Estos días se cumple el primer aniversario de la entrada y salida express del expresidente de la Generalitat y prófugo de la Justicia española Carles Puigdemont. Un hecho que sirvió para humillar a los Mossos d’Esquadra y puso de manifiesto las supuestas implicaciones del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska, criticado por parte de los cuerpos policiales por este hecho y en especial por JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional.
Y es que para el entorno de de la Guardia Civil y de la Policía Nacional aquel suceso tuvo una permisividad de «carácter político» con el fin de asegurar los votos de Junts en el Congreso de los Diputados a favor de los intereses del PSOE y la presidencia de Pedro Sánchez «a pesar de la imagen que se transmitiera del país y de las fuerzas policiales».
Los peores parados fueron los miembros y dirigentes de la Policía Autonómica catalana, que a pesar de su profesionalidad y sus buenas actuaciones, sigue estando siempre en el disparadero por el uso político que parte del independentismo catalán hace de ella. «Muchas veces en contra de su voluntad y con riesgo para sus carreras profesionales», aseguran estas mismas fuentes profesionales.
JUPOL SEÑALA A MARLASKA Y LA FALTA DE UN PLAN B PARA DETENER AL POLÍTICO CATALÁN
Un año después de la visita de Carles Puigdemont a Cataluña, el sindicato policial JUPOL ha «denunciado la negligencia del Ministerio del Interior por haber delegado única y exclusivamente en los Mossos d’Esquadra la supuesta detención», sin haber coordinado acciones con la Policía Nacional o la Guardia Civil.
Según JUPOL, el Gobierno «volvió a tropezar con la misma piedra», comparando la situación con el referéndum del 1 de octubre de 2017, cuando la «inacción de los Mossos obligó a la Policía Nacional y la Guardia Civil a intervenir. El sindicato afirma que el Ministerio «confió de nuevo en un cuerpo policial bajo el control de quienes han demostrado, en múltiples ocasiones, no tener voluntad alguna de hacer cumplir la ley». El resultado, señalan, fue una «burda farsa que permitió al fugado Carles Puigdemont salir impune.
JUPOL considera que los hechos «no fueron fruto de la improvisación, sino del abandono deliberado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña». El sindicato ha destacado que la Policía Nacional fue «excluida de cualquier planificación operativa, en una decisión política incomprensible y negligente». Además, critican que Cataluña no sea reconocida como «Zona de Especial Singularidad», a pesar del «desgaste, la presión y el riesgo al que están expuestos diariamente» los agentes.
Para finalizar, JUPOL ha exigido «responsabilidades políticas» por lo que consideran una «nueva humillación a los Cuerpos de Seguridad del Estado» y ha reclamado una reforma del sistema de coordinación entre fuerzas policiales. El sindicato concluye que «la defensa del orden constitucional no puede dejarse en manos de quienes ya han demostrado que no están dispuestos a defenderlo».
PUIGDEMONT CONFIESA SU MIEDO ANTE UNA POSIBLE DETENCIÓN
Por su parte, el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reavivado el debate sobre su regreso a España hace un año, afirmando que si en ese momento hubiera sido detenido, «hoy aún estaría en la prisión y, probablemente, a punto de ser juzgado y condenado».
Las declaraciones fueron publicadas en la red social ‘X’, donde Puigdemont conmemoró el primer aniversario de su comparecencia pública en Barcelona, después de casi siete años residiendo en Bélgica tras el referéndum del 1-O.
El líder independentista explicó que su intención era asistir al debate de investidura del actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como diputado. Sin embargo, debido a la orden de detención que pesaba sobre él, cualquier intento de entrar al Parlament habría significado «una entrega voluntaria», una opción que, según su círculo más cercano, nunca contempló.
ACUSACIONES CONTRA EL ESTADO ESPAÑOL
Puigdemont defendió su regreso alegando una «razón democrática fundamental», ya que como diputado electo tenía el derecho y el deber de participar en la sesión. También argumentó que la Ley de Amnistía ya estaba en vigor y que el Tribunal Supremo «no tiene base legal para ignorarla».
El ex presidente catalán fue más allá, acusando al Estado español de una «anomalía democrática grave» y de promover planes «represivos». En sus palabras, su acción buscaba romper esos planes.
El líder de Junts no escatimó en críticas, apuntando a la supuesta pasividad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la estrategia de «normalidad» promovida por Illa. «Si ellos me quieren encerrado e inhabilitado, mi deber es intentar hacer exactamente lo contrario», afirmó.
Puigdemont concluyó su mensaje reivindicando su regreso como un logro posible gracias al «compromiso y la audacia» de muchas personas y a los ciudadanos que se movilizaron ese día. Finalmente, apeló a la resistencia: «No siempre es cómodo ni agradable, pero es una actitud fundamental que no deberíamos abandonar nunca».
