El error más común al cambiar los neumáticos de nuestro coche, una tarea aparentemente rutinaria y sin mayor trascendencia, puede desembocar en una de las peores pesadillas para cualquier conductor: la anulación completa de la cobertura del seguro en caso de siniestro. La clave de este grave problema reside en una decisión que muchos toman a la ligera, ya sea por estética, por una recomendación poco profesional o por un simple desconocimiento de la normativa vigente. Montar unas gomas con medidas diferentes a las homologadas específicamente para nuestro vehículo en su ficha técnica, un detalle que la mayoría de los conductores pasa por alto, puede convertir una simple decisión de mantenimiento en una pesadilla financiera y legal de consecuencias devastadoras e imprevisibles.
Esta situación pone de manifiesto una peligrosa desconexión entre las modificaciones que los usuarios realizan en sus vehículos y la comprensión de las implicaciones legales y técnicas que estas conllevan. Muchos conductores se aventuran a cambiar las dimensiones de sus ruedas, creyendo que una apariencia más deportiva o un supuesto mejor agarre justifica cualquier modificación, sin ser conscientes de que están alterando un componente de seguridad fundamental. El vehículo deja de ser, a ojos de la ley y de la aseguradora, el mismo para el que se expidió una póliza y se certificó su aptitud para circular, abriendo la puerta a un laberinto de problemas que va mucho más allá de una simple multa de tráfico.
4LA LETRA PEQUEÑA QUE TE ARRUINA: ASÍ SE ESCUDAN LAS ASEGURADORAS
Llegamos al núcleo del problema, el momento en que un accidente de tráfico se convierte en una ruina personal. Cuando firmamos una póliza de seguro, nos comprometemos a mantener el vehículo en las condiciones técnicas con las que fue asegurado. Si sufrimos un siniestro y el perito de la compañía de seguros descubre que llevamos montados unos neumáticos no homologados, la aseguradora tiene la base legal perfecta para desentenderse. En su argumentario, la compañía puede argumentar que el vehículo no cumplía con las condiciones técnicas estipuladas en la póliza, y por tanto, quedan eximidos de su obligación de cubrir tanto los daños propios como los que hayamos podido causar a terceros.
La situación puede alcanzar tintes dramáticos si en el accidente resultan heridas otras personas. Aunque en un primer momento el seguro obligatorio se haga cargo de las indemnizaciones a las víctimas para no dejarlas desprotegidas, la historia no acaba ahí. La ley otorga a las compañías el llamado «derecho de repetición». Esto significa que, una vez han pagado las indemnizaciones a los terceros perjudicados, tienen toda la potestad legal para reclamarnos judicialmente hasta el último céntimo de ese dinero. De esta forma, la aseguradora tiene el derecho de repetición contra su propio cliente, lo que significa que nos reclamará la totalidad de las indemnizaciones abonadas a los perjudicados, que pueden ascender a cifras de cientos de miles o incluso millones de euros.
