El complicado fin de semana para los funcionarios de prisiones se inició el pasado viernes 1 de agosto, cuando un funcionario del módulo 14 (PAIEM, Enfermedades mentales) del Centro Penitenciario de Sevilla II fue brutalmente atacado por un interno con un amplio historial de violencia. El agresor abordó al funcionario por la espalda, rodeándole el cuello con ambas manos estrangulándolo, mientras lo amenazaba con matarlo. El funcionario, que logró zafarse gracias a su formación personal en defensa fuera del ámbito penitenciario, sufrió lesiones en cuello, espalda y garganta, y requirió atención hospitalaria.
El interno, sobre el que pesaban múltiples informes de peligrosidad, permanecía, a pesar de su peligrosidad, en un módulo de baja conflictividad atendido por un solo funcionario, «lo que evidencia una grave negligencia institucional», señalan desde el sindicato ACAIP-UGT.

Apenas 24 horas después, el sábado 2 de agosto, una funcionaria en prácticas del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla fue golpeada en la cara por un interno violento durante la subida controlada del módulo de agudos. La intervención inmediata de sus compañeros evitó consecuencias más graves, pero la trabajadora sufrió un fuerte impacto emocional y físico que obligó a su traslado a urgencias hospitalarias.
El agresor, reincidente, cuenta con más de 40 antecedentes por agresiones a personal penitenciario, y recientemente había atacado también a un trabajador del centro de Alicante. Esta situación «se produce en un contexto de alarmante déficit estructural, con cerca del 30% de vacantes sin cubrir en el área de vigilancia y más del 70% de plazas médicas desiertas en este centro», añaden desde ACAIP.
El domingo se produjo otra agresión en el Centro Penitenciario Madrid III (Valdemoro), lo que eleva a tres los ataques, al menos, a tres registrados en menos de 72 horas en distintos centros penitenciarios. En este caso, el ataque se produjo al intervenir el trabajador para separar una pelea entre internos
ACAIP-UGT PROTESTA POR LAS AGRESIONES A FUNCIONARIOS
Desde ACAIP-UGT «exigimos una respuesta inmediata y efectiva por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y del Ministerio del Interior. No se puede seguir gestionando la seguridad penitenciaria con parches, excusas y olvido institucional».
Las peticiones del sindicato a la dirección de Instituciones Penitenciarias son «el reconocimiento legal del personal penitenciario como agente de la autoridad, con la consiguiente protección jurídica. La revisión urgente del sistema de clasificación interior y ubicación de internos peligrosos. La implementación de un nuevo protocolo integral de prevención y actuación frente a agresiones. La formación en defensa personal como herramienta básica para la autoprotección del personal».
Asimismo, ACAIP cree necesario un «redimensionamiento de las plantillas para dar cobertura inmediata a las nuevas necesidades en áreas clave de vigilancia, tratamiento y asistencia sanitaria. La asunción de responsabilidades directivas en los centros donde se han ignorado los informes de peligrosidad de internos reincidentes».
Y señalan que las cifras no mienten: desde 2016, las agresiones a funcionarios penitenciarios se han incrementado un 53,49%, y seguimos sin protocolos adecuados ni apoyo real a los trabajadores víctimas.
«No podemos permitir que quienes garantizan la seguridad y trabajan por la reinserción social lo hagan poniendo en riesgo su vida cada día. Las agresiones ya no son hechos aislados: son el resultado de un sistema colapsado, sin personal, sin medios y sin dirección firme», concluyen en un comunicado.