La declaración de la Renta se convierte cada año en un laberinto de casillas y normativas para millones de contribuyentes, pero existe un descuido, a menudo intencionado, que se ha posicionado como uno de los objetivos prioritarios de la Agencia Tributaria. Nos referimos a la omisión de los ingresos obtenidos por el alquiler de una vivienda. Lo que para muchos propietarios es una tentación de obtener un dinero extra libre de impuestos, para Hacienda representa una de las bolsas de fraude fiscal más perseguidas. La creencia de que ese dinero en efectivo o esa transferencia mensual pasa desapercibida es, a día de hoy, una fantasía peligrosa que puede tener consecuencias económicas devastadoras para el infractor.
La sofisticación de los sistemas de cruce de datos ha transformado por completo el panorama del control fiscal en España. La Agencia Tributaria ya no es una entidad que revisa papeles al azar, sino un gigante tecnológico que analiza volúmenes masivos de información de manera automatizada. Confiar en que un alquiler no declarado pasará inadvertido es, por tanto, un juego de azar con las probabilidades en contra, donde la Administración cuenta con todas las cartas marcadas gracias a la interconexión de registros públicos y privados. Este nuevo escenario obliga a los propietarios a reconsiderar seriamente los riesgos, pues el cerco sobre el alquiler sumergido es cada vez más estrecho y efectivo.
2LA SANCIÓN DEL 150%: MÁS ALLÁ DE UNA SIMPLE MULTA
Cuando la Agencia Tributaria detecta ingresos no declarados por un alquiler, las consecuencias van mucho más allá de tener que pagar el impuesto que se eludió en su momento. La sanción por ocultar este tipo de rendimientos está catalogada, por lo general, como una infracción grave, y el castigo es ejemplar. La multa puede oscilar entre el 50% y el 100% de la cantidad que se dejó de ingresar, pero si se considera que ha existido ocultación y medios fraudulentos, la sanción puede alcanzar el temido 150% de la cuota defraudada, una cifra que puede desequilibrar por completo la economía de cualquier particular. Esto significa que, además de abonar el IRPF correspondiente a esos alquileres no declarados, el contribuyente se enfrenta a una multa que puede superar con creces el propio impuesto. El impacto en el bolsillo es, sencillamente, brutal y un claro aviso para navegantes.
A la cuantiosa sanción hay que añadir, además, los intereses de demora. Estos se calculan desde el día en que finalizó el plazo voluntario para presentar la declaración de la Renta hasta el momento en que se realiza el pago efectivo de la deuda. Cada día que pasa, la deuda crece. La suma de la cuota defraudada, la sanción y los intereses de demora conforma una bola de nieve financiera que puede resultar inasumible. Es fundamental entender que no se trata de una simple reprimenda, sino de un castigo económico diseñado para disuadir de manera contundente este tipo de fraude fiscal. Por ello, la decisión de no declarar un alquiler se convierte en una apuesta financiera con un riesgo desproporcionado frente al hipotético beneficio.
