El informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), un organismo dentro de la Unión Europea, publicado hace unos días por el GRECO avisa al ministro español del Interior, Fernando Marlaska, y constata que, pese a algunas medidas parciales como evaluaciones de riesgo o actuaciones de supervisión a través de la Unidad de Asuntos Internos, la Policía Nacional, dependiente del ministerio del Interior, sigue sin contar con una estrategia específica de integridad y lucha anticorrupción, una carencia importante en una institución que debe ser ejemplo de transparencia y ética pública.
Las conclusiones, entre otras, del Informe GRECO indica que «la Policía Nacional ha llevado a cabo evaluaciones del riesgo y actuaciones de supervisión, pero sigue faltando una estrategia anticorrupción específica. El Código de Conducta de 2013 sigue sin medidas de aplicación práctica, y la contratación y los nombramientos discrecionales siguen requiriendo una mayor transparencia, pero señala que sus regímenes disciplinarios siguen siendo inadecuados».
Y añade el GRECO que «España no cumple suficientemente las recomendaciones» y pide a las autoridades españolas que «presenten antes del 30 de junio de 2026 un informe sobre los progresos realizados en su aplicación».
El informe invita incluso al secretario general del Consejo de Europa a enviar una carta al ministro de Asuntos Exteriores de España para poner de manifiesto «el incumplimiento de las recomendaciones y la necesidad de adoptar medidas contundentes para lograr avances tangibles lo antes posible».
MARLASKA DEBE APLICAR MÁS ESFUERZOS
En definitiva, el GRECO del Consejo de Europa constata que las autoridades españolas deben intensificar sus esfuerzos para aplicar las reformas previstas encaminadas a reforzar los mecanismos anticorrupción en relación con los altos cargos ejecutivos del Gobierno central y las fuerzas de seguridad (Policía Nacional y Guardia Civil)”.
El documento recuerda que «recomendó a la Policía y a la Guardia Civil realizar una gestión estratégica de riesgos evaluación de áreas y actividades propensas a la corrupción para identificar problemas y amenazas, y los datos recopilados se utilizan para el diseño proactivo de un sistema de integridad y estrategia anticorrupción. Preferiblemente, una consulta conjunta entre ambas fuerzas (…)».
Se recuerda además que esta misma recomendación fue implementada parcialmente en el Segundo Informe de Cumplimiento. En cuanto a la Policía, el GRECO tomó nota de las actividades realizadas por la Unidad de Asuntos Internos para realizar evaluaciones de riesgos en áreas propensas a la corrupción; sin embargo, no se había desarrollado ninguna estrategia anticorrupción específica en materia de integridad y anticorrupción desarrollada respecto a la Guardia Civil, el GRECO señaló que las evaluaciones de riesgos realizados fueron más de naturaleza reactiva (…)».
El documento recoge los esfuerzos de las autoridades españolas, que «reiteran que la Policía realiza una continua prevención de riesgos evaluaciones de áreas propensas a la corrupción y llevar a cabo una vigilancia estratégica a través de la Unidad de Asuntos Internos. Esta Unidad detecta e investiga conductas irregulares, afrontándolas a través de la vía judicial o del marco disciplinario establecido por la Ley Orgánica Ley 4/2010. También garantiza una supervisión constante de la actividad policial en consonancia con la corrupción».
LOS POLICÍAS DE ESCALA BÁSICA SON CONSCIENTES
Sin embargo, los policías de a pie avisan a través del sindicato Jupol y subrayan «la crítica explícita que realiza el informe en relación con la opacidad y discrecionalidad en los procesos de contratación y nombramientos dentro del Cuerpo, una situación que favorece la arbitrariedad y mina la meritocracia. Una situación que según denuncia la organización sindical denota una excesiva politización en los altos cargos de la Policía Nacional, lo que provoca una falta de independencia y afecta a la lucha contra la corrupción».
Asimismo, el GRECO destaca que el régimen disciplinario actual resulta «claramente inadecuado, dejando la puerta abierta a decisiones unilaterales por parte de superiores jerárquicos, sin suficientes garantías de objetividad ni proporcionalidad. Del informe se extrae que el actual sistema de régimen disciplinario de la Policía Nacional, actúa como un órgano inquisitorial, de forma absolutamente arbitraria y discriminatoria», añaden.
CÓDIGO DE CONDUCTA DE 2013
Además, el documento señala que el Código de Conducta de 2013 permanece sin mecanismos de aplicación práctica, lo que impide que sus principios y normas tengan un efecto real sobre la cultura organizativa de la Policía. En este sentido, el GRECO reprocha la falta de medidas complementarias como orientaciones prácticas, formación sistemática o supervisión efectiva del cumplimiento del Código.
Lo cierto es que el informe deja en mal lugar la gestión de Marlaska en Interior, ya que el propio GRECO concluye que España no cumple suficientemente las recomendaciones emitidas desde 2019 y exige al Gobierno que presente, antes del 30 de junio de 2026, un nuevo informe detallando los progresos realizados.
En aplicación de su reglamento interno, el GRECO ha dado un paso más e invita al secretario general del Consejo de Europa a remitir una carta al ministro de Asuntos Exteriores de España, señalando el incumplimiento de las recomendaciones y la necesidad urgente de adoptar medidas contundentes para lograr avances tangibles cuanto antes.
Desde Jupol añaden que «llevamos años advirtiendo de estas deficiencias y exigiendo medidas urgentes para reforzar los controles internos, garantizar la independencia de los órganos de supervisión y blindar a la Policía Nacional frente a posibles conductas corruptas».
Y opinan que «este informe supone un nuevo toque de atención internacional que no puede seguir ignorándose. Exigimos al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía que actúen con urgencia, desarrollando una estrategia nacional de integridad policial, actualizando y haciendo operativos los códigos de conducta, y reformando en profundidad el sistema disciplinario para dotarlo de mayores garantías y transparencia».
