La declaración de la Renta se convierte cada año en un laberinto de casillas y normativas para millones de contribuyentes, pero existe un descuido, a menudo intencionado, que se ha posicionado como uno de los objetivos prioritarios de la Agencia Tributaria. Nos referimos a la omisión de los ingresos obtenidos por el alquiler de una vivienda. Lo que para muchos propietarios es una tentación de obtener un dinero extra libre de impuestos, para Hacienda representa una de las bolsas de fraude fiscal más perseguidas. La creencia de que ese dinero en efectivo o esa transferencia mensual pasa desapercibida es, a día de hoy, una fantasía peligrosa que puede tener consecuencias económicas devastadoras para el infractor.
La sofisticación de los sistemas de cruce de datos ha transformado por completo el panorama del control fiscal en España. La Agencia Tributaria ya no es una entidad que revisa papeles al azar, sino un gigante tecnológico que analiza volúmenes masivos de información de manera automatizada. Confiar en que un alquiler no declarado pasará inadvertido es, por tanto, un juego de azar con las probabilidades en contra, donde la Administración cuenta con todas las cartas marcadas gracias a la interconexión de registros públicos y privados. Este nuevo escenario obliga a los propietarios a reconsiderar seriamente los riesgos, pues el cerco sobre el alquiler sumergido es cada vez más estrecho y efectivo.
1EL GRAN HERMANO DE HACIENDA: CÓMO TE VIGILAN SIN QUE LO SEPAS
La era del «que no se entere Hacienda» ha pasado a la historia, especialmente en lo que respecta al mercado inmobiliario. La Agencia Tributaria ha tejido una red de información tan densa que resulta prácticamente imposible que un alquiler residencial a medio o largo plazo permanezca oculto indefinidamente. El sistema se nutre de múltiples fuentes que, al cruzarse, encienden todas las alarmas. Lejos de ser una inspección manual y aleatoria, **el Fisco utiliza potentes algoritmos que detectan incoherencias entre los datos declarados en la *Renta* y la información que recibe de otras administraciones**, convirtiendo la ocultación en una práctica de altísimo riesgo. La vigilancia es constante, silenciosa y, sobre todo, tremendamente eficaz para descubrir a quienes deciden no cumplir con sus obligaciones.
Esta capacidad de supervisión se fundamenta en la colaboración interadministrativa y en el acceso a datos que antes permanecían en compartimentos estancos. Por ejemplo, los registros de fianzas de las comunidades autónomas son una mina de oro para los inspectores. Cuando un inquilino deposita la fianza obligatoria, esa información viaja directamente a una base de datos a la que Hacienda tiene acceso. Si el propietario de esa vivienda no declara ingresos por alquiler, la discrepancia salta de forma automática y pone en marcha el mecanismo de comprobación tributaria. A esto se suman los datos del padrón municipal o incluso las denuncias de terceros, tejiendo una telaraña de la que es muy difícil escapar.
