La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha contestado al juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que investiga la causa contra Begoña Gómez, su ayudante Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, que no tiene acceso al correo electrónico de la esposa del presidente del Gobierno porque no está dentro del dominio ucm.es.
En un escrito enviado a la UCM el pasado 14 de julio el juez pedía que «procedan al volcado de los correos que se alberguen en la cuenta hola@transformacionsocialcompetitiva.com y remita al juzgado el contenido de los mismos». Esa cuenta era la perteneciente a la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC), que Begoña Gómez impartió como profesora en la Complutense durante varios años. La petición llegaba después de que la Acusación Popular Unificada, representada en la asociación Hazte Oír, la reclamase el Juzgado.
Este martes el vicerrector de Tecnología y Sostenibilidad, Jorge Jesús Gómez Sanz y el director de los servicios informáticos de la UCM, Jaime Arias, respondían al juzgado a través del Letrado de la UCM que «la Universidad Complutense de Madrid sólo tiene acceso a los correos bajo el dominio ucm.es» y que, por tanto, «el dominio transformacionsocialcompetitiva.com y sus correos no son accesibles por el personal técnico de esta universidad».
LOS MAILS DE BEGOÑA GÓMEZ
Para aclarar la imposibilidad de llevar a cabo la petición especifican al juez que «los motivos que impiden corresponder al requerimiento, son de naturaleza técnica. Las cuentas de correo se alojan en servidores accesibles en el dominio al que citan. Así, las cuentas correspondientes a una institución que gestione el dominio X, se alojarán en servidores de correo con el dominio X o bien terceras empresas darán el mismo servicio desde el mismo dominio, y serán del tipo «nombre@X»».
Y añadían que «no obstante lo anterior, la Universidad Complutense desde hace más de diez años no dispone de servidores de correo independientes, siendo Google el proveedor del servicio de correo electrónico. Y el contrato con el proveedor sólo cubre dominios «ucm.es», que corresponden al dominio que sí gestiona la Universidad Complutense».
De esta manera, al juez Peinado solo le queda la opción de pedir esos mismo correos a algún responsable de la cátedra de TSC, representada en la propia Begoña Gómez, que a través de su representación legal podría presentar dichos correos para demostrar que no hay nada que ocultar o esperar a que sea el propio juez quien lo solicite a Gómez.
Hay que recordar que la esposa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, está investigada por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.
Ésta es solo una de las diligencias pendientes cuyos resultados se irán conociendo este verano. Ya que todavía queda por saber el resultado de la diligencia pedida a la UCO respecto al listado de llamadas realizadas desde el móvil de Álvarez desde la fecha de su nombramiento a las empresas relacionadas con la cátedra de Begoña Gómez.
«Conforme lo dispuesto por la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid, respecto del número de abonado (…) líbrese mandamiento a la operadora de dicho número para que remita relación de llamadas emitidas y recibidas desde el día 16/07/2018, fecha del nombramiento de Dña. María Cristina Álvarez Rodríguez, hasta el día de la fecha, encargándose de su gestión la UCO, de la Guardia Civil, quien informará a este Juzgado de las llamadas entrantes y/o salientes que estén vinculadas con la OMT, Indra Sistemas S.A., Google Spain S.L., Fundación Manpower, Arsys Internet, Telefónica S.A., Fundación La Caixa, Reale, o cualquier otra entidad mercantil que patrocinara los masters o cátedras en la que participó Dña. María Begoña Gómez Fernández, así como las llamadas enviadas o recibidas a teléfonos vinculados con la Universidad Complutense de Madrid y su personal y a los números vinculados con D. Juan Carlos Barrabés Cónsul y su grupo de empresas», recoge la Providencia dictada por Peinado este mismo viernes.
Peinado quiere tener el listado de llamadas desde el teléfono de Álvarez para ver a qué empresas se había sondeado desde Transformación Social Competitiva (TSC) para que colaborasen en la financiación de la cátedra de Gómez, al igual que los mails a esas posibles empresas pidiéndoles patrocinio.
