El famoso impuesto al sol ha vuelto de una forma mucho más sigilosa y, probablemente, sin que te hayas percatado de ello en tu factura mensual. Muchos usuarios de autoconsumo, creyendo haber dejado atrás las polémicas tasas sobre la generación propia de energía, empiezan a descubrir con asombro que sus facturas no reflejan el ahorro prometido cuando decidieron apostar por la sostenibilidad y la eficiencia energética. Este desconcierto inicial da paso a una cruda realidad: aunque el marco legal ha cambiado, la picaresca de algunas empresas ha encontrado nuevas vías para seguir gravando, de facto, la producción eléctrica particular, poniendo en jaque la rentabilidad de miles de instalaciones fotovoltaicas en toda España.
Lo que estamos presenciando no es una resurrección del antiguo y denostado peaje de respaldo, sino más bien una reencarnación adaptada a los nuevos tiempos. Se trata de un mecanismo encubierto que se esconde en la letra pequeña de los contratos de suministro. Mediante una serie de cargos y peajes, disfrazados bajo eufemismos como ‘costes de gestión’ o ‘peajes por excedentes’, que merman la rentabilidad de las placas solares, las compañías eléctricas han logrado crear una especie de impuesto al sol 2.0. Una estrategia que afecta directamente a la energía que produces pero no consumes instantáneamente, ese excedente que viertes a la red con la esperanza de obtener una compensación justa que nunca llega en su totalidad.
1LA SOMBRA DEL ‘IMPUESTO AL SOL’ ES ALARGADA
El concepto original de impuesto al sol, formalmente conocido como peaje de respaldo, fue una de las medidas más controvertidas en la historia energética reciente de nuestro país. Se implementó bajo la premisa de que todos los usuarios del sistema eléctrico debían contribuir a su mantenimiento, incluidos aquellos que generaban su propia energía. Aunque el Gobierno de entonces lo justificaba, argumentando que los autoconsumidores debían contribuir al mantenimiento del sistema eléctrico general, una justificación que generó un rechazo social masivo y un freno considerable al desarrollo de las renovables a pequeña escala hasta su derogación definitiva en 2018, que fue celebrada como una victoria para los consumidores.
Sin embargo, el fin de aquella normativa no supuso el fin de los problemas. Las grandes comercializadoras, viendo cómo el autoconsumo mermaba su modelo de negocio tradicional, no tardaron en idear nuevas fórmulas para compensar esa pérdida de ingresos. Lo que hoy enfrentan los usuarios es una versión 2.0 de aquel gravamen, mucho más sutil pero igualmente lesiva para el bolsillo del pequeño productor, que ve cómo su inversión tarda más de lo previsto en amortizarse. Este nuevo impuesto al sol encubierto demuestra que, aunque la ley cambie, los intereses de los grandes oligopolios energéticos siempre encuentran la manera de prevalecer sobre los del ciudadano.
