El juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha incoado diligencias previas por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias a Leire Díez Castro, apodada la «fontanera» del PSOE. Las diligencias se abren después de una denuncia de la asociación Hazte Oír en los juzgados de Madrid contra ella y el abogado José Luis Sáenz de Tejada.
El juez Arturo Zamarriego cita para el 11 de noviembre a las 10 de la mañana a los denunciantes para que argumenten su querella y se ratifiquen en la misma. Y el mismo día a las 13.00 horas ha citado a Leire Díez para tomarla declaración «en calidad de investigada, previa instrucción de sus derechos, con traslado de copia de la denuncia, y no constando en la denuncia su domicilio ni datos personales que permitan la consulta del mismo telemáticamente a través del Punto Neutro Judicial, ofíciese a la Unidad adscrita de Policía Judicial a fin de que se sirva a averiguar la filiación completa de la misma a los efectos de su citación, apercibiéndose a la misma que de no comparecer ni alegar causa legal se podrá acordar su detención; y recábese telemáticamente Hoja Histórico Penal de la misma».
Asimismo el juez cita como testigos al Comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el Caso Koldo, a Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán, y al empresario Javier Pérez Dolset. El mismo día a las 12.00 horas para que declaren como testigos también cita a varios periodistas que publicaron informaciones referentes a los tejemanejes de la llamada «fontanera» del PSOE.
Es preciso recordar que hay varias querellas presentadas en Madrid y Badajoz tanto por Hazte Oír como por Manos Limpias, VOX y las asociaciones de guardias civiles. Todas éstas todavía están vivas y con recorrido judicial por definir.
En este caso, los representantes legales de Hazte Oír pusieron en los juzgados de guardia de Madrid otra querella el 27 de junio de 2025, que es la que ahora se instruye tras asumirla por reparto el número 9 del juez Arturo Zamarriego, antes juez togado militar, y ahora instructor de otras causas muy conocidas como la del «pequeño Nicolás», la retirada de la lona contra Pedro Sánchez frente al Congreso o el intento de imputar a varios periodistas por el caso Football Leaks.
En ese escrito de Hazte Oír se recogía que Leire Díez, «a la sazón militante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), recibió un encargo para neutralizar las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre delitos supuestamente cometidos por dirigentes socialistas. En base a ello, María Leire Díez Castro se reunió en el mes de febrero de 2025 con Alejandro Hamlyn, empresario acusado por un presunto delito de fraude de hidrocarburos. En dicha reunión, en la que estaban también presentes el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo, la denunciada ofreció a Alejandro Hamlyn un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía para evitar su condena a cambio de información sobre un supuesto caso de corrupción que implicaría al teniente coronel Antonio Balas, jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO)».
Los querellantes decían que «María Leire Díez Castro se reunió en el mes de marzo de 2025 con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el caso “Koldo”, para ofrecerle protección judicial y un puesto en la Dirección General de la Guardia Civil a cambio de información sensible para «desmontar la Guardia Civil” y “echar por tierra las causas
judiciales” que afectan al partido socialista. Y estos hechos que se acaban de exponer, que se reitera que son los descritos en la denuncia, resultan en principio subsumibles, al menos, y a
nivel indiciario, en el tipo delictivo descrito en el art. 430 del C. Penal, que sanciona la venta de influencias reales o presuntas que se afirman tener con los empleados públicos al objeto de hacer valer estas para obtener de la Administración una actividad ventajosa para el que compra esas influencias, y en el tipo delictivo descrito en el art. 424.1 del C. Penal, que sanciona la conducta consistente en ofrecer dádiva o retribución de cualquier otra clase por parte de un particular a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo».
Sobre el delito de estafa procesal que denuncian también desde Hazte Oír dice el juez que «no es ahora el momento de profundizar».
LA REUNIÓN DE LA FONTANERA DEL PSOE
Hay que recordar que los hechos por los que ahora está imputada Leire Díez tuvieron lugar en febrero de 2025. «Si se demuestra todo esto de Balas, lo demás viene rodado». Con esa firmeza se pronunció durante la reunión por videoconferencia del pasado mes de febrero Leire Díez, periodista ex militante del PSOE, y autora de la frase.
Escuchando en la misma reunión estaban los empresarios Alejandro Hamlyn y Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo. Cuanto más se conoce del asunto más claro quedaba el propósito del encuentro, intentar obtener información y un clima de opinión contrario a tres personas consideradas el azote del PSOE: el Fiscal Anticorrupción José Grinda, el ex capitán de la UCO Juan Vicente Bonilla y actual Gerente de Seguridad Corporativa del Servicio Madrileño de Salud, y el teniente coronel Antonio Balas, jefe de unidad dentro de la UCO Adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (UAFAC).
El audio, publicado por completo por MONCLOA, de esa reunión muestra un interés especial en nombres y cargos muy concretos, por parte de casi todos los presentes en ese encuentro del pasado mes de febrero. Los apellidos de tres personas que debían ser investigadas concitaron el aprobado general de todos, Grinda, Bonilla y Balas.
En el caso del teniente coronel Antonio Balas, jefe de la UAFAC, parece claro el motivo. Su unidad está al cargo de numerosas investigaciones que afectan a miembros, ex miembros, familiares y altos cargos designados por el Gobierno socialista actual. Los casos Koldo-Ábalos, Begoña Gómez, David Sánchez y Fiscal General del Estado han sido instruidos, por orden de los jueces de turno, por guardias civiles especializados de la UCO. Además, el teniente coronel, siendo todavía comandante en 2019, investigó el Caso Drake, donde el empresario Alejandro Hamlyn, uno de los principales interlocutores en la conversación, está acusado de evadir 154 millones de euros en impuestos.
El empresario vasco, presidente de la petrolera Hafesa y otras empresas relacionadas, se reunió con Leire Díez vía videoconferencia, ya que se encuentra en Dubái, dispuesto a revelar datos e información de estas tres personas, supuestamente incriminatoria, si antes le firmaban «un papelito». En lo del «papelito» parecía tener mucho interés porque lo repite varias veces a lo largo de los 54 minutos que dura la charla. Hamlyn tenía que presentarse a juicio en la Audiencia Nacional pero argumentó no poder salir de Dubái por una reclamación de 3.000 euros en el país árabe que se niega a pagar.
Hamlyn quería atar por escrito el compromiso de Ferraz y la Fiscalía de que obtendría algún beneficio por su cooperación con los reunidos en los temas que le pidieran.
En el minuto 13 de la conversación, después de que Hamlyn se hubiese despachado a gusto sobre otras personas que habrían influido negativamente en su investigación y posterior acusación, alguien no identificado le pedía información a «nivel político». Es ahí cuando le preguntan sobre Balas. En el minuto 14, Alejandro Hamlyn asegura con firmeza que «yo puedo contar muchas cosas de Antonio Balas», aunque a lo largo de la conversación no apuntará ni una sola. «Pero decidme que es lo que queréis de mi», añade.
«HAY QUE DESMONTAR A BALAS»
«No nos vamos a meter en los entramados. Tú (Hamlyn) has sido víctima de la camorra de la Guardia Civil. Hay que desmontar a Balas, que se ha convertido en verdugo y en carcelero de todos nosotros. Nos han convertido a todos en presos (…) y desmontando eso se desmontan muchas más cosas», espetaba Leire Díez. Esas palabras son las que ahora pueden imputarla.
«Es muy importante que vayamos a los actores que hacen esto posible, porque otra de las cosas que no pueden pasar son privaciones de libertad (…). Hay que cortarlo lo antes posible», argumentaba Leire Díez, que ante las dudas del empresario vasco le insistía «Alex, esto es fácil, verás, si se desmonta todo esto de Balas lo demás viene rodado».
Es cuando el empresario parecía apostar y responde que «si me muevo me voy a mover fuerte, tengo a gente infiltrada en la organización (UCO). Voy a intentar tener todo solucionado antes de 30 de abril».
Antonio Balas asumió la jefatura de esta unidad de la UCO, clave en la lucha contra la corrupción, en el año 2020, cuando ascendió a teniente coronel y después de que el general Almansa fuese destinado a la comandancia de la Guardia Civil en Algeciras.
Pero como Hamlyn no parecía tener claro lo que le estaban pidiendo, de nuevo la «fontanera» del PSOE le pone un ejemplo práctico: «A lo mejor tenemos que atacar el océano entero, pero si no lo hacemos por porciones nos acabará ahogando. (…) A partir de aquí coordina Jacobo (Teijelo) todo y no tiene sentido hacer todos todas las cosas».
Entonces habló el empresario Javier Pérez Dolset, encausado e investigado en el Caso ZED por fraude de subvenciones, insolvencia punible y por desviar de forma irregular fondos de su empresa, el grupo tecnológico Zed Worldwide para decir que «el hecho de sacar todo esto a la luz podría anular todo el proceso».
ENEMISTAD CON GRINDA
En el caso de Pérez Dolset la enemistad con el fiscal José Grinda es manifiesta. El fiscal Anticorrupción denunció ante su superior, el fiscal Alejandro Luzón, que había recibido un intento de soborno en el que le ofrecían una gran cantidad de dinero a cambio de no ejercer acusación en diferentes causas, una de ellas el caso ZED, en el que está investigado Javier Pérez Dolset. La denuncia hecha por Grinda se archivó por no poder acreditar el origen del intento de soborno. Otra de las causas importantes era el Caso Pujol.
Pérez Dolset, procesado por fraude, ya estuvo en la cárcel por haberse llevado presuntamente 100 millones de euros a cuentas bancarias en Panamá. El empresario puso sobre la mesa la posibilidad de un acuerdo «muy favorable» con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía para que su interlocutor en Dubái diera información para acabar con la carrera de Antonio Balas, al que acusaba de corrupción. El abogado Jacobo Teijelo enumeró las diferentes opciones para hacer caer la causa por nulidad de las actuaciones.
Hamlyn expresó entonces en voz alta su deseo de que «si la Fiscalía no va a por mi y entiende… es que a Rosana Lledó (la fiscal de su caso) le ha metido un gol Bonilla (Juan Vicente, capitán de la UCO en excedencia)» y se pregunta en voz alta «¿por qué no le han dado mi caso a la Fiscalía Anticorrupción? Hemos colaborado con Grinda, claro que sí, en otra trama».
Pero entonces interrumpía Leire Díez de nuevo para decir que «vamos a parar un momento. No necesito a todo el mundo ahora, necesito a Balas». Entonces Pérez Dolset acotó la investigación a «que hay varios sujetos que interesan, no solo Balas… Balas, Bonilla y Grinda».
Dolset aseguraba entonces que «de Grinda yo tengo toda la documentación, hay que hacer una actuación de cirujano para con pocos cortes desmontar todo el entramado que tiene ahí» a lo que Hamlyn replicó que «llevo cinco años haciendo de cirujano», que es el mismo tiempo, desde 2019, que comenzó la operación Drake que acabó con la imputación de Alejandro Hamlyn. No sería la primera vez que Grinda sufre una campaña de desprestigio ni que alguien asegura tener pruebas contra él de supuestas ilícitos penales que no existían.
El más desconocido de las tres personas es Juan Vicente Bonilla. En este caso el capitán Bonilla, antes en la UCO y ahora en excedencia, estaba en el punto de mira por su actividad mientras era guardia civil en activo. Ahora trabaja en el Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid, pero Bonilla fue el primer investigador del Caso Koldo, ex asesor del ex ministro Ábalos, que dio nombre a una extensa causa que todavía se investiga e incluso llegó al Tribunal Supremo. Bonilla trabajó en la UCO hasta en abril de 2023 y en octubre del mismo año fichó por la Comunidad de Madrid, lo que hizo sospechar al Gobierno central de que Bonilla había podido contar algo de sus investigaciones al gobierno de Díaz Ayuso.
Bonilla trabajó en Anticorrupción hasta abril de 2023 y en octubre fichó por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, antes del estallido del caso Koldo, lo que refuerzan las sospechas del Gobierno contra él.
Luego se supo que Leire Díez se había reunido también con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el Caso Koldo a quien la habría prometido ventajas por parte de la Fiscalía si colaboraba en «desmontar la Guardia Civil» y «echar por tierra las causas judiciales» que afectan al PSOE.
LA «FONTANERA DEL PSOE» EN BADAJOZ
No es la única intervención de Leire Díez en causas que afectan al PSOE. La periodista intentó mediante dos intermediarios interesarse en Badajoz por los pleitos de José Luis Sáenz de Tejada, un abogado y ex juez pacense, conocido por intentar maniobrar en el Caso David Sánchez para retrasar la causa e intentarlo luego a través de su hermana Patricia. Intentos que fueron todos abortados primero por la juez instructora y luego por la Audiencia Provincial de Badajoz.
Por ese motivo fue denunciado por el colectivo Manos Limpias, al igual que Sáenz de Tejada. Esa querella fue enviada a Madrid para su reparto por el decanato, y en la misma se recogía que «para ello diseñan una estrategia consistente en que el denunciado magistrado intenta personarse en el referido proceso como acción popular, y habida cuenta de que el mismo manifiesta que siente una gran animadversión por la citada jueza, recusarla», unos hechos de los que ya informó MONCLOA en varias ocasiones.
Además, el ex magistrado intentó presentar «como acusación popular a su hermana Patricia Sáenz de Tejada, circunstancia ésta que también es rechazada por carecer de la más mínima legitimidad», tal y como sentenció la Audiencia Provincial de Badajoz.
«Dentro de esta confabulación para reventar la causa la denunciada Leire Díez y el denunciado empresario Pérez Dolset envían a Badajoz dos militantes de PSOE para recopilar información que afectara a la jueza Biedma», continúa el escrito y añaden que «el denunciado Sáenz de Tejada como se constata en los referidos audios presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Estado contra la jueza con la connivencia de Leire Díez y Javier Pérez Dolset. Es de significar que tuvo su efecto puesto que la fiscal del caso contra David Sánchez Pérez-Castejón y otros, que en un principio informaba favorablemente no solamente en la admisión de la querella, sino también en las sucesivas diligencias a practicar, cambia radicalmente del criterio y pide el archivo de la causa».
