La DGT se enfrenta a un nuevo paradigma en la vigilancia del tráfico, uno donde el propio vehículo se convierte en el principal fiscal de su conductor. Desde julio de 2022, la Unión Europea exige que todos los coches de nueva homologación incorporen el Asistente de Velocidad Inteligente, conocido como ISA. Este sistema, concebido como un ángel guardián para prevenir accidentes, podría transformarse en el delator más eficaz que jamás haya tenido Tráfico. La controversia está servida y ya resuena en los despachos, un debate que enfrenta la seguridad vial con la privacidad del conductor y el derecho a no ser monitorizado constantemente. El debate es profundo y plantea un cambio radical en la forma en que entendemos la conducción y la sanción.
La tecnología avanza a un ritmo que a menudo supera al de la propia legislación, y este es un caso de manual. El coche moderno, ese espacio que hasta ahora considerábamos un reducto de intimidad, está equipado con una «caja negra» o EDR que registra cada movimiento. Aunque el sistema ISA puede desconectarse para que no intervenga activamente en la conducción, no deja de anotar cada vez que sobrepasamos el límite de velocidad. El murmullo de fondo es cada vez más nítido, la cuestión no es si la tecnología puede hacerlo, sino si legalmente se debe permitir que esos datos se usen para emitir multas de forma automática. Un futuro de sanciones sin un radar físico que nos fotografie parece, de repente, mucho más cercano.
5CARRETERA Y MANTA AL FUTURO: ¿ES ESTE EL FIN DE LA CONDUCCIÓN COMO LA CONOCEMOS?
Es fundamental entender que el Asistente de Velocidad Inteligente no es una tecnología aislada, sino una pieza más dentro del gran puzle de la automoción del futuro, regulado en Europa por el paquete de medidas de seguridad «GSR2». Es una parada obligatoria en el camino hacia el coche completamente autónomo, un vehículo que no necesitará conductor y que, por tanto, deberá cumplir escrupulosamente con todas las normas de circulación. En este sentido, esta tecnología es solo la punta del iceberg de una transformación mucho más profunda en nuestra relación con el automóvil, una visión del futuro que la DGT parece compartir con otros reguladores europeos y que nos dirige hacia una movilidad hiperregulada y monitorizada.
El debate, por tanto, va más allá de la mera sanción por exceso de velocidad. Lo que está en juego es un modelo de convivencia entre la libertad individual y el control tecnológico en nombre de un bien común como es la seguridad vial. ¿Estamos dispuestos a ceder esa parcela de privacidad a cambio de reducir la siniestralidad? ¿Aceptaremos convertirnos en meros supervisores de un vehículo que toma las decisiones y, además, nos vigila y delata? La pregunta queda en el aire, resonando en el habitáculo de cada coche nuevo que sale del concesionario. Sin duda, la seguridad vial es el argumento incuestionable, pero la línea que separa la asistencia de la vigilancia permanente es cada vez más difusa, y la DGT tiene en su mano la decisión de cruzarla.
