La DGT se enfrenta a un nuevo paradigma en la vigilancia del tráfico, uno donde el propio vehículo se convierte en el principal fiscal de su conductor. Desde julio de 2022, la Unión Europea exige que todos los coches de nueva homologación incorporen el Asistente de Velocidad Inteligente, conocido como ISA. Este sistema, concebido como un ángel guardián para prevenir accidentes, podría transformarse en el delator más eficaz que jamás haya tenido Tráfico. La controversia está servida y ya resuena en los despachos, un debate que enfrenta la seguridad vial con la privacidad del conductor y el derecho a no ser monitorizado constantemente. El debate es profundo y plantea un cambio radical en la forma en que entendemos la conducción y la sanción.
La tecnología avanza a un ritmo que a menudo supera al de la propia legislación, y este es un caso de manual. El coche moderno, ese espacio que hasta ahora considerábamos un reducto de intimidad, está equipado con una «caja negra» o EDR que registra cada movimiento. Aunque el sistema ISA puede desconectarse para que no intervenga activamente en la conducción, no deja de anotar cada vez que sobrepasamos el límite de velocidad. El murmullo de fondo es cada vez más nítido, la cuestión no es si la tecnología puede hacerlo, sino si legalmente se debe permitir que esos datos se usen para emitir multas de forma automática. Un futuro de sanciones sin un radar físico que nos fotografie parece, de repente, mucho más cercano.
2LA LETRA PEQUEÑA DEL CONTRATO: EL LABERINTO LEGAL DE LOS DATOS
La implantación de una medida tan disruptiva como la multa automática a través del ISA no es un camino de rosas, ni siquiera para la Administración. El principal escollo es de naturaleza jurídica y choca frontalmente con normativas tan robustas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo. Para que la DGT pudiera acceder y utilizar legalmente esos registros para sancionar, sería necesario un cambio legislativo profundo que especificara para qué fines se puede usar esa información. Actualmente, el quid de la cuestión reside en la propiedad y el uso de esa información, que por defecto pertenece al titular del vehículo. Se abre así una batalla legal que promete ser larga y compleja.
Los datos de la «caja negra» (EDR), donde se almacena la información del ISA, están pensados hoy por hoy para un uso muy concreto: el análisis de accidentes graves. Su función es esclarecer las circunstancias de un siniestro, no actuar como un sistema de vigilancia masiva y proactiva. Convertir esa herramienta de análisis forense en un radar panóptico es una ambición que la DGT no ha ocultado, pero que requiere de un soporte legal del que ahora carece. Sin una ley que lo autorice expresamente, cualquier multa emitida por este método sería fácilmente recurrible y anulada en los tribunales, la transición de un uso reactivo a uno proactivo para sancionar es un salto jurídico de gigante que necesita un consenso político y social todavía inexistente.
