El airbag se ha consolidado en nuestras mentes como el ángel de la guarda silencioso que viaja con nosotros en cada trayecto, un elemento de seguridad pasiva que damos por sentado. Confiamos ciegamente en que, en el fatídico instante de una colisión, esta bolsa de aire se desplegará para salvarnos la vida o mitigar las lesiones. Sin embargo, este componente crucial, un dispositivo diseñado para proteger, puede convertirse en el origen de un problema legal y económico mayúsculo si no funciona correctamente o ha sido manipulado. La ignorancia, en este caso, puede salirnos muy cara.
Pocos conductores son conscientes de que el estado de este sistema de retención es un pilar fundamental en la relación contractual con su compañía de seguros. Un fallo, una desactivación no justificada o una reparación negligente pueden ser interpretados por la aseguradora como una alteración del riesgo asegurado. Esto significa que, en caso de siniestro, podríamos enfrentarnos a una desagradable sorpresa, descubriendo que la cobertura que creíamos tener se desvanece en el momento más necesario. Lo que parece un simple testigo luminoso en el salpicadero puede ser la antesala de un verdadero calvario burocrático y financiero.
4LA LETRA PEQUEÑA DEL SEGURO: LA CLÁUSULA QUE NADIE LEE
Para una compañía de seguros, la póliza es un contrato basado en un riesgo evaluado. Un coche con todos sus sistemas de seguridad activos, incluido el airbag, tiene un perfil de riesgo. Si ese perfil cambia porque el airbag ha sido anulado, la aseguradora considera que el objeto asegurado ha sido alterado sustancialmente sin su conocimiento, violando así uno de los principios básicos del contrato. Las pólizas suelen incluir cláusulas de exclusión de cobertura para casos de modificaciones no autorizadas o falta de mantenimiento de los sistemas de seguridad.
En la práctica, si sufrimos un accidente y el perito de la compañía detecta que el sistema del airbag estaba inoperativo o había sido manipulado, las consecuencias pueden ser dramáticas. La aseguradora puede aplicar la llamada «regla de equidad», reduciendo la indemnización en la misma proporción en que el riesgo ha aumentado. En el peor de los casos, puede argumentar «mala fe» por parte del asegurado si se demuestra que conocía el fallo, lo que podría llevar a la anulación completa del contrato y el rechazo total de la indemnización, dejándonos con todas las reparaciones y posibles responsabilidades civiles a nuestro cargo.
