El airbag se ha consolidado en nuestras mentes como el ángel de la guarda silencioso que viaja con nosotros en cada trayecto, un elemento de seguridad pasiva que damos por sentado. Confiamos ciegamente en que, en el fatídico instante de una colisión, esta bolsa de aire se desplegará para salvarnos la vida o mitigar las lesiones. Sin embargo, este componente crucial, un dispositivo diseñado para proteger, puede convertirse en el origen de un problema legal y económico mayúsculo si no funciona correctamente o ha sido manipulado. La ignorancia, en este caso, puede salirnos muy cara.
Pocos conductores son conscientes de que el estado de este sistema de retención es un pilar fundamental en la relación contractual con su compañía de seguros. Un fallo, una desactivación no justificada o una reparación negligente pueden ser interpretados por la aseguradora como una alteración del riesgo asegurado. Esto significa que, en caso de siniestro, podríamos enfrentarnos a una desagradable sorpresa, descubriendo que la cobertura que creíamos tener se desvanece en el momento más necesario. Lo que parece un simple testigo luminoso en el salpicadero puede ser la antesala de un verdadero calvario burocrático y financiero.
1EL PROTECTOR SILENCIOSO QUE PUEDE COSTARTE UNA FORTUNA
El airbag es mucho más que un extra de equipamiento; es un sistema de seguridad esencial y obligatorio en los vehículos modernos. Su correcto funcionamiento es tan importante que un fallo permanente en el sistema es motivo de un resultado desfavorable en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Cuando contratamos una póliza de seguro, la compañía presupone que el vehículo cumple con todas las homologaciones y requisitos de seguridad con los que salió de fábrica, un acuerdo tácito que establece las bases del contrato entre ambas partes. El coche, con su airbag funcional, es el objeto asegurado en esas condiciones.
Alterar este equilibrio tiene consecuencias directas. Si el airbag no funciona, el riesgo de que los ocupantes sufran lesiones graves en un accidente se multiplica. Para una aseguradora, esto se traduce en un concepto clave: la «agravación del riesgo». El conductor tiene la obligación de mantener el vehículo en las condiciones de seguridad declaradas. No hacerlo puede ser considerado un incumplimiento contractual, una circunstancia que da a la compañía aseguradora argumentos sólidos para reevaluar sus obligaciones y limitar o incluso denegar la cobertura pactada.
