad es que es bastante desalentador, porque queda patente la escasa o nula predisposición de los ejecutivos autonómicos para llegar a acuerdos que atajen este problema», explican.
Ponen algunos ejemplos para visibilizar el problema. El gobierno de Castilla y León rechaza iniciar las negociaciones para el traspaso de las funciones y servicios en materia de sanidad penitenciaria, «porque considera que actualmente ese traspaso no podría garantizar la calidad de la prestación sanitaria para los internos sin que se perjudique económicamente a la comunidad autónoma, debido a la falta de profesionales sanitarios y la infrafinanciación por parte del Estado», dicen.
Por eso AUGC ha pedido que concreten el número de profesionales y la financiación que serían necesarios, pero el ejecutivo castellanoleonés ha contestado que «resulta inviable precisar qué circunstancias o requisitos concretos deben darse para que acepte iniciar las negociaciones y trámites», dicen.
Otro ejemplo. El gobierno de la Región de Murcia reconoce que en julio de 2024 recibió la propuesta del ejecutivo estatal para iniciar la negociación, pero un año después pretexta que «se encuentra en fase de estudio dicha cuestión». Algo parecido ocurre con el ejecutivo de La Rioja, que «no contempla la posibilidad de presentar solicitud formal para el inicio de las negociaciones«, y no ha querido detallar a AUGC los motivos concretos, dicen desde la asociación.
Por su parte, el gobierno de Extremadura ha rechazado avanzar en el traspaso de estas competencias argumentando que «la situación de los servicios de medicina penitenciaria en los centros ubicados en nuestra comunidad autónoma es en la actualidad totalmente precaria» y que es el Ministerio quien debe solucionar esa situación, añade AUGC.
El gobierno de Islas Baleares responde que «antes de expresar su voluntad en el sentido que proceda, está valorando los distintos elementos y contenidos del traspaso de funciones y servicios en materia de sanidad penitenciaria». Mientras que el ejecutivo de Canarias se limita a decir que hasta el momento no ha realizado petición formal de inicio de las negociaciones, pero sin especificar si va a hacerlo o no en un futuro próximo.
El gobierno de Andalucía expone que no ha respondido a la propuesta del Ministerio porque «la contestación se encuentra pendiente de valoración de los distintos y complejos aspectos que comporta la tramitación de un proceso de traspaso de competencias». Y el ejecutivo de Cantabria se opone a la propuesta del gobierno estatal porque «las condiciones del personal y gastos sanitarios no se consideran suficientes para la efectiva prestación del servicio, esperamos que se realice un nuevo planteamiento».
En cuanto a la Comunidad Valenciana, la administración central señala que «ha contestado que se dará traslado de una respuesta a partir de septiembre», pero ante el requerimiento de AUGC el gobierno autonómico dice que «no existe documentación dirigida a esta Conselleria desde el actual gobierno de España sobre el tema planteado».
El ejecutivo de la Comunidad de Madrid contestó al Ministerio que estudiaría el ofrecimiento, y ha rehusado detallar a AUGC los requisitos necesarios para iniciar la negociación. Mientras que el gobierno de Aragón expresa se muestra favorable a negociar pero antepone «la necesidad de proceder por parte de la Administración General del Estado al pago de los saldos adeudados por los servicios realizados en materia de sanidad penitenciaria por el Servicio Aragonés de Salud».
El gobierno de Castilla-La Mancha considera que debe diferirse el traspaso en esta materia debido al «contexto actual de déficit de profesionales sanitarios». Por último, los ejecutivos de Galicia y Asturias ni siquiera han contestado a la solicitud que AUGC planteó hace casi medio año.
INACCIÓN DEL GOBIERNO
No puede culparse solo a los ejecutivos autonómicos, porque lo cierto es que los sucesivos gobiernos de España llevan dos décadas arrastrando los pies en esta cuestión. El Ejecutivo estatal «no puede limitarse a enviar una carta una vez al año a las comunidades autónomas proponiéndoles el inicio de las negociaciones, sin concretar las condiciones y sin llevar a cabo los esfuerzos reales necesarios para poder materializar el traspaso competencial al que obliga la ley», explican los guardias civiles.
Además, mientras no se materialice la transferencia, es obligación del gobierno mejorar considerablemente las condiciones laborales y económicas de los médicos de la sanidad penitenciaria, para que no queden sin cubrir el 90% de las plazas que se convocan, como ocurre ahora, añaden.
Y tampoco ponen mucho de su parte los partidos políticos, que parecen cambiar de opinión dependiendo de si están gobernando o en la oposición en cada momento. «Buena prueba de ello es que distintos grupos han ido presentando iniciativas parlamentarias en esta materia a lo largo de los años, pero todas ellas no han pasado de ser brindis al sol», denuncia AUGC.
En 2005 fue el Partido Popular el que registró una Proposición no de ley en el Congreso de los Diputados instando al Gobierno a que los servicios sanitarios de Instituciones Penitenciarias se transfirieran a las comunidades autónomas en el plazo fijado por la ley, por cierto aprobada por unanimidad. Tres años después, en 2008 fue Izquierda Unida quien presentó una iniciativa en el mismo sentido, igual que lo hizo Unidas Podemos en 2016, y Sumar en 2025 hace apenas unos meses. Además, el año pasado el Partido Popular instó en el Parlamento de Andalucía al ejecutivo de esa comunidad autónoma a avanzar en las negociaciones y a requerir al gobierno estatal los recursos económicos y humanos necesarios.
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SANIDAD PENITENCIARIA PRECARIA
Actualmente, unos 150 médicos tienen que atender aproximadamente a 56.000 internos en las prisiones españolas, por lo que el número de facultativos no llega ni al tercio de los que debería haber como mínimo, según datos de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP).
Esos profesionales, que dependen del Ministerio del Interior, sufren unas condiciones laborales «precarias y desiguales respecto a sus colegas dependientes de las comunidades autónomas y del Sistema Nacional de Salud», explica AUGC.
Pero además, el 80% de los médicos que trabajan en los centros penitenciarios tienen edad de jubilarse, y apenas se está cubriendo el 10% de las plazas que se ofertan por la falta de opositores interesados en ellas. Esta da lugar a una sobrecarga de trabajo para los escasos facultativos disponibles y que los enfermeros lleven mucho tiempo asumiendo funciones que no les corresponden.
La situación es tan acuciante que «muchas de las prisiones han tenido que recurrir temporalmente a contratar sanidad privada, gastando cientos de millones de euros que deberían dedicarse a mejorar los servicios sanitarios penitenciarios, porque esos contratos son parches que no solucionan el problema», concluyen.
