Un juzgado de Madrid investiga ya al ex vicepresidente del Gobierno y fundador del partido político Podemos, Pablo Iglesias, y a periodistas y colaboradores del Diario Red por su presunta implicación en delitos de odio, revelación de secretos, acoso o stalking digital y asociación ilícita.
La denuncia fue interpuesta por el abogado Jesús Santorio que usa el perfil de @SrLiberal en redes sociales. Entre los querellados figuran, además de Pablo Iglesias y Diario Red, personas como Isidoro Román (administrador del canal de Telegram Red Birds), Julián Benito, Óscar Aguilar, Alejandro Soler, Daniel Medina, el canal de YouTube ShamelessP3csOfShit y la entidad Pandemia Digital.Net. Además, la querella recoge que hay otros «usuarios pendientes de filiación por el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil».
La querella los acusa a todo de formar parte de una presunta estructura organizada «para acosar a personas críticas contra ellos, revelando información sensible que podría vulnerar el artículo 197 del Código Penal (revelación de secretos), el 172 (acoso), el 510 (delito de odio) y el 515 (asociación ilícita)», explica el querellante en sus redes sociales.
PABLO IGLESIAS Y DIARIO RED
Una magistrada juez de Madrid acordó la incoación de diligencias previas el pasado 18 de julio de 2025, la juez valora que los hechos relatados presentan «indicios de infracción penal». El auto judicial detalla además que la denuncia se remonta a una publicación en Diario Red y otros canales, como el grupo de Telegram Red Birds, donde se habrían difundido datos privados del querellante y de terceros a través de múltiples enlaces web, redes sociales y agregadores de noticias.
El caso se originó con la publicación de un mensaje en la red X (antes Twitter) por parte de Isidro Román, quien habría revelado sin su consentimiento la identidad real del abogado Jesús Santorio, asociándola a su cuenta anónima @SrLiberal. «Este acto de doxeo, acompañado de un artículo difamatorio publicado en el medio Diario Red, de Pablo Iglesias, titulado «Jesús Santorio Lorenzo, el abogado fascista que se esconde tras la cuenta @SrLiberal» desencadenó una campaña coordinada de acoso y hostigamiento digital con el objetivo ilícito de vulnerar sus derechos fundamentales y la búsqueda de un resultado violento sobre su persona», recoge una nota de prensa emitida por el propio Santorio.
El doxing consiste en recopilar y publicar información personal de alguien o de un grupo, sin su consentimiento, con el objetivo de dañar su trayectoria pública y profesional.
La querella resume que «los querellados actuaron de manera coordinada como una asociación ilícita informal, impulsados por su animadversión ideológica y como resultado de un plan de destrucción reputacional preconcebido, para intimidar y amedrentar de manera violenta generando un hostigamiento persistente en el tiempo sobre su persona, su entorno profesional y familiar, divulgando todo tipo de datos personales del querellante (nombre, imágenes, identidad de familiares, teléfonos, direcciones y datos personales). Así como toda una avalancha de comentarios difamatorios con su nombre completo, imágenes y amenazas violentas por parte de terceros, causando un grave perjuicio a su nombre, reputación y prestigio como abogado, así como poniendo en riesgo su propia seguridad personal y la de su familia».
En el mismo comunicado, el abogado querellante explica que incluso «la campaña trascendió las redes sociales llegando a medios como TVE y Canal Red, donde se le vinculó falsamente con personalidades, organizaciones y grupos extremistas con los que no tiene ningún tipo de conexión, amplificando el daño personal, profesional y reputacional».
Jesús Santorio estudia también la interposición de demandas por intromisión ilegítima en su derecho al honor y a la propia imagen, contra «otras personalidades de la política, los medios de comunicación y redes sociales, que participaron en los hechos mencionados amplificando la difusión del contenido difamatorio», concluye la nota de prensa.
En el razonamiento jurídico expuesto en el auto, la juez recoge que la denuncia incluye pruebas como capturas de publicaciones y referencias a un informe de la Guardia Civil fechado el 10 de abril de 2025, que ya alertaba sobre actividades similares en redes. Se menciona específicamente cómo estos actos se difundieron masivamente, afectando la privacidad y generando difamaciones. Una de las magistradas instructoras donde cayó por reparto la primera denuncia ha optado por inhibirse en favor de otro juzgado que ya estaba tramitando hechos similares, lo que resulta en la acumulación de las causas.
Asimismo, la juez ha extendido una invitación a todas las personas afectadas para que se personen en la causa como perjudicados, abriendo así la posibilidad para que más víctimas del presunto esquema de acoso digital presenten sus testimonios ante la justicia.
La apertura de estas diligencias no implica una imputación formal, sino el inicio de una fase investigadora en la que la jueza instructora decidirá si finalmente existe una base suficiente para proceder a la apertura de un juicio oral.
